Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Mediante consulta de actas de constitución ante la Secretaría de Economía, se pudo confirmar que DEMEC DEMOLICIONES, empresa a cargo de la demolición del edificio de San Antonio Abad, pertenece a dos hermanas.
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
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El Gobierno CDMX apunta a la empresa. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com.
Por Esteban David Rodríguez y José Guaderrama
EMEEQUIS. La investigación por la muerte de tres trabajadores en el edificio de Calzada San Antonio Abad 150 ha escalado al terreno de las responsabilidades corporativas. Mientras el Gobierno de la Ciudad de México señala directamente a la empresa DEMEC como la responsable operativa del colapso, una revisión de registros oficiales ha permitido poner rostro a quienes encabezan esta sociedad mercantil de reciente creación.
Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las autoridades capitalinas fueron enfáticas al deslindar la operatividad del gobierno central y enfocar la responsabilidad en el sector privado.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda, señaló que el cumplimiento de las normas de seguridad y la correcta ejecución técnica recaían enteramente en la empresa contratada para la demolición.
“Es responsabilidad de la empresa cumplir en todo momento con esas normas en materia de construcciones… quienes deben avalar el proceso de demolición declarado en su solicitud”, sentenció Muñoz, refiriéndose a DEMEC.
A la par del señalamiento contra la empresa, el funcionario recordó que la facultad de verificación y, en su caso, la clausura por incumplir el reglamento de construcciones, es atribución directa de la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega.
A pesar de los señalamientos iniciales, el nombre de los responsables detrás de la razón social se mantenía en reserva. Sin embargo, mediante la consulta de actas de constitución ante la Secretaría de Economía (Registro Público de Comercio), se pudo confirmar que DEMEC DEMOLICIONES, S.A. DE C.V. es una empresa controlada por dos mujeres.
De acuerdo con el instrumento público No. 36960, fechado el 8 de diciembre de 2021, la sociedad está integrada por:
¿Qué pasará ahora? De acuerdo con el abogado Gabriel Regino, en entrevista con EMEEQUIS: “Todas las demoliciones en la Ciudad de México están reguladas por leyes y reglamentos de construcción. Deben contar con permisos y supervisión de la autoridad”.
Agregó que, si los peritos concluyen que el derrumbe fue consecuencia de omisiones o errores previsibles en la demolición, podría configurarse el delito de homicidio culposo.
“La empresa y su apoderado legal podrían enfrentar un proceso penal si se demuestra que no tomaron las previsiones necesarias para una demolición de alto riesgo”, señaló Regino.
@emeequis
La empresa fue constituida con un capital mínimo de 50 mil pesos y un objeto social que le permite realizar desde demoliciones de alto riesgo hasta estudios de mecánica de suelos y diseño estructural. Llama la atención que, a menos de cinco años de su creación, la compañía ya operaba en obras de gran escala como la del edificio colapsado en la colonia Tránsito.
Verónica Parra también es propietaria de la empresa Construcción, Diseño y Supervisión S.A. de C.V., la cual también ha participado en licitaciones con el Gobierno de la Ciudad de México.
La revelación de la estructura interna de la empresa ocurre mientras la Fiscalía General de Justicia de la CDMX integra la carpeta de investigación. Según el abogado Gabriel Regino, si los dictámenes periciales confirman que el derrumbe fue provocado por errores previsibles u omisiones en las medidas de seguridad, las dueñas y apoderadas legales podrían enfrentar cargos penales.
“La empresa y su apoderado legal podrían enfrentar un proceso penal si se demuestra que no tomaron las previsiones necesarias”, señaló Regino a EMEEQUIS. El enfoque de la justicia se centrará en si Verónica Parra Rivera, como administradora única, garantizó la presencia de un Director Responsable de Obra (DRO) competente durante la ejecución.
@emeequis
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
