Gobierno CDMX apunta a empresa demoledora en San Antonio Abad

“Es responsabilidad de la empresa cumplir en todo momento con esas normas en materia de construcciones”, dice Inti Muñoz, secretario de Vivienda CDMX. “Es facultad de las alcaldías la verificación e imposición de medidas de prevención”, agrega, sobre el derrumbe de San Antonio Abad.

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10 DE MARZO DE 2026
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“La demolición del edificio era responsabilidad de la empresa contratada por el solicitante privado”. Foto: Gobierno CDMX.

EMEEQUIS.– ¿Quién es el responsable de la muerte de tres empleados en la demolición del edificio de San Antonio Abad 150? De acuerdo con las declaraciones de funcionarios de CDMX, todo apunta a la empresa que realizó la demolición, DEMEC, aunque también se mencionó que la alcaldía Cuauhtémoc tenía facultades para revisar y, en su caso, clausurar la obra. 

“En consecuencia, es responsabilidad de la empresa cumplir en todo momento con esas normas en materia de construcciones, contar con un director responsable de obra o corresponsable de seguridad estructural eh quienes deben avalar el proceso de demolición declarado en su solicitud. A su vez, es facultad de las alcaldías la verificación e imposición de medidas de prevención en la ejecución de obras cuando esas no cumplen con el reglamento de construcciones”, dijo Inti Muñoz, secretario de Vivienda.

Muñoz dijo sobre Demec: “Seguramente sí (Demec está trabajando en demoliciones). Si el gobierno tiene contratado a Demec para alguna demolición, habrá que revisar, lo hace en tareas de reconstrucción, lo hace en algunas obras privadas”. 

En la conferencia de prensa de este martes, encabezada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se abordó el colapso del edificio en proceso de demolición en Calzada San Antonio Abad (colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc). 

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, realizó declaraciones clave enfocadas en el deslinde de responsabilidades. Resaltó que la responsabilidad principal recaía en el particular y la alcaldía, no en el gobierno central de la ciudad: “La demolición del edificio era responsabilidad de la empresa contratada por el solicitante privado. La revisión de este tipo de demoliciones es atribución de las alcaldías”, señaló sobre Cuauhtémoc, donde gobierna Alessandra Rojo de la Vega. 

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Recordó que: “Desde el 25 de mayo de 2018 se había determinado la demolición total del edificio colapsado.”

Esto refuerza el argumento de que el inmueble ya estaba clasificado como de alto riesgo desde hace años (por daños del sismo de 2017), y que la supervisión y vigilancia correspondía principalmente a la alcaldía Cuauhtémoc, no al gobierno de la CDMX directamente. El enfoque general de sus intervenciones fue deslindarse de responsabilidad operativa del gobierno capitalino, enfatizando que se trató de una obra privada en demolición (contratada por el propietario), y que habrá una investigación transparente para determinar causas exactas del desplome, que dejó tres trabajadores fallecidos y uno rescatado con lesiones. 

Clara Brugada complementó asegurando que se investigará a fondo, pero las declaraciones de Muñoz apuntan claramente a la responsabilidad privada y municipal en la supervisión.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, resumió en sus redes sociales: “Con respecto al derrumbe de un edificio en San Antonio Abad, expresamos nuestra solidaridad con las familias de los tres trabajadores que lamentablemente perdieron la vida. Desde el Gobierno de la Ciudad de México reiteramos nuestra voluntad de que la investigación se conduzca con total transparencia, garantizar la reparación integral del daño y hacer justicia”.

RESPONSABILIDAD LEGAL

Previamente, en entrevista con EMEEQUIS, el abogado Gabriel Regino señaló sobre el cauce legal que sigue: “Todas las demoliciones en la Ciudad de México están reguladas por leyes y reglamentos de construcción. Deben contar con permisos y supervisión de la autoridad”.

Si los peritos concluyen que el derrumbe fue consecuencia de omisiones o errores previsibles en la demolición, podría configurarse el delito de homicidio culposo. 

“La empresa y su apoderado legal podrían enfrentar un proceso penal si se demuestra que no tomaron las previsiones necesarias para una demolición de alto riesgo”, señaló Regino.

@emeequis



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