Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
El gobernador Alfonso Durazo realizó una gira por Soyopa y Mazatán, donde entregó becas del programa “Sonora de Oportunidades” y supervisó la rehabilitación de la carretera Hermosillo–Mazatán con una inversión de 6.8 millones de pesos. Además de los apoyos educativos, el mandatario distribuyó tinacos para asegurar el abasto de agua, destacando que su administración ha alcanzado una cifra histórica de 606 mil becas entregadas en todo el estado
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial a México del 19 al 22 de abril para evaluar temas críticos como desapariciones, tortura y la violencia contra periodistas, en una misión que incluye reuniones con la sociedad civil y víctimas. Aunque la ONU contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó confirmar la cita al señalar que la agenda está bajo gestión de la Cancillería, al tiempo que reiteró el rechazo del Gobierno Federal a diagnósticos internacionales previos que consideran "distorsionados" sobre la situación de derechos humanos en el país
El gobierno de Donald Trump expresó su preocupación por la reforma judicial mexicana, advirtiendo que sus lineamientos podrían afectar la inversión extranjera y los avances en seguridad. Durante una audiencia en el Congreso, el subsecretario Michael Kozak señaló que la elección de jueces podría abrir espacio a vínculos con cárteles de drogas o intereses chinos, lo que pondría en riesgo la independencia judicial. Aunque reconoció que en algunos estados de EE. UU. los jueces también son electos, insistió en la necesidad de garantizar magistrados calificados e imparciales. Además, exhortó a México a incrementar su gasto militar, actualmente inferior al 1 % del PIB, para enfrentar los desafíos de seguridad regional. La reforma, que endurece los requisitos para la selección de jueces, busca recuperar la confianza institucional y proteger la inversión, pero ha generado un intenso debate entre autoridades, especialistas y sectores económicos
Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
Derrumbe en San Antonio Abad: lo que sigue en el frente judicial
Tras el derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad que dejó tres trabajadores muertos, la Fiscalía de la CDMX abrió una investigación para determinar si hubo errores en la demolición, fallas de supervisión o responsabilidades penales de la empresa o autoridades.
Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
EMEEQUIS.– Tras el colapso de un edificio en demolición en San Antonio Abad que dejó al menos tres trabajadores muertos y uno lesionado, el caso entra ahora en su etapa clave: la investigación judicial para determinar responsabilidades.
¿Quién debe hacerse responsable de la muerte de los trabajadores, Protección Civil, la empresa demoledora o el dueño del edificio?
Hasta ahora, el gobierno de la Ciudad de México no ha revelado oficialmente el nombre de la empresa responsable de la demolición. Sin embargo, diversos medios informativos señalan a Desarrolladora Metropolitana (DeMet) como la compañía encargada de los trabajos.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar qué provocó el derrumbe y si existieron omisiones que pudieran derivar en responsabilidades penales.
Para el abogado penalista Gabriel Regino García, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, no existe una prohibición legal para mencionar públicamente a las empresas involucradas en un caso como este.
CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se encontraban 57 trabajadores, de los cuales 53 fueron evacuados y cuatro quedaron atrapados tras el derrumbe; uno de ellos ya fue rescatado y trasladado a un hospital. Cuerpos de emergencia continúan transitando en las labores de rescate.
FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COMCIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se encontraban 57 trabajadores, de los cuales 53 fueron evacuados y cuatro quedaron atrapados tras el derrumbe; uno de ellos ya fue rescatado y trasladado a un hospital. Cuerpos de emergencia continúan transitando en las labores de rescate.
FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
“No existe una prohibición estricta de mencionar nombres. Lo que ocurre es que cuando se inicia una carpeta de investigación ministerial suele haber prudencia para evitar fugas de información que afecten la investigación”, explicó en entrevista para EMEEQUIS.
El primer paso de la Fiscalía será reconstruir la línea de tiempo del caso. Esto implica revisar desde los dictámenes estructurales que llevaron a ordenar la demolición del inmueble, hasta las autorizaciones administrativas y los procedimientos que siguió la empresa encargada de realizar los trabajos.
“Todas las demoliciones en la Ciudad de México están reguladas por leyes y reglamentos de construcción. Deben contar con permisos y supervisión de la autoridad”, explica Regino.
Es decir, que Protección Civil debió de estar presente antes, durante y después de la demolición del edificio y cerciorarse que todas las normas de seguridad fueran cumplidas.
La investigación deberá determinar, entre otras cosas:
Si la empresa contratada tenía la experiencia técnica necesaria para realizar la demolición.
Si se realizaron las maniobras estructurales adecuadas para evitar un colapso inesperado.
Si existía supervisión de las autoridades competentes durante los trabajos.
Dependiendo de los resultados de los peritajes, el escenario puede cambiar radicalmente. El inmueble arrastraba daños estructurales desde los sismos de 1985 y 2017, contaba con permiso de demolición desde noviembre de 2025 debido al riesgo que representaba.
Versiones no oficiales señalan que la demolición presentó complicaciones, derivadas en que más de 50 empleados salieran de la zona por sus propios medios y al menos 4 terminarán atrapados después de que se desplomaran tres losas del edificio.
HOMICIDIO CULPOSO
Si los peritos concluyen que el derrumbe fue consecuencia de omisiones o errores previsibles en la demolición, podría configurarse el delito de homicidio culposo.
“La empresa y su apoderado legal podrían enfrentar un proceso penal si se demuestra que no tomaron las previsiones necesarias para una demolición de alto riesgo”, señala Regino.
Es decir, se debe de revisar que el proceso de derrumben haya sido efectuado acorde a la ley, sin haber brincado ninguno de los puntos establecidos y con los estudios previos necesarios, así como la presencia de las autoridades correspondientes en cada etapa del proyecto.
En la Ciudad de México, explica el abogado, las personas morales, es decir, las empresas, también pueden ser responsables penalmente, a través de sus representantes legales.
Al tratarse de la muerte de tres trabajadores por causas externas, el Ministerio Público está obligado a investigar de oficio. “Cuando hay personas que fallecen por un derrumbe, la autoridad tiene que investigar qué ocasionó ese derrumbe”, explica el especialista.
OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Otra hipótesis que podría explorarse tiene que ver con factores externos. En la zona se desarrollan obras del Metro, por lo que no se descarta que vibraciones u otros trabajos cercanos hayan influido en el colapso.
Sin embargo, si se comprobara que existió una falta de coordinación entre obras públicas y la demolición, podrían abrirse investigaciones administrativas e incluso penales contra servidores públicos.
Por ahora, sin embargo, el abogado advierte que es demasiado temprano para señalar responsables. “Lo que hay en este momento son líneas de investigación. Los peritos en estructuras e ingeniería tienen que establecer por qué se cayó el edificio”, señala.
EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES
En los permisos para una demolición intervienen diversas instancias del gobierno capitalino. Entre ellas se encuentran Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y, dependiendo del caso, la alcaldía correspondiente.
Estas autoridades deben participar antes, durante y después de la demolición, debido al riesgo que implica este tipo de trabajos. Si la investigación detecta fallas en la supervisión, también podría analizarse la responsabilidad de funcionarios públicos
EL SEGURO NO QUITA RESPONSABILIDAD
Autoridades capitalinas han señalado que la empresa responsable de la obra contaba con seguro, lo que permitiría cubrir gastos funerarios y compensaciones para las familias de las víctimas. Sin embargo, Regino aclara que tener seguros no elimina posibles responsabilidades penales.
“Los seguros cubren la reparación del daño: gastos funerarios, indemnizaciones y compensaciones a las familias. Pero eso no elude una responsabilidad penal si hubo omisiones que contribuyeron a la tragedia”, explica.
Por ahora, la investigación apenas comienza. Y la pregunta central sigue abierta ¿Qué salió mal? y ¿Quién es el responsable?
Tras el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe sepultado bajo arena en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía capitalina capturó a Juan Jesús "N", vigilante del inmueble que presuntamente asesinó a la joven con un desarmador tras atraerla con una falsa oferta de trabajo. El caso, que ha provocado la destitución de funcionarios por intentar extorsionar a la familia de la víctima y exigir sobornos para agilizar la búsqueda, evidencia una grave cadena de negligencias institucionales que obligó a los deudos a realizar su propia investigación privada para localizar la escena del crimen.
El gobernador Alfonso Durazo realizó una gira por Soyopa y Mazatán, donde entregó becas del programa “Sonora de Oportunidades” y supervisó la rehabilitación de la carretera Hermosillo–Mazatán con una inversión de 6.8 millones de pesos. Además de los apoyos educativos, el mandatario distribuyó tinacos para asegurar el abasto de agua, destacando que su administración ha alcanzado una cifra histórica de 606 mil becas entregadas en todo el estado
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará una visita oficial a México del 19 al 22 de abril para evaluar temas críticos como desapariciones, tortura y la violencia contra periodistas, en una misión que incluye reuniones con la sociedad civil y víctimas. Aunque la ONU contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó confirmar la cita al señalar que la agenda está bajo gestión de la Cancillería, al tiempo que reiteró el rechazo del Gobierno Federal a diagnósticos internacionales previos que consideran "distorsionados" sobre la situación de derechos humanos en el país
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