Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Derrumbe en San Antonio Abad: lo que sigue en el frente judicial
Tras el derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad que dejó tres trabajadores muertos, la Fiscalía de la CDMX abrió una investigación para determinar si hubo errores en la demolición, fallas de supervisión o responsabilidades penales de la empresa o autoridades.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
EMEEQUIS.– Tras el colapso de un edificio en demolición en San Antonio Abad que dejó al menos tres trabajadores muertos y uno lesionado, el caso entra ahora en su etapa clave: la investigación judicial para determinar responsabilidades.
¿Quién debe hacerse responsable de la muerte de los trabajadores, Protección Civil, la empresa demoledora o el dueño del edificio?
Hasta ahora, el gobierno de la Ciudad de México no ha revelado oficialmente el nombre de la empresa responsable de la demolición. Sin embargo, diversos medios informativos señalan a Desarrolladora Metropolitana (DeMet) como la compañía encargada de los trabajos.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar qué provocó el derrumbe y si existieron omisiones que pudieran derivar en responsabilidades penales.
Para el abogado penalista Gabriel Regino García, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, no existe una prohibición legal para mencionar públicamente a las empresas involucradas en un caso como este.
CIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se encontraban 57 trabajadores, de los cuales 53 fueron evacuados y cuatro quedaron atrapados tras el derrumbe; uno de ellos ya fue rescatado y trasladado a un hospital. Cuerpos de emergencia continúan transitando en las labores de rescate.
FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COMCIUDAD DE MÉXICO, 09MARZO2026.- Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó en un predio ubicado sobre Calzada San Antonio Abad, esquina con Lorenzo Boturini y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito, a un lado del metro San Antonio Abad en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se encontraban 57 trabajadores, de los cuales 53 fueron evacuados y cuatro quedaron atrapados tras el derrumbe; uno de ellos ya fue rescatado y trasladado a un hospital. Cuerpos de emergencia continúan transitando en las labores de rescate.
FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
“No existe una prohibición estricta de mencionar nombres. Lo que ocurre es que cuando se inicia una carpeta de investigación ministerial suele haber prudencia para evitar fugas de información que afecten la investigación”, explicó en entrevista para EMEEQUIS.
El primer paso de la Fiscalía será reconstruir la línea de tiempo del caso. Esto implica revisar desde los dictámenes estructurales que llevaron a ordenar la demolición del inmueble, hasta las autorizaciones administrativas y los procedimientos que siguió la empresa encargada de realizar los trabajos.
“Todas las demoliciones en la Ciudad de México están reguladas por leyes y reglamentos de construcción. Deben contar con permisos y supervisión de la autoridad”, explica Regino.
Es decir, que Protección Civil debió de estar presente antes, durante y después de la demolición del edificio y cerciorarse que todas las normas de seguridad fueran cumplidas.
La investigación deberá determinar, entre otras cosas:
Si la empresa contratada tenía la experiencia técnica necesaria para realizar la demolición.
Si se realizaron las maniobras estructurales adecuadas para evitar un colapso inesperado.
Si existía supervisión de las autoridades competentes durante los trabajos.
Dependiendo de los resultados de los peritajes, el escenario puede cambiar radicalmente. El inmueble arrastraba daños estructurales desde los sismos de 1985 y 2017, contaba con permiso de demolición desde noviembre de 2025 debido al riesgo que representaba.
Versiones no oficiales señalan que la demolición presentó complicaciones, derivadas en que más de 50 empleados salieran de la zona por sus propios medios y al menos 4 terminarán atrapados después de que se desplomaran tres losas del edificio.
HOMICIDIO CULPOSO
Si los peritos concluyen que el derrumbe fue consecuencia de omisiones o errores previsibles en la demolición, podría configurarse el delito de homicidio culposo.
“La empresa y su apoderado legal podrían enfrentar un proceso penal si se demuestra que no tomaron las previsiones necesarias para una demolición de alto riesgo”, señala Regino.
Es decir, se debe de revisar que el proceso de derrumben haya sido efectuado acorde a la ley, sin haber brincado ninguno de los puntos establecidos y con los estudios previos necesarios, así como la presencia de las autoridades correspondientes en cada etapa del proyecto.
En la Ciudad de México, explica el abogado, las personas morales, es decir, las empresas, también pueden ser responsables penalmente, a través de sus representantes legales.
Al tratarse de la muerte de tres trabajadores por causas externas, el Ministerio Público está obligado a investigar de oficio. “Cuando hay personas que fallecen por un derrumbe, la autoridad tiene que investigar qué ocasionó ese derrumbe”, explica el especialista.
OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Otra hipótesis que podría explorarse tiene que ver con factores externos. En la zona se desarrollan obras del Metro, por lo que no se descarta que vibraciones u otros trabajos cercanos hayan influido en el colapso.
Sin embargo, si se comprobara que existió una falta de coordinación entre obras públicas y la demolición, podrían abrirse investigaciones administrativas e incluso penales contra servidores públicos.
Por ahora, sin embargo, el abogado advierte que es demasiado temprano para señalar responsables. “Lo que hay en este momento son líneas de investigación. Los peritos en estructuras e ingeniería tienen que establecer por qué se cayó el edificio”, señala.
EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES
En los permisos para una demolición intervienen diversas instancias del gobierno capitalino. Entre ellas se encuentran Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y, dependiendo del caso, la alcaldía correspondiente.
Estas autoridades deben participar antes, durante y después de la demolición, debido al riesgo que implica este tipo de trabajos. Si la investigación detecta fallas en la supervisión, también podría analizarse la responsabilidad de funcionarios públicos
EL SEGURO NO QUITA RESPONSABILIDAD
Autoridades capitalinas han señalado que la empresa responsable de la obra contaba con seguro, lo que permitiría cubrir gastos funerarios y compensaciones para las familias de las víctimas. Sin embargo, Regino aclara que tener seguros no elimina posibles responsabilidades penales.
“Los seguros cubren la reparación del daño: gastos funerarios, indemnizaciones y compensaciones a las familias. Pero eso no elude una responsabilidad penal si hubo omisiones que contribuyeron a la tragedia”, explica.
Por ahora, la investigación apenas comienza. Y la pregunta central sigue abierta ¿Qué salió mal? y ¿Quién es el responsable?
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
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