Estados Unidos sanciona por lavado de dinero a Juan Pablo Penilla, abogado ligado a “El Mayo” Zambada, y lo vincula con una red financiera del Cártel del Noreste. Hacienda ya informó a la FGR
El rescate del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, marca un punto crítico en la lucha contra la gobernanza criminal de La Familia Michoacana, tras un operativo de élite que culminó con su localización en Zacualpan, Estado de México. La crisis, que se activó mediante un reporte "verbal" de un funcionario municipal ante la ausencia de una denuncia formal, ha revelado filtraciones sobre un presunto intento de canje por la libertad de "El Gokú", jefe de plaza recientemente capturado. Este hecho, enmarcado por el secretario Omar García Harfuch como un ataque directo de la estructura de los hermanos Hurtado Olascoaga, subraya la peligrosa transición política en Taxco, donde la nueva administración busca romper con un pasado de vínculos criminales atribuidos a la gestión anterior, mientras las víctimas permanecen bajo resguardo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala
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El pago por un “curso de seguridad” obligatorio genera reclamos en el Puerto de Manzanillo. Semar y la Asipona dicen que las terminales carecen de atribuciones para crear impuestos especiales en zona federal. Por toda respuesta, ASTOM aplazó la medida un mes.
Estados Unidos sanciona por lavado de dinero a Juan Pablo Penilla, abogado ligado a “El Mayo” Zambada, y lo vincula con una red financiera del Cártel del Noreste. Hacienda ya informó a la FGR
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Se condiciona el acceso al pago de un curso: autoridades y usuarios lo rechazan.
EMEEQUIS.– Las terminales y operadores de patios de embarque / desembarque de Manzanillo han impuesto a los usuarios un pago indirecto para ingresar al recinto portuario –que es propiedad federal–, a través de la compra obligatoria de un “curso de seguridad” para obtener la acreditación de ingreso.
El negocio fue urdido por la Asociación de Terminales y Operadores de Manzanillo (ASTOM), y ha merecido el rechazo de las distintas agrupaciones de la cadena logística que forma la población usuaria del recinto portuario, desde transportistas hasta agentes aduanales, que lamentan que dicha entidad haya “doblado” a la Secretaría de Marina (Semar) y a la propia Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Manzanillo para imponer el cobro.
Agrupaciones de usuarios compartieron con EMEEQUIS un resumen escrito del diagrama de flujo del modelo de negocio de ASTOM, que espera levantar más de 26 millones de pesos anuales con los cursos y la expedición de acreditaciones, lo que fue considerado como el cobro de un “derecho de piso” por un vocero de la Comunidad Portuaria de Manzanillo.
De hecho, Semar y la Asipona presentaron postura en febrero señalando que las terminales carecen de atribuciones para crear impuestos especiales en zona federal. Por toda respuesta, ASTOM aplazó la medida un mes.
El recinto portuario es la zona federal delimitada que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios.
Dentro de estas zonas federales, los patios de carga y descarga operan a partir de concesiones. Estos concesionarios son quienes diseñaron el curso “Seguridad en las terminales”.
De acuerdo con estimaciones de un grupo mixto de las diversas agrupaciones de usuarios, el curso, presentado como medida preventiva “de seguridad” por ASTOM, está dirigido a un universo estimado de 36,750 usuarios, entre transportistas, personal de agencias aduanales, de carga y consignatarios.
El proyecto de ASTOM fue presentado “bajo el Código PBIP (Código para la Seguridad de los Buques y de las Instalaciones Portuarias)”, y contempla 15 horas de formación, un costo de 700 pesos por persona y vigencia anual, que reportaría 26.4 millones de pesos anuales a la organización. Sí, debe renovarse anualmente.
Desde un principio, la iniciativa del pago indirecto ha generado rechazo expreso y generalizado entre los principales usuarios del puerto, incluyendo la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Unión Transportistas de Carga de Manzanillo (UTCM) y la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), quienes cuestionan la imposición, el cobro y la ausencia de respaldo legal.
El 25 de febrero, AMANAC envió una carta a José Antonio Contreras Ruiz, presidente de ASTOM, para notificarle que no pagarían el curso:
“Consideramos inadecuada e inaplicable la imposición de un curso obligatorio que carece del aval de la autoridad competente incluida la propia ASIPONA de Manzanillo, la cual ha señalado no haber no haber autorizado dicho curso ni el cobro asociado. Por los anterior (…), nos pagamos a lo que estrictamente esté establecido en normas aprobadas y aplicables para los accesos y operación en todo el puerto de Manzanillo, por lo que, el curso y pago referido, al no estar autorizado por autoridad facultada alguna ni por ordenamiento legal aplicable, no encontramos imposibilitados en dar cumplimiento a los mismos”.
Ya desde el 19 de febrero, la Semar había emitido un comunicado para informar a la comunidad portuaria que nadie estaba obligado a cumplir con el curso de ASTOM. No obstante, dicha asociación continuó en su propósito.
El 20 de marzo, la Asipona de Manzanillo emitió un comunicado en el que señaló: “La regulación del acceso y la operación dentro del recinto portuario es una facultad exclusiva de esta Administración. Se ha instruido a empresas concesionarias a no restringir el ingreso ni condicionar el acceso al pago de cuotas o a la realización de cursos no autorizados”.
Por toda respuesta, ASTOM anunció el 17 de marzo que el curso no tendría costo durante tres meses en su plataforma digital (hasta el 17 de junio).
No obstante, la obligatoriedad de acreditarlo se mantiene para el 1 de abril, por lo que el cobro sólo se difiere. Además, se introdujeron diferencias en la acreditación: quienes paguen recibirán formato DC-3 con reconocimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), mientras que quienes accedan sin costo obtendrán constancia interna válida solo en terminales afiliadas.
La asociación Comunidad Portuaria de Manzanillo reiteró su rechazo:
“Toda iniciativa orientada a fortalecer la cultura de seguridad y profesionalizar a los usuarios (…) que realizan actividades dentro de las terminales portuarias representa un esfuerzo positivo (…). No obstante, resulta inaceptable que dicho requisito esté sujeto al pago de un denominado ‘costo de recuperación’ mediante el cual se condiciona el acceso a instalaciones portuarias concesionadas (por el Estado) tales como Contecon, Hazesa y Corporación Multimodal”.
Cabe señalar que Contecon es dirigida por el propio José Antonio Contreras -de nacionalidad española-, presidente de ASTOM, y Hazesa, pertenece a Raúl Sandoval.
Las Asiponas son administradas por SEMAR. La de Manzanillo es dirigida por el vicealmirante José Ignacio Moreno, y el 20 de marzo reiteró que la regulación del acceso al recinto es atribución exclusiva de la autoridad portuaria.
El 19 de febrero ya había advertido que no existe disposición oficial que obligue a tomar un curso de seguridad para ingresar al puerto, debilitando el sustento jurídico de la medida impulsada por ASTOM.
Pese a este posicionamiento, ASTOM reiteró que el 1o. de abril entra en vigor la medida, que según los usuarios condiciona el acceso a terminales al cumplimiento de la capacitación.
El desacuerdo también se manifiesta al interior de ASTOM. Algunas terminales han notificado a clientes que no adoptarán la medida, mientras que la terminal de contenedores CONTECON y la de carga general Hazesa, se mantienen como principales partidarios del cobro.
@estedavid
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