La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.
Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, atribuyó la opacidad de sus declaraciones patrimoniales a un supuesto fallo técnico en los servidores, un análisis jurídico de EMEEQUIS reveló que la Contraloría General del Estado emitió una negativa formal de acceso (oficio CGE/UT/522/2026) basada en un acuerdo de reserva fabricado fuera de tiempo y ajeno al trámite. La dependencia clasificó la información en su totalidad en lugar de entregar una versión pública con datos testados, incurriendo en violaciones a la ley de transparencia y omitiendo los criterios de la Suprema Corte sobre el escrutinio a funcionarios
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras tres meses de reclusión, luego de que se pospusiera indefinidamente su audiencia en medio de negociaciones avanzadas con la justicia estadounidense. Aunque no ha sido liberado, su salida de los registros penitenciarios apunta a un cambio de estatus bajo custodia federal para integrarse al programa de testigos colaboradores, convirtiéndose en el segundo exfuncionario sinaloense en buscar un acuerdo dentro de la macrocausa que investiga a la red de complicidades del Cártel de Sinaloa y a figuras de alto nivel en México
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
Lo que la Contraloría de Veracruz intentó esconder: los 11.8 millones que Rocío Nahle declaró en 2025
Un análisis de las declaraciones patrimoniales de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, revela un salto financiero que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en 2025. Lejos de explicarse por su sueldo como mandataria estatal —el cual representó apenas el 15% de sus percepciones anuales—, el grueso de sus percepciones provino de la enajenación de bienes, destacando una casa adquirida en 2019 por 2 millones de pesos que fue vendida por 9.85 millones de pesos, un monto que representa casi cinco veces su valor de adquisición original en un lapso de aproximadamente cinco años.
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
EMEEQUIS.- Rocío Nahle García tomó posesión como gobernadora de Veracruz el 1 de diciembre de 2024. Desde entonces ha presentado tres declaraciones patrimoniales ante la Contraloría General del Estado —una de inicio y dos modificaciones anuales—, documentos que la propia dependencia había negado entregar previamente citando un acuerdo de clasificación que correspondía a una solicitud distinta.
Con los tres documentos ya en mano, las cifras muestran un salto patrimonial que no se explica por su sueldo de gobernadora sino por la venta de uno de los inmuebles que acumuló en su carrera como servidora pública, lo que la llevó a reportar ingresos por casi 12 millones de pesos en el año 2025: un inmueble que a ella le costó 2 millones de pesos en 2019 y después vendió por 9.85 millones de pesos aproximadamente cinco años después.
SUS INGRESOS POR AÑO PARA LLEGAR A LOS 11.8 MILLONES DE PESOS
Comparando el ingreso neto anual declarado en los tres documentos:
Declaración
Periodo que reporta
Ingreso anual neto declarado
Inicio (dic. 2024)
Ene-oct. 2023, como Secretaria de Energía
$1,252,163
Modificación 2025
Ejercicio 2024 (incluye su primer mes como gobernadora)
$108,761
Modificación 2026
Ejercicio 2025, primer año completo como gobernadora
$11,848,349
Es decir: en su primer año completo al frente del gobierno de Veracruz, Nahle declaró un ingreso neto casi 109 veces mayor al que había reportado el año anterior, y poco más de nueve veces superior al que tuvo como Secretaria de Energía del gobierno federal.
Del total de $11,848,349 declarados para 2025, solo $1,522,654 corresponden a su remuneración como gobernadora (sueldos, honorarios, compensaciones, bonos y aguinaldo, ya después de impuestos). El resto —$10,100,000, es decir el 85% de todo lo que declaró ganar en el año— lo reporta en el rubro “otros ingresos”, específicamente por enajenación de bienes:
Venta de un inmueble: $9,850,000
Venta de un vehículo: $250,000
LA CASA QUE SE COMPRÓ EN 2 MILLONES Y SE VENDIÓ EN CASI 9.85 MILLONES
Cruzando el rubro de ingresos con el listado de bienes inmuebles de la propia declaración, es posible identificar cuál fue la casa vendida: en la sección de inmuebles, una de las cuatro propiedades que Nahle venía declarando desde su llegada al cargo —adquirida en compraventa el 30 de enero de 2019 por $2,000,000— aparece en la Modificación 2026 con la anotación “VENTA” en el campo de baja del inmueble.
Es decir, un inmueble que la propia declarante valuó en $2,000,000 al comprarlo en 2019 fue vendido, según su propia declaración, por $9,850,000 aproximadamente cinco años después: casi cinco veces el valor de adquisición que ella misma reportó. El documento no detalla fecha exacta de la venta, comprador ni forma de pago de esa operación —datos que valdría la pena buscar en el Registro Público de la Propiedad de Veracruz para contrastar contra la escritura correspondiente.
También vendió su único vehículo declarado, una camioneta Nissan X-Trail 2016 comprada en diciembre de 2015 por $412,300, reportada ahora en $250,000 (una depreciación normal, a diferencia del caso del inmueble).
Las otras tres propiedades declaradas (adquiridas en 1995, 2018 y 2022) permanecen sin cambios en los tres documentos. Las tres cuentas bancarias (Banorte, Scotiabank, Banamex) y las dos tarjetas de crédito (Banorte, American Express) —estas últimas con monto original de adeudo declarado en $0 en los tres años, un dato inusual— tampoco varían. En ninguna de las tres declaraciones reporta participación en empresas, representaciones, beneficios privados o fideicomisos.
LOS 4 INMUEBLES DECLARADOS POR ROCÍO NAHLE
Primer inmueble: Casa a nombre de la declarante al 100%, con 600 m² de terreno y 425 m² de construcción, adquirida en compraventa de contado el 6 de septiembre de 1995 por $120,000 a la persona moral Constructora Inmobiliaria y Prestadora de Servicios del Sureste. Se mantiene sin cambios en las tres declaraciones, sin baja reportada.
Segundo inmueble: Casa a nombre de la declarante al 100%, de 132 m² de terreno y 175 m² de construcción, recibida en donación de una persona física el 1 de marzo de 2018, con un valor de adquisición declarado de $868,860. Se mantiene sin cambios en las tres declaraciones.
Tercer inmueble (el vendido): Casa a nombre de la declarante al 100%, de 457 m² de terreno y 304 m² de construcción, adquirida en compraventa de contado a una persona física el 30 de enero de 2019 por $2,000,000. En la Modificación 2026 aparece con motivo de baja “VENTA”, y el ingreso por enajenación reportado ese mismo año es de $9,850,000 — casi cinco veces el valor de adquisición que ella misma había declarado en 2019.
Cuarto inmueble: Casa a nombre de la declarante al 100%, con 208 m² de terreno y 234 m² de construcción, adquirida en compraventa de contado a una persona física el 3 de enero de 2022 por $1,500,000. También se mantiene sin cambios en las tres declaraciones, sin baja reportada.
La difusión de una lista de presuntos "desinformadores" por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal cruza la línea entre la legítima réplica gubernamental y el señalamiento desde el poder. Al identificar y exponer públicamente a periodistas y ciudadanos críticos, el Estado vulnera la protección de datos personales, intimida el ejercicio periodístico y atenta contra los límites constitucionales, transformando la crítica legítima en un blanco institucional que amenaza la libertad de expresión y la democracia. La opinión de @JulietDelrio
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Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, atribuyó la opacidad de sus declaraciones patrimoniales a un supuesto fallo técnico en los servidores, un análisis jurídico de EMEEQUIS reveló que la Contraloría General del Estado emitió una negativa formal de acceso (oficio CGE/UT/522/2026) basada en un acuerdo de reserva fabricado fuera de tiempo y ajeno al trámite. La dependencia clasificó la información en su totalidad en lugar de entregar una versión pública con datos testados, incurriendo en violaciones a la ley de transparencia y omitiendo los criterios de la Suprema Corte sobre el escrutinio a funcionarios
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras tres meses de reclusión, luego de que se pospusiera indefinidamente su audiencia en medio de negociaciones avanzadas con la justicia estadounidense. Aunque no ha sido liberado, su salida de los registros penitenciarios apunta a un cambio de estatus bajo custodia federal para integrarse al programa de testigos colaboradores, convirtiéndose en el segundo exfuncionario sinaloense en buscar un acuerdo dentro de la macrocausa que investiga a la red de complicidades del Cártel de Sinaloa y a figuras de alto nivel en México
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