¿Una lista para combatir la desinformación o para exhibir críticos?

POR JULIETA DEL RÍO VENEGAS*

EMEEQUIS.- Analizar las redes sociales puede ser legítimo para cualquier gobierno. Lo preocupante comienza cuando desde el poder se identifica, clasifica y exhibe públicamente a periodistas, políticos y ciudadanos por sus opiniones o por formar parte de una conversación crítica. Eso es lo que preocupa.

Hay una diferencia enorme entre revisar lo que ocurre en las redes sociales y utilizar el poder público para señalar a quienes participan en ellas. Un gobierno puede monitorear tendencias, ¡claro!, conocer qué se dice de sus políticas públicas y responder con información. Lo que no debería normalizarse es que, desde una institución del Estado, se identifique y exhiba públicamente a periodistas, políticos y ciudadanos por sus posturas críticas.

El debate surgió nuevamente a partir de la difusión de una lista por Luisa María Alcalde, en su carácter de consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en la que aparecen nombres de personas a quienes se atribuye participar en ejercicios de desinformación, utilizar cuentas anónimas o bots.

Aquí hay una primera contradicción: si se habla de cuentas anónimas, ¿por qué se identifica públicamente a las personas que supuestamente están detrás de ellas?

Y hay una segunda pregunta, todavía más importante: ¿con qué fundamento jurídico se obtuvieron, procesaron, relacionaron y difundieron esa información?

La protección de datos personales obliga a las autoridades a justificar el tratamiento de información que permite identificar a una persona. Por ello, antes de concluir que existe una vulneración, lo que corresponde es preguntar por la base jurídica, la finalidad del tratamiento, la metodología utilizada y la autoridad responsable.

Porque la “máxima publicidad” no significa máxima exposición de las personas.

La máxima publicidad es un principio fundamental del derecho de acceso a la información pública. No es una autorización para hacer públicos datos personales ni para convertir la crítica al gobierno en un expediente de personas incómodas.

Transparencia y privacidad no son derechos que deban enfrentarse.

Y aquí aparece otro elemento de fondo: ¿dónde termina el derecho de réplica y dónde comienza el señalamiento desde el poder?

Un gobierno tiene todo el derecho de responder a una crítica. Puede desmentir una información, aportar datos, exhibir documentos y demostrar que una afirmación es falsa. Eso forma parte del debate democrático.

Pero una opinión crítica no se convierte automáticamente en desinformación porque resulte incómoda. Un periodista no pierde su libertad de expresión por cuestionar al gobierno. Y un ciudadano no deja de tener derechos por publicar una postura ante un tema o narrativa del poder.

De hecho, la crítica es parte esencial de la democracia.

El abogado José Mario de la Garza, presidente de la Fundación Perteneces, ha advertido otro aspecto que tampoco debería pasar inadvertido: si se utilizaron facultades, personal, tiempo o recursos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para desarrollar una actividad que no corresponde a las atribuciones legales del cargo, entonces existe un problema que debe aclararse.

¿Cuál es el fundamento legal para realizar esta actividad desde la Consejería Jurídica y qué recursos públicos son utilizados?

No se trata de un asunto personal. Tampoco de defender a alguien porque sea periodista, político o usuario de redes sociales. Se trata de algo mucho más elemental: el poder público también está sujeto a la ley.

Y esto adquiere mayor relevancia porque algunos de los periodistas señalados han denunciado posteriormente haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios. No corresponde afirmar automáticamente que existe una relación causal entre la publicación y esas amenazas, pero sí advertir el riesgo que implica que una autoridad coloque públicamente a personas perfectamente identificables bajo etiquetas como “desinformadores” o integrantes de redes de bots.

Cuando una institución pública señala a una persona, el peso de esa señalización no es el mismo que cuando lo hace un particular.

Por eso, la propia Presidencia de la República tiene una responsabilidad que no puede eludir. Si, como se ha señalado, la presidenta no conocía previamente esa lista, entonces corresponde explicar qué ocurrió, quién tomó la decisión, bajo qué atribuciones y qué quiso decir exactamente el gobierno con esa clasificación.

Porque no basta con decir después que se trataba de una herramienta para combatir la desinformación, hay que demostrarlo.

Durante años hemos visto periodistas críticos de gobiernos de todos los colores. Algunos llevan décadas ejerciendo esa crítica; otros son nuevos. Eso es precisamente lo que caracteriza a una sociedad democrática: no todos piensan igual y no todos tienen que hacerlo.

El problema comienza cuando desde el poder se pretende establecer quién tiene derecho a opinar y quién debe ser identificado por hacerlo.

La libertad de expresión no puede depender de la simpatía que una opinión genere en Palacio Nacional, en una secretaría, en una Consejería Jurídica o en cualquier otra oficina pública.

Un gobierno democrático puede responder a seus críticos. Puede cuestionarlos. Puede demostrar que están equivocados. Incluso puede ejercer su derecho de réplica.

Lo que no debería hacer es utilizar el aparato del Estado para identificar, criticar y exhibir a quienes ejercen una libertad constitucional.

Porque controlar la información es una cosa. Pretender controlar la conversación pública es otra.

Y ahí está el verdadero debate: no se trata de estar a favor o en contra, trata de preguntarnos algo mucho más importante:

¿Qué límites debe tener el poder cuando responde a quienes lo cuestionan? La respuesta debería ser clara: los mismos que establece la Constitución.

Porque opinar no es un delito, criticar no es desinformar y disentir no convierte a nadie en enemigo del Estado.

Una democracia fuerte no es aquella en la que todos hablan bien del gobierno. Es aquella en la que nadie tiene miedo de hablar mal de él; la que genera confianza bajo una dinámica de Gobierno Abierto, donde los derechos humanos, el acceso a la información y la libertad de expresión no son concesiones del poder, sino los únicos límites reales que lo frenan.

@JulietDelrio

*Especialista en transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Excomisionada del INAI