Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, atribuyó la opacidad de sus declaraciones patrimoniales a un supuesto fallo técnico en los servidores, un análisis jurídico de EMEEQUIS reveló que la Contraloría General del Estado emitió una negativa formal de acceso (oficio CGE/UT/522/2026) basada en un acuerdo de reserva fabricado fuera de tiempo y ajeno al trámite. La dependencia clasificó la información en su totalidad en lugar de entregar una versión pública con datos testados, incurriendo en violaciones a la ley de transparencia y omitiendo los criterios de la Suprema Corte sobre el escrutinio a funcionarios