EMEEQUIS. - Tras décadas de desabasto, la Nación Comca’ac cuenta finalmente con una red de suministro formal. En el inicio…
La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
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Enrique Díaz Vega, secretario de Finanzas con Rocha Moya y uno de los 10 acusados de narcotráfico por Estados Unidos, constituyó la empresa Olympo Farms para exportar 5.7 MDD (100 millones de pesos) en chiles a Estados Unidos… El problema es que lo hizo siendo funcionario público.
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Bajo el paraguas institucional de Rocha Moya, la empresa pasó de no reportar exportaciones en 2021, a vender 1 millón y medio de dólares a Estados Unidos en 2022.
EMEEQUIS.– Enrique Alfonso Díaz Vega, quien fuera secretario de Finanzas de Sinaloa durante un tramo de la administración del gobernador (ahora con licencia) Rubén Rocha Moya, y quien es uno de los 10 acusados por Estados Unidos de narcotráfico, constituyó la empresa Olympo Farms para exportar 5.7 millones de dólares en chiles al vecino país.
Lo hizo en conjunto con Alejandro Gaxiola Coppel, hermano del que era secretario de Economía en Sinaloa, Javier Gaxiola Coppel.
Enrique Alfonso Díaz Vega fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa aproximadamente dos años y nueve meses, de noviembre de 2021 a mediados de agosto de 2024.
Olympo Farms es una Sociedad Anónima de Capital Variable, según consta en los registros oficiales de la Secretaría de Economía.
La sociedad quedó inscrita bajo el Número Único de Documento 202000091845002B. El acto jurídico fue formalizado el 5 de junio de 2020, mediante el instrumento No. 2,635, ante la fe del Notario Público No. 212, Oscar Urcisichi Arellano, con ejercicio en el municipio de Navolato, Sinaloa.
Posteriormente, la inscripción en el Registro Público de Comercio se concretó el 8 de junio de 2020, un año antes que entrara en funciones el nuevo gobierno de Sinaloa, en el que Enrique Alfonso Díaz Vega se convertiría en secretario de Finanzas y Javier Gaxiola Coppel de Economía.
La empresa inició con un capital social de $50,000.00 pesos. El Consejo de Administración, órgano encargado de la dirección de la firma, está integrado por: Theodoros Analytis Beltrán, como presidente; Alejandro Gaxiola Coppel, en la Secretaría; Spiros Analytis Beltrán, como Tesorero.
Al amparo del gobierno.
Enrique Alfonso Díaz Vega quedó registrado como vocal. El capital social de la empresa se encuentra distribuido en partes iguales, con un 25% de participación a cada uno de los cuatro socios. Los accionistas que integran la sociedad son: Nadia Laura Ronquillo Hurtado, Alejandra Agraz Robles, Enrique Alfonso Díaz Vega y Alejandro Gaxiola Coppel. Cada uno de ellos suscribió un total de 250,000 acciones, las cuales están divididas equitativamente en 12,500 correspondientes a la Serie A y 237,500 a la Serie B.
Su meteórico ascenso se dio durante la administración del gobierno de Sinaloa. Bajo el paraguas institucional de Rocha Moya, la empresa pasó de no reportar exportaciones en 2021, a vender 1 millón y medio de dólares a Estados Unidos en 2022.
Para 2023 ya exportaba casi 2 millones y en 2024 la cifra creció a 2 millones y medio de dólares, de acuerdo a cifras oficiales de exportación verificadas en Veritrade.
En un lapso de tres años, exportó 5 millones 782 mil dólares (alrededor de 100 millones de pesos) a Estados Unidos.
Enrique Alfonso Díaz Vega, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, es objeto de diversas investigaciones que abarcan desde presuntos vínculos con el crimen organizado hasta irregularidades administrativas y conflicto de interés.
Vínculos con el narcotráfico y armas: Autoridades de Estados Unidos han acusado formalmente a Díaz Vega de colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.
Los cargos presentados por el Departamento de Justicia incluyen narcotráfico y delitos relacionados con armas, bajo el señalamiento de haber brindado protección a los líderes de dicha organización a cambio de sobornos.
Conflicto de interés en el sector inmobiliario: Se le acusa de haber mantenido el control de su empresa, Housesin Desarrollos, mientras ocupaba su cargo público.
Durante su gestión, la compañía obtuvo permisos para construir fraccionamientos que suman 322 viviendas, con ventas estimadas en 975 millones de pesos, como reportó Animal Político, lo que contraviene la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sinaloa, al obtener beneficios comerciales directos desde el poder.
@jorgegogdl
EMEEQUIS. - Tras décadas de desabasto, la Nación Comca’ac cuenta finalmente con una red de suministro formal. En el inicio…
La implementación del calendario escolar mundialista para el ciclo 2025-2026 ha generado una profunda fractura en el sistema educativo mexicano, dividiendo a las entidades federativas entre la alineación con la SEP y la resistencia interna. Mientras estados como Chihuahua han aceptado concluir clases el 5 de junio citando la protección contra la ola de calor, entidades como Jalisco y Guanajuato rechazan la medida por considerarla un golpe al aprendizaje y una vulneración a la organización de las familias. Colectivos de la sociedad civil denuncian que este recorte, impulsado por la logística del Mundial 2026, prioriza el espectáculo sobre el derecho a la educación y traslada una carga desproporcionada de trabajo de cuidados a las mujeres, agravando el rezago académico y la desigualdad de género en el país
Sinaloa se ha consolidado como el epicentro de la violencia de género en México durante el primer trimestre de 2026, encabezando la lista nacional con 15 feminicidios, cifra que representa el 10.1% del total del país y supera en cuatro veces la media nacional. Esta crisis de seguridad tiene su foco rojo en Culiacán, municipio que por sí solo concentra casi uno de cada diez feminicidios en México y donde se registra, en promedio, un asesinato de mujer a la semana. Pese al discurso oficial de la Secretaría de las Mujeres que resalta las políticas de la administración saliente, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo revelan una realidad cruda: una estela de inseguridad heredada por el gobierno de Rubén Rocha Moya, caracterizada por 19 denuncias diarias de violencia familiar y una alarmante incidencia de delitos sexuales que contradicen los informes de resultados institucionales.
Organizaciones civiles como la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y la Red de Mujeres por la Salud manifestaron su rechazo al ajuste del calendario escolar 2025-2026, el cual adelantará el fin de clases al 5 de junio debido a la logística del Mundial 2026. Los colectivos denuncian que esta decisión, anunciada por el secretario Mario Delgado, prioriza el evento deportivo sobre el derecho a la educación y agrava la desigualdad de género, ya que traslada la responsabilidad del cuidado de más de 18 millones de estudiantes a los hogares, recargando de manera desproporcionada el trabajo no remunerado de las mujeres. Ante la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, las activistas exigen a la SEP transparencia en sus criterios y la implementación urgente de alternativas públicas que garanticen espacios seguros para las infancias sin vulnerar la autonomía económica de las madres trabajadoras
