Pedro Celorio Marcín pasó de producir fertilizantes en Pemex a construir casas en INFONAVIT. Es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, al igual que su jefe, Octavio Romero Oropeza.
El mandatario estatal señaló que Sonora registra una disminución histórica en el promedio diario de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a abril de 2026, lo que refleja el resultado de la estrategia de seguridad coordinada entre los tres niveles de gobierno.
“Nos reúne el dolor profundo que deja la partida de una mujer cuya vida estuvo marcada por la vocación de servicio y una profunda convicción de justicia". Palabras en honor de Oyuky Ramírez, la magistrada que murió protegiendo a su bebé de las abejas.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén se encuentra en un punto muerto, marcada por la falta de capturas y una profunda contradicción institucional tras revelarse que la versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa fue un montaje deliberado. A pesar de que la evidencia forense desmintió el supuesto asalto en una gasolinera y ubicó el crimen en la misma finca donde fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada, la gestión actual de la FGR ha evitado vincular penalmente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, limitándose a mantener el expediente "en integración" mientras las acusaciones de corrupción vertidas por la víctima antes de morir y las irregularidades en la escena del crimen siguen alimentando un escenario de impunidad prolongada
Pedro Celorio Marcín pasó de producir fertilizantes en Pemex a construir casas en INFONAVIT. Es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, al igual que su jefe, Octavio Romero Oropeza.
Pagos a personas que no trabajan, ayudas sociales sin huella, asesorías fantasma, empresas al vapor: las irregularidades que tienen que comprobar congresos de varios estados.
Pedro Celorio Marcín pasó de producir fertilizantes en Pemex a construir casas en INFONAVIT. Es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, al igual que su jefe, Octavio Romero Oropeza.
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Los hallazgos son parte de dictámenes individuales –revisados por EMEEQUIS– emitidos por la ASF como parte de la tercera entrega de informes de la cuenta pública 2024.
EMEEQUIS.– Ayudas sociales por las que existen facturas, informes y pólizas, pero que probablemente no se otorgaron, servicios de asesorías aparentemente inexistentes y pagos por servicios no justificados son parte de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en varios Congresos estatales, como Baja California, Baja California Sur, Campeche y Colima.
Los hallazgos son parte de dictámenes individuales –revisados por EMEEQUIS– emitidos por la ASF como parte de la tercera entrega de informes de la cuenta pública 2024, los cuales tienen que ser solventados por los entes auditados, mientras eso no suceda, se presume un daño al erario.
La auditoría 485 practicada al estado de Baja California por las Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF) revela que 8 millones 586 mil 647.18 pesos fueron destinados a supuestas ayudas sociales por parte del Congreso local, pero sin que se acredite con documentación comprobatoria de que se entregaron realmente de acuerdo con lo contratado en las solicitudes de gestión social de los legisladores.
El dictamen de la ASF refiere que los auditores revisaron una muestra de 16 expedientes reportados como gastos diversos del Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), pagados con PFEF 2024 por el monto observado, supuestamente con motivo de ayudas sociales a personas.
No obstante, el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de Baja California “no presentó soporte que acredite que las ayudas se entregaron a los beneficiarios”, ya que hubo “inconsistencias entre las solicitudes y los reportes fotográficos”, pese a que el ente local mostró facturas, pólizas y comprobantes de pago con los que pretendía justificar el gasto.
La ASF determinó que “no se acreditó la materialidad del gasto”, al no existir certeza razonable de que los bienes fueron efectivamente recibidos por la población objetivo, lo cual incumple la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, párrafo primero, 43 y 70, fracciones I y V.
Y aunque en el transcurso de la auditoría –y siempre con base en el dictamen que es parte de la tercera entrega de informes de la cuenta pública 2024– el Poder Legislativo intentó proporcionar documentación soporte del reintegro de los recursos, la ASF sostuvo que ésta “no cumple con los requisitos, debido a que se constató que dicho reintegro se efectuó en una cuenta bancaria distinta a la cuenta productiva específica de la cual se originaron los pagos”.
Lo anterior, añadió el órgano fiscalizador, “impide garantizar la trazabilidad de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas; aunado a que no se demostró documentalmente que el reintegro fuera realizado por el legislador responsable de la solicitud del gasto”; además, agregó que no se proporcionaron los entregables o evidencia que acredite que las ayudas se entregaron conforme con la normativa aplicable, por lo que mantuvo la observación y el reclamo de comprobación o reintegro del dinero.
En Baja California Sur, la ASF detectó que el Congreso y el Consejo de la Judicatura pagaron más de 2 millones de pesos para servicios de asesoría laboral y seguro de vida colectivo, pero sin presentar la evidencia que compruebe la recepción de los trabajos de asesoría por parte del Legislativo y los reportes de siniestralidad por parte de la Judicatura.
Por ello, emitió el Pliego de Observaciones 2024-A-03000-19-0517-06-001, al considerar que sin entregables de los servicios contratados hay una posible afectación a la Hacienda Pública federal (auditoría 517). El dinero ejercido por ambos entes estatales también provenía de Participaciones Federales a Entidades Federativas.
En Campeche, la auditoría 545 arrojó que el Poder Legislativo del estado adjudicó contratos por más de 2.4 millones de pesos a empresas de reciente creación, sin asegurar que tuvieran la capacidad financiera ni la experiencia necesaria para realizar servicios especializados en seguridad.
Lo que la ASF halló fue que la firma había sido creada dos meses antes y que carecía de expertise en la materia, por lo que vio la asignación como un probable favorecimiento.
El Poder Legislativo también recibió una recomendación para que implemente mecanismos que demuestren que garantiza el cumplimiento normativo y privilegia la competencia en la asignación de contratos, porque reportó bajo la modalidad de licitación pública sólo el 2.5 por ciento de sus procedimientos; Invitación a cuando menos 3 proveedores, el 17.3 por ciento, mientras que las adjudicaciones directas ascendieron al 80.2 por ciento.
De lo anterior –dice la ASF– se desprende no se aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
De igual forma, en la auditoría 788, el órgano inspector identificó que el Congreso del Estado de Colima pagó más de 2 millones de pesos para servicios “Profesionales Independientes de Asesoría”, pero, con base en el Pliego de Observaciones 2024-A-06000-19-0788-06-01, no hay evidencia de entregables que comprueben que estos servicios pagados y parte de un contrato, en realidad se hayan realizado.
Además de estas posibles irregularidades en el ejercicio del presupuesto, la Auditoría Superior de la Federación detectó, en estos Congresos, casos de pagos excesivos.
En Colima, en el Legislativo hubo pagos por 141 mil 627.67 pesos a un trabajador durante el periodo en el que se encontraba con licencia sin goce de sueldo.
En este tenor de asignaciones que fueron revisadas como parte de la cuenta pública 2024, también se menciona a Yucatán: la ASF sostuvo que hubo servicios de consultorías, asesorías y auditoría sin comprobación, pero que ascendieron a más de 2 millones de pesos.
De nueva cuenta, según el Pliego de Observaciones 2024-A-31000-19-2134-06-001, al no haber evidencia de lo contratado, implica un riesgo de probable simulación de servicios, situación por aclararse.
Yucatán remuneró a 228 trabajadores, en los conceptos de Sueldo, Compensación, Compensación Extraordinaria, Compensación de Aguinaldo, Compensación de Prima Vacacional, Estímulos en Concepto de Antigüedad, Prima Vacacional y Ajuste de Aguinaldo, con 4 millones 425 mil 627.17 pesos, pero la ASF constató que la cantidad excedía los importes autorizados, por lo que la ASF pidió la comprobación de esos 4.4 millones de pesos, por lo cual está pendiente de dictaminarse.
@axelchl
Pedro Celorio Marcín pasó de producir fertilizantes en Pemex a construir casas en INFONAVIT. Es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, al igual que su jefe, Octavio Romero Oropeza.
El mandatario estatal señaló que Sonora registra una disminución histórica en el promedio diario de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a abril de 2026, lo que refleja el resultado de la estrategia de seguridad coordinada entre los tres niveles de gobierno.
“Nos reúne el dolor profundo que deja la partida de una mujer cuya vida estuvo marcada por la vocación de servicio y una profunda convicción de justicia". Palabras en honor de Oyuky Ramírez, la magistrada que murió protegiendo a su bebé de las abejas.
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén se encuentra en un punto muerto, marcada por la falta de capturas y una profunda contradicción institucional tras revelarse que la versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa fue un montaje deliberado. A pesar de que la evidencia forense desmintió el supuesto asalto en una gasolinera y ubicó el crimen en la misma finca donde fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada, la gestión actual de la FGR ha evitado vincular penalmente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, limitándose a mantener el expediente "en integración" mientras las acusaciones de corrupción vertidas por la víctima antes de morir y las irregularidades en la escena del crimen siguen alimentando un escenario de impunidad prolongada
