Cárteles mexicanos amplían negocio en contrabando de cigarros y mercancías ilícitas, alertan especialistas

Los cigarrillos se han convertido en uno de los productos más funcionales para estas estructuras criminales, dicen especialistas. En la imagen, destrucción de cigarros por parte de Aduanas.

EMEEQUIS.– Investigadores advierten que el comercio ilegal de tabaco, productos falsificados y mercancías de contrabando ya no es un delito periférico, sino una pieza funcional de las finanzas del crimen organizado en México y la región.

El contrabando de cigarros y de otros productos ilícitos se ha convertido en una ruta cada vez más útil para las organizaciones criminales que operan en México, no solo como negocio paralelo, sino como mecanismo de lavado de dinero, control territorial y diversificación de ingresos, de acuerdo con especialistas.

En entrevista para EMEEQUIS, el general retirado Juan Carlos Buitrago, líder de Strategos BIP y uno de los principales investigadores del fenómeno en América Latina, advirtió que el narcotráfico ha encontrado en el comercio ilícito una vía menos riesgosa y altamente rentable para ingresar recursos a la economía formal. A su juicio, ya no se trata solo de drogas: el crimen organizado se mueve también en la falsificación, la evasión fiscal, el contrabando y la distribución de mercancías legales e ilegales.

“Los cigarrillos se han convertido en uno de los productos más funcionales para estas estructuras: dejan altas utilidades, tienen menor riesgo y permiten lavar dinero con mayor facilidad”, sostuvo Buitrago, al explicar que las redes criminales aprovechan puertos, fronteras porosas, zonas de comercio popular y cadenas de distribución para insertar estos productos en el mercado.

Por su parte, Juan Ruiz Galán, jefe de operaciones de la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis de Comercio Ilícito (CIMA), explicó que en México la participación de los grupos criminales cambia según el eslabón de la cadena. Dijo que, en algunos casos, el control inicia desde el ingreso de materia prima o de contenedores; en otros, pasa por la manufactura irregular, la subdeclaración fiscal, la distribución tercerizada o el control de la venta al menudeo en zonas dominadas por grupos criminales.

Según Ruiz Galán, uno de los puntos más sensibles es el puerto de Manzanillo. Ahí, explicó, la influencia territorial y logística del Cártel Jalisco Nueva Generación vuelve estratégica la entrada de cargamentos procedentes de Asia, incluidos cigarros falsificados o mercancía mal declarada. En la entrevista detalló que una de las rutas detectadas parte de Camboya, donde operan decenas de fábricas que falsifican marcas internacionales, y que la mercancía suele ingresar con documentos alterados o con una clasificación arancelaria distinta, como si se tratara de juguetes, sandalias o papel.

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La preocupación no es menor. En noviembre de 2022, la Agencia Nacional de Aduanas de México informó la destrucción de 23.7 millones de cigarros ilegales asegurados en Manzanillo y reportó que, entre enero y agosto de ese año, las aduanas del país habían decomisado 49.8 millones de cigarros, con una evasión fiscal estimada en 350 millones de pesos. La propia ANAM señaló entonces que los cigarros ilegales representaban casi 20% del mercado nacional. 

Más recientemente, en enero de 2026, autoridades federales en coordinación con agencias extranjeras aseguraron 20 toneladas de cigarros apócrifos provenientes de Asia vía aérea. La carga, según el reporte, declaraba transportar otros productos y se mezclaba con mercancía legal, pero en realidad ocultaba cigarrillos valuados en más de 70 millones de pesos. 

Para los investigadores, el fenómeno no termina en la importación. Ruiz Galán sostuvo que en zonas del país bajo influencia criminal el negocio se traduce también en control comercial: hay regiones donde los grupos deciden qué marcas pueden venderse, qué productos pagan “derecho de piso” y cuáles deben circular de manera obligatoria. En lugares como Tepito, dijo, la lógica no se reduce al cigarro: se extiende a mercancía falsificada, licor, ropa, calzado y otros bienes que pasan por redes informales de comercialización.

Buitrago añadió que el patrón observado en México tiene similitudes con lo documentado en Colombia, Panamá, Guatemala y otros países de la región: las mismas rutas utilizadas para mover droga sirven para introducir cigarros, licor y mercancías de contrabando. En otras palabras, la geografía criminal funciona como una navaja suiza: un mismo corredor sirve para varias economías ilícitas.

La conexión entre productos falsificados y crimen organizado ha sido documentada también por organismos internacionales. En noviembre de 2024, Interpol informó que una operación en Sudamérica permitió desarticular en Brasil una organización que había traficado más de 250 millones de dólares en cigarros falsificados, usando documentos e invoices falsos, y vinculada además con lavado de dinero. El organismo subrayó que la falsificación y la piratería no operan aisladas, sino conectadas con corrupción, tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada. 

A esta trama se suma otro ingrediente: el mercado negro abierto por prohibiciones y vacíos regulatorios. En México, por ejemplo, el debate legislativo reciente sobre vapeadores ha incorporado la advertencia de que la prohibición de esos productos ya está siendo aprovechada por redes criminales. El reporte de sociedad civil “Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado” revela cómo al menos siete cárteles mexicanos ya hacen de este mercado ilegal una fuente estratégica de financiamiento. Un documento legislativo de noviembre de 2025 retomó estimaciones del Colegio de México según las cuales el mercado ilegal de productos derivados de la nicotina supera los 26 mil millones de pesos anuales, con pérdidas fiscales multimillonarias y control criminal sobre parte del circuito clandestino. 

Para Buitrago, la respuesta institucional sigue siendo fragmentada y, en no pocos casos, demasiado cómoda para los corruptos. Aseguró que la falta de cooperación entre países, la debilidad en aduanas, la captura de funcionarios y la ausencia de inteligencia compartida en tiempo real permiten que el negocio siga creciendo. El problema, dijo, no se resolverá solo con decomisos, sino con investigación financiera, coordinación transnacional y combate frontal a la corrupción en los puntos donde el Estado se vuelve poroso.

La advertencia de fondo es incómoda, pero clara: el crimen organizado en México ya no necesita presentarse solo con fusiles, convoyes o cocaína. A veces llega en contenedor, con declaración falsa, apariencia de mercancía legal y destino de tiendita de esquina. Y eso, justamente por su normalidad aparente, lo vuelve todavía más peligroso.