Rocha Moya asegura que atenderá el llamado de la FGR para comparecer por acusaciones de narcotráfico.
Carta de Morena en defensa de Raúl Castro levanta polémica en Estados Unidos por estar sin firmas.
La FGR aclara que también llamó a declarar a Rubén Rocha Moya, no sólo a Maru Campos. El primero por las acusaciones de narcotráfico y la segunda por los agentes de la CIA.
FGR cita a Maru Campos por incursión ilegal de agentes de la CIA. “A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ¿verdad?”, se queja la gobernadora.
Rocha Moya asegura que atenderá el llamado de la FGR para comparecer por acusaciones de narcotráfico.
Eran para reparar vialidades. La alcaldía no acreditó el uso completo de los recursos. Fue un contrato de “sobre único” de 81 millones de pesos. Crolsa lleva 115 millones. en asignaciones en las gestiones de Santiago Taboada y Luis Mendoza. Pertenece a una exfuncionaria del STC Metro y funciona desde un departamento habitacional en Insurgentes Sur. Los implicados no presentaron postura.
Rocha Moya asegura que atenderá el llamado de la FGR para comparecer por acusaciones de narcotráfico.
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El alcalde Mendoza y sus cuentas por aclarar. Foto: Cuartoscuro.
EMEEQUIS.― A la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se le “perdieron” 51.86 millones de pesos provenientes de partidas federales, en un contrato con Crolsa, una constructora que pertenece a Claudia Adriana Pérez Ramírez, quien fue funcionaria operativa del Sistema de Transporte Colectivo Metro hasta el año 2022.
El presunto desfalco fue detectado por una Auditoría de Cumplimiento practicada de manera presencial por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinó que el ejercicio de los recursos de partidas federales asignados en 2024, destinados a repavimentación de vialidades secundarias, no fue acreditado por la entidad fiscalizada.
El contrato para la ejecución de dichas obras fue celebrado con la empresa CROLSA, según rastreo de EMEEQUIS, y de acuerdo con documentos notariales, pertenece a Pérez Ramirez, servidora pública en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, al menos hasta 2023; al empresario Miguel Ángel Mendoza, y en la que es apoderado el abogado Alejandro Vázquez Pineda, quien también representa a otras firmas contratistas de Benito Juárez.
Crolsa ha facturado de 2018 a la fecha, de acuerdo con datos de las plataformas de transparencia, alrededor de 200 millones de pesos con la alcaldía que han conducido sucesivamente Santiago Taboada y Luis Mendoza Acevedo en el periodo.
Según las conclusiones de la entidad fiscalizadora, la alcaldía a cargo del panista Luis Mendoza Acevedo, no pudo “proporcionar las cuentas por liquidar certificadas y no acreditar el beneficio a la población objetiva del fondo del contrato número ABJ-LP-030-2024” por el monto ya señalado.
Digno de observación es el hecho de que CROLSA tiene otros contratos con la alcaldía Benito Juárez, y con otros gobiernos panistas de la capital del país, que fueron identificados por este medio informativo.
EMEEQUIS solicitó, por separado, la postura de la Alcaldía Benito Juárez y de Crolsa, sin que hubiera respuesta al cierre de edición.
Es preciso mencionar que, tras las observaciones de la ASF, se abre un periodo para solventar las observaciones, en el que la dependencia tiene la oportunidad de acreditar las carencias señaladas por el órgano fiscalizador.
La Auditoría de Cumplimiento 2024-D-09014-19-0700-2025, practicada a la alcaldía Benito Juárez, dentro de la revisión de los recursos de origen federal de la Cuenta Pública 2024,
detectó irregularidades en la mitad de cada peso gastado por la entidad auditada, dentro del espectro presupuestal que seleccionó para revisar.
Seleccionó una muestra constituida por de 109.37 millones de pesos de gasto, proveniente de transferencias federales. Detectó cuatro contratos que merecieron observaciones. Los tres primeros fueron:
DGAyF/R-035-A03/2024, respecto del cual, la alcaldía “no presentó documentación justificativa y comprobatoria del gasto consistente en los resguardos colectivos completos y el reporte fotográfico que haga referencia a las herramientas que se mencionan en dichos resguardos”.
DGAyF/R-032-A03/2024, relacionado con la compra de vehículos, sobre el cual el ente fiscalizador señaló “la falta del reporte fotográfico de las unidades adquiridas que incluya los números de serie y que acredite la puesta en operación de los vehículos”.
ABJ-LP-006-2024, en relación con el cual, la alcaldía no pudo comprobar la existencia del “contrato de la cuenta bancaria pagadora, las transferencias bancarias, los estados de cuenta bancarios y las cuentas por liquidar certificadas”.
Pero el más opaco resultó ser el ABJ-LP-030-2024, del que tampoco hay cuentas por liquidar certificadas, que “no acreditar el beneficio a la población objetiva”, por los casi 52 millones de pesos señalados, “pendientes de aclaración”.
Esta circunstancia, subraya la ASF, “generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 51,868.9 miles de pesos, que representó el 47.4% de la muestra auditada”.
El contrato ABJ-LP-030-2024 se asignó por licitación “de sobre único” el 20 de julio de 2024, y señala los fondos de procedencia con que se habría sufragado:
“Caso: 061 Folio: 0228; Fondo 25P640: Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2024- Original de la URG; Fondo 25P140: Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2024-Original de la URG; Caso: 066 Folio: 0229; Fondo 261643: Etiquetado recursos estatales-fiscales-fondo adicional de financiamiento de las alcaldías-2024-liquida de recursos adicionales de principal. (FAFIA)”.
El objeto del contrato fue “la rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez (Cuadrante III y IV). El monto total del contrato fue de 81.14 millones de pesos.
De acuerdo con el instrumento notarial No. 19732 registrado ante la fe del abogado Antonio López Aguirre, titular de la Notaría 250, radicada en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CROLSA fue fundada el 4 de agosto de 2016 por Miguel Ángel Mendoza Gómez ―accionista mayoritario― y por Claudia Adriana López Ramirez, funcionaria del STC Metro.
Declararon como propósitos principales la comercialización de “toda clase de productos industriales y comerciales, por cuenta propia o ajena, en la República Mexicana o en el extranjero”, “servicios administrativos, de estudios de mercado, de asesoría en materia de comercio exterior, de tráfico de mercancías, de comunicación, de supervisión en controles de calidad publicitarios y promocionales”; “servicios profesionales y técnicos de cualquier naturaleza”, “servicios en espectáculos culturales y deportivos y artísticos”, “servicios de limpieza, jardinería y fumigación y compra venta, distribución o comercialización de artículos de limpieza, jardinería y fumigación”, así como servicios de “construcción y remodelación, asesoría, instalación, supervisión y mantenimiento”.
Quedó como responsable del Órgano de Vigilancia de la Empresa “Diana Patricia Castañeda Méndez”, en la actualidad también funcionaria, pero en la demarcación de Coyoacán, y también contratista en otras dependencias.
Actualmente, el apoderado de CROLSA es Alejandro Vázquez Pineda, que a su vez es apoderado de otras empresas que facturan con Benito Juárez y otras alcaldías capitalinas.
Uno de los detalles que mayor atención despierta, es la dirección declarada por la constructora, que es un departamento habitacional en la Colonia Del Valle de la Ciudad de México, y que la versión del contrato no oculta o testa: -insurgentes Sur Número 568.
Pero también el desempeño en el servicio público de la co propietaria de la firma, Claudia Adriana López Ramirez, que al menos hasta diciembre 2023 aparecía en plataformas digitales del gobierno capitalino como “Ayudante Administrativo A”.
Y es que al menos desde 2018, Crolsa ha conseguido al menos 115 millones de pesos en un ramillete de contratos con la Alcaldía Benito Juárez, y decenas de millones más con otras demarcaciones.
2018
Contrato R – 28
Adjudicación Directa
Objeto: Compra de pintura de tráfico
Monto: 2.49 mdp.
(más una ampliación cuyo monto de exhibe la PNT)
2020
Contrato: ABJ-LP-0192020
Licitación
Objeto: Rehabilitación del Mercado No. 113 “Independencia”
Monto: 24.94 mdp.
:
2021
Contrato: ABJ-AD-029-2020
Adjudicación Directa
Objeto: Rehabilitación del Mercado No. 113 “Independencia”
Monto: 1 mdp.
Contrato: ABJ-LP-003-2021
Licitación
Objeto: Rehabilitación del Mercado No. 113 “Independencia”, Tercera Etapa
Monto: 3.97 mdp.
2024
Contrato: ABJ-LP-030-2024
“Litación de sobre único”
Objeto: Rehabilitación y mantenimiento de vialidades secundarias (Cuadrante II y IV)
Monto: 81.14 mdp.
2025
Contrato DGAyFR-005-A03/2025
Adjudicación Directa
Rehabilitación del Mercado No. 113 “Independencia”
Monto: 400,000 pesos
Contrato DMA-11-A04/2025
Adjudicación Directa
Objeto: Servicio de fumigación
Monto: 400,000 pesos
Señores funcionarios de Alcaldía Benito Juárez:
Se consigna en la nota aludida, con toda precisión, que se trata de un proceso en desarrollo, respecto de lo observado por la ASF. En cuanto a la empresa y detalles expuestos, no se advierte aclaración. Sobre las opiniones que ofrecen, omito todo comentario. Habría sido oportuno que comentaran cuando les consulté. Guardaron silencio.
Respetuosamente,
Esteban David Rodríguez
@estedavid
Rocha Moya asegura que atenderá el llamado de la FGR para comparecer por acusaciones de narcotráfico.
Carta de Morena en defensa de Raúl Castro levanta polémica en Estados Unidos por estar sin firmas.
La FGR aclara que también llamó a declarar a Rubén Rocha Moya, no sólo a Maru Campos. El primero por las acusaciones de narcotráfico y la segunda por los agentes de la CIA.
FGR cita a Maru Campos por incursión ilegal de agentes de la CIA. “A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ¿verdad?”, se queja la gobernadora.
