Guardería ABC: “Nos siguen revictimizando”. Piden que el caso vuelva a la Suprema Corte

EMEEQUIS.– Héctor es un estudiante de bachillerato y atleta galardonado. Hace tres años consiguió representar a Sonora y ganó un campeonato estatal de Taekwondo. 

Él ha interiorizado que, para lograr sus metas, tiene que dar un doble o un triple de esfuerzo, porque a diferencia de sus otros compañeros, su cuerpo tiene lesiones de gravedad desde que era un niño, causadas por quemaduras en todo su cuerpo. 

Héctor Manuel Robles Villegas fue uno de los más de 100 niños que resultaron heridos en el incendio, en junio de 2009, de la Guardería ABC del IMSS en Sonora. Donde también perdieron la vida 49 infantes. 

“De los hombres que sobrevivieron, mi hijo es el más afectado. Ya lleva más de 30 cirugías y sigue en proceso”, cuenta su madre, Adriana Villegas, en entrevista con EMEEQUIS. Afirma que a pesar de “los años y los daños”, formaron a Héctor para tener una vida normal y atravesar todas las adversidades. 

Se mantiene en revisiones médicas frecuentes, pero las lesiones en su cuerpo no han sanado en su totalidad. En su niñez tuvo que enfrentarse a cirugías reconstructivas para sobrevivir. Cuando tenía 4 años, tuvieron que injertarle piel en el 60% de su cuerpo, utilizando tejidos de extremidades que no estaban tan afectadas por el fuego, como pecho, espalda y glúteos. 

“Ambos brazos, todos completos hasta la punta del dedo, se los volvieron a reconstruir, y ambas piernas, desde muslos hasta tobillos, empeines. El rostro tiene 60% injertado hasta el cráneo”, explica su madre en entrevista. “Todo su cuerpo está transformado, pero seguimos”, dice. 

Héctor ahora tiene 16 años y está a dos años de cumplir la mayoría de edad en México (18). Pese a que su tratamiento especializado lo sigue en Estados Unidos, teme que al cumplir los 21 años (mayoría de edad en Estados Unidos) pierda su derecho a la salud. 

“Va a ser atendido en los hospitales Shriners en Sacramento California hasta sus 21 años de edad, que es la mayoría de edad en Estados Unidos. Después nosotros tenemos que buscar atención porque todavía van a seguir pendientes cirugías plásticas reconstructivas”, asegura su madre 

Es por ello que las familias de los menores afectados solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reapertura del caso para establecer planes de reparación justos y aplicables para todos y todas las sobrevivientes del incendio. 

“Pedimos a la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, que atraiga nuevamente los casos, porque hemos sido revictimizados por el Poder Judicial Federal”, asegura el abogado Noé Franco Pacheco, quien lleva representación de algunas familias de las víctimas. 

Refiere que pese a que existen instrucciones del máximo tribunal de justicia, en el Poder Judicial aún se niegan a aplicar las disposiciones de reparación a todas las familias afectadas, haciendo un “trato diferenciado”. Sólo los afectados a quienes se les otorgó un amparo por la SCJN pueden tener beneficios completos de salud y educación.  

Héctor continúa recibiendo atención médica. Fotos: Especial.

SIN PLANES REPARATORIOS HOMOLOGADOS

El caso de Héctor llegó a la Suprema Corte de Justicia, como otros cinco casos en lo que se pedía homologar los criterios de reparación para todas las víctimas, respecto al acceso a la salud y educación para los menores. Sin embargo, se quedó estancado en un juicio administrativo. “Ahí se quedó el caso, ahora está en hoyo negro”, asegura Adriana Villegas, madre del adolescente. 

Todos los otros niños, niñas y trabajadores adultos sobrevivientes del incendio, por decreto presidencial otorgado en el sexenio de Felipe Calderón, deberían acceder a una atención médica vitalicia para resarcir los daños provocados por el incendio. 

“Ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este beneficio será aplicable a los padres de los menores a que se refiere el artículo segundo de este Decreto”, se lee en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en julio de 2010.

En otro apartado se establece que se deberá garantizar “ayuda para la educación de los menores que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo de este artículo para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República Mexicana”. 

La realidad es muy distinta. A casi 14 años del incendio (5 de junio de 2009), acceder a la salud y educación de los menores, “es un peregrinar para las víctimas estarse peleando con el IMSS para que les ayuden”, asegura el abogado victimal, Noé Franco Pacheco.

“Somos más de 160 familias, entre personal administrativo que ahí laboraba, entre los niños fallecidos, niños con lesiones visibles y con lesiones internas. Creímos que por ser un grupo grande iban a tomar acción rápida y la realidad es que a una misma tragedia nos han dado trato diferenciado. Ya vamos a 14 años de tratar de acceder a la justicia”, cuenta la madre de Héctor Villegas. 

Antes de existir una política pública enfocada en las víctimas, como lo establece desde 2013 Ley General de Víctimas, para el caso de la Guardería ABC se habían establecido planes de reparación del daño carentes; razón por la que los casos fueron enviados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Durante los años de 2019, 2020 y 2021 se atrajeron seis casos por parte de ministros de la Corte para verificarlos y resolver en atención a las familias y sobrevivientes afectados. Los Proyectos de Amparo  en revisión 1133-2019, 330-2020, 393-2020 que fueron atraídos por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Decidió hacer unos planes de reparación más apegados a derechos y al ser una resolución del Máximo Tribunal, deberían ser acatados y aplicados en igualdad”, explica el defensor Franco Pacheco. 

Sin embargo se encontraron con que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa fue omiso en acatar la normativa, que al ser votada por mayoría por los ministros, tendría que ser aplicada de manera forzosa por parte del Poder Judicial. Hasta el día de hoy sólo las familias con amparo reciben la atención completa, pese a que debería ser aplicada a todos los afectados por igual. 

“Al día de hoy podríamos decir que 7 a 8 familias tienen un cúmulo de atención conforme a estándares internacionales, todas las demás es un peregrinar y revictimización acceder a sus derechos”, dice el abogado. 

La razón por la que no todos los casos que se presentaron fueron aprobados a la Corte fue porque “ellos iban a admitir criterios fijos aplicables a todos los casos. Tenían la esperanza de que con las consideraciones que emitieron, los Juzgados los aplicarían”, explica el defensor. “Tendría que aplicarse de manera igualitaria, de lo contrario estamos generando un acto diferenciado a personas que sufrieron el mismo hecho victimizante”. 

EL CASO, OTRA VEZ EN LA SUPREMA CORTE 

Cada verano, Héctor tiene que pausar sus estudios y acudir de dos a tres meses a consultas y valoraciones médicas en Estados Unidos y en la Ciudad de México. 

Sus familiares, y las familias de todos los sobrevivientes tienen claro que, conforme vayan creciendo, también más afectaciones de salud pueden hacerse visibles. 

“No solamente fueron las lesiones físicas externas, también internas. Héctor tiene afectación pulmonar tremenda, fibrosis y callosidades en los pulmones. Tiene que ir cada tres meses a hacerse estudios con el neumólogo. Su visión, por esa quemadura de córnea que tuvo, él se quita los lentes y no ve absolutamente nada”, cuenta Adriana Villegas sobre su hijo. 

Desde que sobrevivió al incendio de la Guardería ABC, ella se pregunta qué pasará con su hijo en el futuro. Cuando sea un adolescente, cuando llegue a la edad adulta. Al igual que otros afectados, temen que con los cambios de gobierno, también se pause su acceso a salud y rehabilitación. 

“Cada administración que llega, tenemos que ir y pelearnos por derechos que ya están dados (…) Ellos tratan de aminorar los gastos y cuidar sus recursos, pero no están viendo el daño que hicieron”, cuenta la madre del menor.

El decreto que les da acceso a salud y educación, también ha sido validado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Víctimas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sin embargo, ante la designación desigual de beneficios médicos, deben recurrir de nueva cuenta para que se obligue al Poder Judicial el acatar las normas. 

La defensa de las familias presentó ante la Corte una petición de audiencia con la recién nombrada magistrada presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, para que “escuche a las víctimas de manera directa, su peregrinar todos los días en Hermosillo para conseguir las atenciones que por derecho les corresponden”, explica el abogado Noé Franco.  

Este proceso podría tardar de uno a dos años. Primero se requiere la solicitud de facultad para que algún ministro tome el proyecto del caso, posteriormente será analizado por un Tribunal Colegiado.

Por la tardanza que puede ameritar el trámite, las familias temen que al llegar a la mayoría de edad, a los afectados se les retiren las garantía de rehabilitación y acceso a la salud en hospitales privados, ya que saben que el IMSS “institucionalmente no tienen los recursos”, como asegura la madre de Héctor, quien requiere tratamientos especializados en injerto de piel. 

“Tenemos la esperanza de que la Ministra Norma Piña nos reciba. Ella es quien tiene la última palabra (…) “Ya necesitamos descansar, nos queremos quitar a la ABC de encima. Nos siguen revictimizando”.  

@GloriaPE_

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