Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex reconoce riesgos operativos por pagar refacciones que no eran
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
EMEEQUIS.– Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoce que hay riesgos operativos en sus instalaciones del sureste por pagar refacciones y recibir unas distintas en los equipos dinámicos y auxiliares utilizados en el transporte y distribución de hidrocarburos.
Documentos oficiales en poder de EMEEQUIS, exhiben cómo Pemex admite que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
Los equipos dinámicos comprenden principalmente bombas centrífugas, compresores, turbinas y motores rotativos, cuya función es mantener el flujo continuo de crudo, gas y fluidos de producción desde los pozos hasta las plantas de separación o tratamiento. Los equipos auxiliares brindan el respaldo técnico y operativo necesario para garantizar la seguridad, eficiencia y confiabilidad del proceso.
Portada de la auditoría interna.
La adecuada operación de estos equipos es fundamental para mantener la integridad de los sistemas de producción y transporte, así como para evitar pérdidas de producto, riesgo de seguridad industrial y afectaciones al medio ambiente.
De la revisión de dos contratos se dice en el documento que “se detectaron inconsistencias entre los equipos pagados y los efectivamente instalados, así como la falta de documentación que acredite pruebas de arranque, aceptación y cumplimiento integral de los alcances contractuales, lo que representa riesgos operativos y de cumplimiento”.
LOS CONTRATOS
Pemex suscribió dos contratos para trabajos de mantenimiento, rehabilitación, reconfiguración y acondicionamiento de los equipos dinámicos y equipos auxiliares utilizados en las actividades de transporte y distribución de hidrocarburos en la Región Sur.
La investigación interna se realizó del 8 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2025, es decir durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Se practicó una auditoría en la Dirección de Exploración y Extracción (DEE) a través de la Subdirección de Extracción Regional Sur (SERTS) y la Subdirección de Mantenimiento Estático y Logística.
Los auditores revisaron el contrato 645013801 con la empresa Industria Regiomontana Quantron S.A. de C.V. por 192.4 millones de pesos para servicios de rehabilitación a equipos dinámicos e instrumentos de los Activos de Producción pertenecientes a la Subdirección de Producción Región Sur.
En la Estación de Comprensión Rabasa se suministraron e instalaron diversos equipos que, a la fecha de la revisión, no se encontraban en sitio ni en operación.
Los equipos no estaban en el lugar.
El área auditada proporcionó evidencia fotográfica y documental de que dichos componentes fueron instalados en su momento y posteriormente retirados para su resguardo en instalaciones del proveedor, sin embargo, no se localizaron registros técnicos, administrativos o logísticos que acreditaran de manera fehaciente los movimientos efectuados, las causas específicas de su retiro ni las acciones posteriores realizadas.
“Esta situación genera diversos riesgos, entre los que destacan la posibilidad de robo, extravío, uso indebido, deterioro prematuro, resguardo inadecuado, pérdida de garantías, así como dificultades para la identificación de responsabilidades y potenciales afectaciones patrimoniales y administrativas, al no contar con controles que permitan asegurar, en todo momento la localización como el estado físico y la condición funcional de los bienes”, se expone en la investigación.
En las conclusiones se detectaron inconsistencias entre los equipos pagados y los instalados.
Y se analizó el contrato 645000602 con Energycocomex S.A.P.I. de C.V., P.S.I. Procesos Soluciones Integrales S.A. de C.V. y Sinohydro México S.A. de C.V. por 1,667 millones de pesos por el suministro y puesta en operación motocompresores marca Caterpillar Ariel para el activo de producción Cinco Presidentes de la Subdirección de Producción Región Sur.
“Se identificó el suministro refacciones cuya naturaleza no se encuentra plenamente alineada con la ejecución de un servicio de rehabilitación como tal”.
Además en la Subdirección de Extracción Región Terrestre Sur, para contratos relacionados con motobombas y equipos dinámicos para el manejo de crudo y agua congénita, “se identificaron debilidades en el control técnico y administrativo durante la ejecución del mantenimiento, principalmente por la inclusión y pagos de refacciones ya consideradas dentro de los alcances de rehabilitación, así como la emisión de órdenes adicionales sin contar previamente con inspecciones técnicas que acreditaron su necesidad”.
Se expone que en el contrato referente al suministro, instalación y puesta en operación de motocompresores y sistemas auxiliares, en el ámbito de competencia de la Subdirección de Mantenimiento Estático y Logística, se detectaron y deficiencias en la acreditación de la instalación, integración y puesta en operación de equipos, incluyendo sistemas de telemetría y monitoreo considerados en los precios unitarios, sin evidencia de su funcionamiento en sitio.
Se recomendó fortalecer la supervisión, control y seguimiento de las obligaciones contractuales, “a fin de asegurar que el suministro, rehabilitación y acondicionamiento de los equipos dinámicos se realiza conforme a los alcances pactados y contribuyan a la confiabilidad operativa de las instalaciones”.
Así las instalaciones de Pemex con los dos gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) están en un riesgo latente, al no recibir el mantenimiento adecuado, ni la refacciones necesarias para la puesta en operación.
En los últimos meses, Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha visto involucrado en múltiples accidentes, derrames y explosiones, concretamente en sus refinerías y plataformas, a menudo atribuidos a la falta de mantenimiento. Incidentes en 2026 incluyen una explosión con cinco fallecidos en la Refinería Olmeca (Dos Bocas) y un incendio en la Refinería de Tula que la paraestatal intentó negar a pesar de las evidentes imágenes que circularon en redes sociales. Fue “incidente menor con presencia de humo”, dijo la paraestatal.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
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