La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Se encendió el debate en el Senado. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Tras el escándalo por los dos agentes de la CIA muertos en Chihuahua, la bancada de Morena señaló que la gobernadora Maru Campos podría haber cometido el delito de traición a la patria.
El morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó: “Lo anterior puede constituir en delito de traición a la patria, ilícito previsto en el Artículo 123 del Código Penal Federal; por ello, corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representación federal y defensor del pacto constitucional establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional, debe ser investigada exhaustivamente, y en su caso, dar a lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales”.
‼️EXTRA‼️Lo ocurrido en Chihuahua con agentes de la CIA encaja con el delito de “Traición a la patria”, dice el morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del @senadomexicano
Por su parte, la senadora Lilly Téllez insultó a los legisladores oficialistas: “Pero qué burdos, sólo querían lincharla, y aquí aplica perfectamente algo, aquello de que no hay que dejarle perlas a los cerdos; felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos, qué bueno que no cayó en la trampa Maru Campos”.
El morenista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, también se fue en contra de Campos: “La valiente maestra que iba a darnos clases de combate al narcotráfico no llegó, y antes de que llegara el comunicado oficial al Senado de la República, nos enteramos del mercachifle de Ciro Gómez Leyva que la gobernadora de Chihuahua no asistiría a la invitación que se le había realizado”.
“En su escrito hay una confirmación de la grave responsabilidad de la gobernadora en los hechos, y en su ausencia, está retratada el desacato político, el desdén, la incompetencia y el fracaso de su gobierno brinda a la República”.
“Entraron en el tobogán de las mentiras, en el tobogán de las contradicciones, y luego escondite de la gobernadora”, agregó.
Malú Micher, de Morena, propuso dos vías para lo sucedido: “La penal, de la Fiscalía General de la República, o el juicio político por parte de la Cámara de Diputados; si la Cámara de Diputados se erige como la autoridad que es, puede declarar el juicio político, y luego, darnos cuenta a nosotros, al congreso, y luego, darle esa información al congreso local de Chihuahua para que desafore a la señora y se venga todo un juicio político en su contra”.
🚨 FGR O JUICIO POLÍTICO: DEFINEN RUTA PARA MARU CAMPOS
La senadora Malú Micher planteó dos caminos:
➡️ Investigación penal en la Fiscalía General de la República ➡️ Juicio político en la Cámara de Diputados
Por su parte Ricardo Anaya defendió a la gobernadora: “Quieren echarle la culpa a una gobernadora de oposición, ahora resulta que es responsabilidad de una gobernadora revisar el pasaporte de los extranjeros que ingresan a territorio nacional, ahora resulta que le corresponde a los gobiernos estatales definir qué extranjero entra y qué extranjero no entra al territorio nacional”.
La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, abrió dos investigaciones tras la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua: una por posibles delitos contra la seguridad nacional y otra relacionada con el hallazgo de un narcolaboratorio donde ocurrió el accidente en el que murieron cuatro personas, incluidos dos estadounidenses.
CIUDAD DE MÉXICO, 28ABRIL2026.- Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria en el Senado de la República.
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
La indagatoria federal surgió a partir de información de la fiscalía estatal, que llevaba meses investigando el sitio, así como de declaraciones públicas del fiscal local. Posteriormente se confirmó que no eran dos sino cuatro los ciudadanos estadounidenses involucrados y que pertenecían a la CIA, no a la embajada. El caso ha generado tensiones políticas y la renuncia del fiscal estatal Óscar Jáuregui tras reconocer irregularidades.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
.svg){kind=small}
