Erika Kirk no legisla. Natalia Torres no diseña la política electoral del país. Sus opiniones tienen impacto mediático, sí, pero no fuerza normativa. Son ideas expresadas en espacios de diálogo, conferencias o podcasts y pueden parecer equivocadas, provocadoras o incluso útiles para cuestionar nuestras propias convicciones, pero siguen siendo eso: opiniones. #LaFormaEsFondo por @alejandraconst
Votar o no votar ¿A quién le estamos exigiendo más?
Erika Kirk no legisla. Natalia Torres no diseña la política electoral del país. Sus opiniones tienen impacto mediático, sí, pero no fuerza normativa. Son ideas expresadas en espacios de diálogo, conferencias o podcasts y pueden parecer equivocadas, provocadoras o incluso útiles para cuestionar nuestras propias convicciones, pero siguen siendo eso: opiniones. #LaFormaEsFondo por @alejandraconst
Erika Kirk no legisla. Natalia Torres no diseña la política electoral del país. Sus opiniones tienen impacto mediático, sí, pero no fuerza normativa. Son ideas expresadas en espacios de diálogo, conferencias o podcasts y pueden parecer equivocadas, provocadoras o incluso útiles para cuestionar nuestras propias convicciones, pero siguen siendo eso: opiniones. #LaFormaEsFondo por @alejandraconst
Polémica por influencers. ¿Y los tomadores de decisiones?
POR ALEJANDRA CERECEDO
EMEEQUIS.– Vivimos en una época en la que una declaración en un podcast puede generar más indignación que una propuesta hecha desde una oficina pública. Nos escandalizamos por la opinión de un influencer, pero con frecuencia dejamos pasar iniciativas impulsadas por quienes sí tienen la capacidad de convertir sus ideas en políticas públicas.
En los últimos días, dos influencers pusieron sobre la mesa un tema tan sensible como el derecho al voto. En Estados Unidos, Erika Kirk habló del llamado “voto por hogar”, una propuesta que reabre el debate sobre la participación política de las mujeres.
En México, la abogada y analista política Natalia Torres planteó en un podcast que el derecho al voto debería estar condicionado a contar con un conocimiento mínimo sobre el funcionamiento del Estado. Son posturas polémicas. Y precisamente por eso generaron conversación e inundaron todas las redes sociales.
Podemos estar o no de acuerdo con ambas. En lo personal, considero que la propuesta de Erika Kirk representa un gran retroceso para los derechos políticos de las mujeres. En México conocemos bien la importancia de defender esos avances: basta recordar que alrededor de cuatro de cada diez asuntos que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, de ahí la importancia de fortalecer los mecanismos para la protección de sus derechos político-electorales.
Sin embargo, una cosa es disentir de una opinión y otra muy distinta equipararla con una decisión de gobierno.
Erika Kirk no legisla. Natalia Torres no diseña la política electoral del país. Sus opiniones tienen impacto mediático, sí, pero no fuerza normativa. Son ideas expresadas en espacios de diálogo, conferencias o podcasts y pueden parecer equivocadas, provocadoras o incluso útiles para cuestionar nuestras propias convicciones, pero siguen siendo eso: opiniones.
Hace casi diez años escribí una columna sobre la virtud de la razón para el buen gobierno. Retomaba la visión de pensadores de la antigua Grecia como Platón y Aristóteles y las reflexiones de la teoría política moderna de Montesquieu, John Stuart Mill y Hannah Arendt sobre las cualidades que deberían distinguir a quienes gobiernan.
El debate sobre quién debe votar, cómo debe ejercerse la ciudadanía o qué capacidades requiere una democracia no es nuevo. Ha acompañado a la teoría política durante siglos y seguirá haciéndolo, porque la democracia siempre es perfectible.
Lo verdaderamente preocupante no es que esas discusiones existan, sino desde dónde se impulsan.
Porque mientras buena parte de la conversación pública se concentraba en lo que dijeron dos influencers, desde espacios de poder hemos escuchado propuestas con consecuencias mucho más preocupantes. Mientras el país enfrenta temas relevantes de política exterior, funcionarios utilizan su posición pública para señalar y descalificar a una ciudadana por expresar una opinión distinta. La diferencia es fundamental: un influencer puede influir en una conversación; quien ocupa un cargo público puede influir en la ley, en el presupuesto, en las instituciones y en los derechos de millones de personas.
En democracia es saludable debatir ideas, incluso aquellas que nos incomodan. El problema comienza cuando perdemos de vista quién tiene realmente el poder para convertir esas ideas en decisiones obligatorias para todos.
Tal vez valga la pena preguntarnos si no estamos dirigiendo nuestra indignación hacia el lugar equivocado. Si somos capaces de dedicar días enteros a discutir un comentario en un podcast, pero apenas unos minutos a revisar las iniciativas, las decisiones o los discursos de quienes gobiernan.
Como ciudadanos tenemos derecho a cuestionar cualquier opinión. Pero tenemos la responsabilidad de exigir mucho más a quienes administran recursos públicos, representan instituciones y toman decisiones que afectan nuestra libertad, nuestro patrimonio y nuestros derechos. Porque al final, las opiniones pueden generar tendencias. El poder, en cambio, puede cambiar la realidad.
@alejandraconst
