Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Para Mónica Soto puede ser una asunción igual de compleja como lo fue para quienes la antecedieron en el Tribunal Electoral. Nada indica que la guerra de fuerzas que ahí impera haya terminado.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Las instituciones electorales se están debilitando desde adentro. La escandalosa rebelión en el Tribunal Electoral y la incapacidad para construir acuerdos en el INE son muestras de fragilidades que apenas se habían intuido.
Si bien, en los análisis de riesgo para la elección del 2024, que se elaboraron en oficinas de tomadores de decisiones, se tenía detectada la posibilidad de un cambio en la presidencia de la Sala Superior y las dificultades en el Consejo General como obstáculo para la conducción del proceso electoral, las estimaciones se quedaron cortas ante lo que estaba y está por venir.
A estas hay que sumar las que derivarían de un resultado apretado de la contienda y con autoridades sobre las que los niveles de confianza están lejos de ser los adecuados.
Después de todo, el Tribunal Electoral es la última instancia para la resolución de inconformidades, donde una de sus misiones centrales es la de la pacificación de la lucha por el poder político.
Para mala fortuna, se están configurando los elementos de una crisis que puede ser de la mayor envergadura, la que será todavía más complicada, porque hay actores políticos que nunca han aceptado un resultado adverso.
Se partió de una premisa falsa, y era la supuesta convicción democrática de quienes integran los mandos superiores del TEPJF y el propio INE. No es así, en todos los casos, y sus conductas han revelado una inquietante proclividad por alinearse las presiones del Poder Ejecutivo para cambiar de tajo al sistema democrático y sujetarlo a reglas centralistas, similares a las que existieron antes de la fundación del INE como ente autónomo.
En 2018, el Tribunal Electoral pasó con creces la prueba de la eficacia y recuperó niveles de confianza. Ayudaron los resultados de la contienda, donde los votos se contaron y contaron, pero también la conducción de la Sala Superior de Janine Otálora, una magistrada comprometida con la legalidad y convencida de la independencia con que deben actuar los jueces constitucionales.
Para el 2024 todo se iba encaminando en esa senda, hasta que las irresponsabilidades del Senado de la República, al no designar a las dos magistraturas faltantes, luego del término de los periodos de José Luis Vargas e Indalfer Infante, permitieron que una minoría tomara por asalto la presidencia del Tribunal Electoral y obligara a la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Habría sido muy difícil que la grilla de Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Mónica Soto prosperara ante una integración completa.
A estás alturas, nadie conoce los motivos de supuesta gravedad para sustituir a Reyes Rodríguez, ni se sabrán, aunque una idea provendrá del reparto que hagan los vencedores de los distintos puestos en el organigrama de la institución.
Para Mónica Soto puede ser una asunción igual de compleja como lo fue para quienes la antecedieron. Nada indica que la guerra de fuerzas que ahí impera haya terminado y mucho menos cuando el periodo de la actual presidenta termina en octubre del 2024.
Será hasta febrero, aunque no es seguro, que los senadores darán paso a los nombramientos, pero ya con un calendario más que comprometido y a pocos meses de la cita con las urnas. Es una irresponsabilidad que puede salir muy cara, porque el Tribunal Electoral, entre otras múltiples tareas, realiza el cómputo definitivo, califica si la contienda se realizó de acuerdo con los principios democráticos y entrega la constancia de presidente electo.
Las cargas de trabajo deben ser ya un problema para las ponencias, y lo serán más en las próximas semanas, ante un panorama que, se estima, puede ser litigioso.
Lo más grave, sin embargo, tendrá que ver con las incertidumbres que provienen de una integración de magistraturas que, a estas alturas, se puede considerar fallida.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Xóchitl Gálvez tomó la decisión de utilizar la Inteligencia Artificial generativa. “Xóchitl”, una recreación de ella misma, será su vocera para acortar los tiempos de reacción y dar eficiencia a los mensajes. “Xóchitl” estará en todo momento supervisada por la propia candidata de Fuerza y Corazón por México y por los integrantes de su equipo de comunicación.
Para seguridad y certeza, los contenidos en los que participe la aplicación de IA se transmitirán por los canales oficiales. Una innovación y una apuesta interesante, más aún en esa selva en la que por momentos se pueden convertir las redes sociales.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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