Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
Recortes, nombramientos y el efecto Xóchitl: ¿Qué nos depara el último año legislativo?
Estamos al borde de un año legislativo que promete y mucho. Entre paquetes económicos, reformas y nombramientos, el Congreso tiene en sus manos decisiones que, sin duda, van a repercutir en el día a día de todos nosotros.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
EMEEQUIS.– Al Congreso le queda un año. Y promete ser intenso. Coinciden con el proceso electoral más grande de la historia y el cierre del sexenio de López Obrador. En la lista de pendientes: nombramientos, paquete económico, reformas laborales e iniciativas presidenciales. Y a esto se añade el ‘Efecto Xóchitl’.
PAQUETE ECONÓMICO 2023
Como cada 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presenta a los Diputados el Paquete Económico del año siguiente. Se compone de: 1) Ley de Ingresos 2) Presupuesto Federal 3) Reformas a leyes fiscales.
Varios expertos coinciden en que se presentarán proyecciones muy optimistas en temas como crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, producción petrolera y venta de barriles. Esto es arriesgado si consideramos que no siempre se cumplen esas metas.
Y eso es lo que está pasando con las finanzas de 2023. Para este gobierno, cuando los ingresos públicos caen, lo primero es proteger sus megaproyectos, relegando inversiones esenciales como salud y seguridad.
Los presupuestos de los órganos autónomos estarán bajo el microscopio. El Presidente ha ordenado aplicar la austeridad, y sus legisladores están listos para cumplir. Se prevén ajustes en los gastos del INAI, que estuvo inactivo durante 5 meses, y del INE, que se alista para las elecciones más grandes de la historia. También se habla de recortes en el Poder Judicial, que podrían llegar hasta una tercera parte de su presupuesto.
De acuerdo con el observatorio ciudadano Designaciones Públicas, el Congreso mantiene detenidos el proceso de más de 100 nombramientos, entre los que destacan:
– Tribunales Electorales locales
– Salas regionales del Tribunal Electoral Federal
– INAI
– Tribunal Federal de Justicia Administrativa
– Consejo Consultivo de la CNDH
– Consejo de la Judicatura Federal
– Comisión Nacional de Hidrocarburos
– Instituto Federal de Telecomunicaciones
Y no olvidemos que habrá 2 nuevas vacantes en el Tribunal Electoral Federal este 31 de octubre. Aunque el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, dice buscar consensos, la realidad es que el panorama se ve complicado por el proceso electoral, los desacuerdos entre fuerzas políticas y las divisiones internas en Morena.
REFORMAS PRESIDENCIALES
Hay más de 6 mil 700 iniciativas esperando dictamen en el Congreso. Sin embargo, vivimos en tiempos del presidencialismo. Hasta el momento, el Presidente ha presentado 36 reformas, con 21 aprobadas y 2 rechazadas (Reforma Eléctrica y Reforma Electoral). Entre las que están pendientes:
– Garantizar la libre expresión de ideas de extranjeros (33 constitucional)
– Incluir más enfermedades (como Covid-19) y accidentes laborales en la Ley Federal del Trabajo
– Reformas para evitar y sancionar la fabricación de armas químicas
– Extinción de 18 órganos desconcentrados y descentralizados
– Sanciones por uso indebido de drones (como ataques con explosivos), de 15 a 40 años de prisión
– Reformas administrativas para facilitar la revocación o modificación de permisos y concesiones
Además, el Presidente quiere que ministros y jueces sean elegidos por voto popular. A esto se suman las reformas anunciadas por la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde:
1. Reducir la edad para recibir pensión de 68 a 65 años
2. Pensión universal para personas con discapacidad
2. Elevar el programa Sembrando Vida a rango constitucional
2. Guardia Nacional bajo mando de la Secretaría de la Defensa Nacional
Estas últimas cinco reformas, de carácter constitucional, requieren de mayoría calificada. Es decir, Morena y aliados necesitan de los votos de la oposición. La oposición ha dicho que no votará por la reforma judicial. El PAN anunció recientemente que no dará sus votos para Sembrando Vida. Asimismo, la militarización de la Guardia Nacional fue invalidada por la SCJN al ser inconstitucional.
Sin embargo, las pensiones podrían tener un giro gracias al “Efecto Xóchitl” en el Congreso.
Xóchitl ha defendido los programas sociales durante su carrera. Como senadora, votó a favor de la reforma al artículo 4 constitucional. Ahora, como Coordinadora del Frente Amplio por México, propone garantizar la pensión a mayores de 60 años en zonas de pobreza extrema. Esto podría llevar a un debate más constructivo y a un mayor respaldo de la oposición en reformas sobre derechos sociales.
DERECHOS LABORALES
La jornada laboral de seis días no ha cambiado desde 1917. En abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una jornada laboral de dos días de descanso, reduciendo la semana laboral de 48 a 40 horas. Aunque no hay fecha para su discusión, no aprobarlo sería un golpe político para Morena.
También hay propuestas como el ‘doble aguinaldo’, para aumentarlo de 15 a 30 días, y la ‘Ley Silla’, que garantiza descansos a trabajadores que pasan mucho tiempo de pie. Esta última, presentada por Movimiento Ciudadano, cuenta con el respaldo de colectivos pro derechos laborales.
AÑO COMPLICADO
Así que, aquí estamos, al borde de un año legislativo que promete y mucho. Entre paquetes económicos, reformas y nombramientos, el Congreso tiene en sus manos decisiones que, sin duda, van a repercutir en el día a día de todos nosotros.
Pero, ojo, no podemos ser meros espectadores. La política, aunque a veces parezca un espectáculo lejano, es el tablero donde se juega nuestro futuro. Así que, te invito a que no quites el dedo del renglón. Estemos atentos, cuestionemos, exijamos. Porque, al final del día, esas sillas en el Congreso las ocupamos todos, aunque sea de manera indirecta.
Y si algo he aprendido en este tiempo es que, cuando la ciudadanía se involucra, las cosas pueden tomar un giro interesante.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
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