Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
La utilización de las encuestas como propaganda electoral es cada día más evidente: en algunos casos no se “equivocan”, sino que mienten. El reto es distinguir las casas encuestadoras serias de las “patito”.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– La utilización de las encuestas como propaganda electoral es cada día más evidente, aunque el problema más grave es que con frecuencia se presentan datos falsos para influir en las percepciones de los votantes.
Hace unos meses, en la contienda para la gubernatura del Estado de México, algunas empresas se volaron la barda y fueron sancionadas por el Tribunal Electoral del Estado de México (PES/201/2023).
El castigo no resultó acorde con su falta, porque sus malas intenciones se mostraron con claridad cuando se conocieron los resultados en las urnas, que son lo que en realidad importan, pero para llegar a ellos hay que hacer un largo recorrido.
En abril, el PRI del Estado de México se inconformó con un spot televisivo de Morena (Encuestas DG V2) que contenía la siguiente información sobre casas encuestadoras: 51% para Delfina Gómez y 30 % para Alejandra del Moral, de acuerdo con una medición de Demoscopia; 50% para la aspirante de Morena y 29% para la abanderada del PRI, según Gobernante; Electoralia, por su parte, estableció un 52% para Gómez y un 30% para Del Moral, mientras que Voitia aumentó el rango de 63 % para la morenista y 37 para la priista.
Los datos oficiales de la contienda fueron 52.7% para Delfina Gómez y 44.53 para Alejandra del Moral. 8.17 puntos de diferencia.
En este caso no fallaron las encuestas, mintieron y se utilizó la pauta electoral en los medios electrónicos indebidamente porque las mediciones, como es evidente, no contaron con la metodología que exige la ley. No se cumplió tampoco con la especificación de registrar quién pagó los estudios, aunque algunas de las casas demoscópicas señalaron que ellos asumieron el gasto del ejercicio.
Para evitar sanciones, lo que hizo Morena es “tomar” las encuestas de las páginas electrónicas de quienes las realizaron, a sabiendas de que con ello la autoridad electoral tendría dificultades de establecer una vinculación directa.
El Tribunal Electoral del Estado de México amonestó públicamente a las empresas y les ordenó retirar las publicaciones para evitar que se continuaran difundiendo.
Donde ya no existió castigo alguno fue en la transmisión de los promocionales que contenían mediciones que no cumplían con los requisitos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Pero en la sentencia se estableció que la conducta tuvo incidencia en el proceso local, aunque en teoría no hubo lucro económico.
Si bien los resultados en el Estado de México tienen múltiples explicaciones, como la operación del gobernador Alfredo del Mazo en contra de su propio partido, el despliegue de recursos federales para propiciar el voto por Morena y la participación del crimen organizado, no hay que subestimar la difusión de encuestas falsas o trucadas como un aspecto para el análisis.
El diputado Rubén Moreira anunció que presentará una iniciativa para evitar este tipo de conductas y dotar a las autoridades de mayores dientes para atajar imposturas. El líder del PRI en la Cámara de Diputados afirmó que “empiezan a soltar encuestas para generar en la opinión pública un triunfo o una derrota. Creo que tenemos que regular el tema de las encuestas porque es un asunto de violencia electoral por la manera arbitraria en la que operan para generar la opinión de un triunfo o una derrota”.
Un tema delicado, por supuesto, en el que hay que distinguir entre las casas encuestadoras serias, las que tienen un prestigio ganado a lo largo del tiempo, y las que se inscriben en una suerte de subasta al mejor postor, en marchantes patito, en los Oráculos de Delfos de los que habló Carlos Monsiváis hace ya algunos años.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Sandra Cuevas tuvo la gran oportunidad de quedarse callada. Ya era suficiente su protagónica irrupción en la conferencia donde Adrián Rubalcava se despedía del PRI y ahora anuncia un operativo contra “los políticos oportunistas” en la delegación Cuauhtémoc, en una visión por demás patrimonialista y desproporcionada, no sólo sobre sus atribuciones, sino sobre su propia fuerza en términos electorales. Menuda adquisición está por hacer la 4T y ya se verá si es la dueña de sus votos o requiere, de nueva cuenta, del auxilio y apoyo del senador Ricardo Monreal, víctima indirecta de todo este enredo.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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