Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
Llega otro periodo legislativo: ¿las presiones electorales marcarán la agenda?
¿Sobrevivirá la cláusula de vida eterna a los primeros embates del Senado? También hay otros pendientes legislativos apremiantes, como la elección de los 4 nuevos consejeros electorales, sin olvidar los temas de igualdad de género atorados. Todo esto con las elecciones de Coahuila y Edomex encima.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
EMEEQUIS.–El próximo 1 de febrero inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Serán tres meses de labores legislativas que se empatarán con el proceso electoral en Coahuila y el Estado de México.
Lo primero será resolver los pendientes del Plan B en el Senado. Debido a los cambios de último minuto en diciembre, regresó a la Cámara Alta para cumplir dos mandatos:
1) Enviar al Poder Ejecutivo lo aprobado por ambas Cámaras;
2) Revisar, discutir y votar la eliminación de la cláusula de vida eterna que permite la distribución de votos entre partidos políticos en candidatura común.
Se esperan acciones de inconstitucionalidad en contra del Plan B. Los primeros en impugnar fueron el PAN, PRI y PRD contra el primer paquete de reformas en materia de comunicación social al ser la única que ha entrado en vigor. Otros actores que se sumarán son Movimiento Ciudadano, el Instituto Nacional Electoral (INE), así como algunos órganos electorales autónomos locales.
Vendrá la reanudación del proceso para elegir a 4 consejeros electorales en la Cámara de Diputados. Fue suspendida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ante la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que modifiquen la convocatoria por 3 motivos:
1. La intromisión de la Jucopo en el proceso, pues le compete sólo al Comité Técnico Evaluador;
2. La falta de un proceso exclusivo para elegir al consejero presidente;
3. La falta de mecanismos para garantizar la paridad de género en las 4 quintetas (listas).
No esperemos que la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, acate la resolución del TEPJF. Basta recordar el nulo cumplimiento de las órdenes del Tribunal para garantizar la presencia de los diputados naranjas en la Comisión Permanente.
El proceso electoral sí marcará agenda en el Congreso. En la Comisión Permanente, el pasado 19 de enero, Morena presentó puntos de acuerdo para exigir a los gobernadores del PRI no metan las manos en la elección. Se espera que la oposición haga lo propio para exigir neutralidad al presidente. Podemos esperar que la tribuna de ambas Cámaras sea usada para denunciar irregularidades durante el proceso.
LAS PRIORIDADES DEL PRESIDENTE
La agenda presidencial ha marcado la pauta en los pasados cuatro años, sin embargo, el presidente de la República todavía no define claramente cuáles serán sus prioridades. Aunque existen 3 iniciativas presidenciales pendientes que podrían aprobarse en este periodo.
La primera es la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esta sustituye el Conacyt por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, elimina la participación de universidades privadas, asociaciones y organismos empresariales, elimina la obligación del estado a destinar el 1% del PIB a estos fines, entre otros.
También presentó una reforma a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil. Autoriza a las paraestatales la operación de aeropuertos y aerolíneas. Esto va en sintonía con la intención presidencial de que las Fuerzas Armadas operen una aerolínea propia. Además, permite a permisionarias extranjeras realizar vuelos comerciales entre distintos puntos en territorio nacional, lo que ya activó alarmas en la industria aérea mexicana.
Otra pendiente es la reforma para la protección del espacio aéreo mexicano. Aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados en el último día de sesiones, encarga a las Fuerzas Armadas esta nueva tarea como un asunto de seguridad nacional. En otras palabras, los militares asumen totalmente una labor en detrimento de la autoridad civil.
LA AGENDA DE LAS MUJERES
La agenda de igualdad de género podría hacerse un espacio en medio del debate político-electoral. Unas de las iniciativas que han cobrado fuerza es la tipificación de la violencia vicaria. Ha sido presentada prácticamente por todas las fuerzas políticas. Busca prevenir y atender este tipo de violencia que apunta a seres queridos de las mujeres para causarles dolor.
Por segundo año consecutivo terminamos sin un Sistema Nacional de Cuidados que elimine la sobrecarga de dicha tarea a las mujeres y que garantice este derecho a personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. La reforma constitucional fue aprobada en la Cámara de Diputados hace dos años. Desde entonces está congelada en el Senado. Veremos si se destraba en el siguiente periodo.
LOS PENDIENTES LEGISLATIVOS
En la Comisión Permanente se han desahogado algunos nombramientos, como la ratificación de embajadores, del subgobernador del Banco de México y del comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, el Senado acumula decenas de nombramientos.
Faltan dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), diversos magistrados de tribunales electorales locales, cinco magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Solo por mencionar algunos.
Por cierto, si en este periodo no te enteras de reformas para hacer frente a la inflación, incentivar los empleos, contener la violencia en todas sus formas, mejorar el acceso a salud gratuita y de calidad, no eres tú. No son prioridad en el Congreso de la Unión.
Bajo la sombra del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y una aplastante mayoría republicana en el Congreso, la relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión frontal tras la acusación por narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras el Capitolio califica al gobierno de Morena como un "narco-Estado" y promete una ofensiva judicial sin precedentes equiparable a la persecución contra Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido con un blindaje nacionalista, rechazando cualquier intento de subordinación y exigiendo una unidad nacional absoluta frente a lo que denomina un "embate exterior" que busca vulnerar la soberanía mexicana
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
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