Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Las presiones de la nomenklatura para aniquilar al EZLN
Tras su irrupción hace 30 años, se estaba gestando un ambiente para el aniquilamiento total del EZLN, en el que inclusive gobernadores duros ofrecían “a las personas capacitadas” para enfrentar la situación. La salida negociada al conflicto fue posible porque el presidente Salinas no se dejó intimidar.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–Una de las decisiones más relevantes e inteligentes del gobierno de Carlos Salinas fue la de decretar un cese unilateral al fuego en Chiapas. Durante días, al arranque de 1994, en el gabinete de seguridad nacional se dio un duro debate. ¿Qué hacer con los rebeldes que habían declarado la guerra al Estado mexicano?
Los militares, y en particular el general Antonio Riviello, secretario de la Defensa, mostraban que existía la capacidad para terminar con el problema desde una óptica de fuerza. Desde meses antes del alzamiento, tropas y suministros fueron trasladados a la región “en previsión de operaciones en contra del movimiento que se estaba gestando, detectado y ubicado con toda anticipación, y el cual finamente estalló el 1 de enero de 1994”, escribió Riviello en “Legal, legítima, necesaria. Chiapas”, un texto en el que se explica muy detalladamente el papel de las fuerzas armadas.
Fue el propio secretario de la Defensa, quien a las 3 de la mañana del 1 de enero de 1994 se comunicó con el presidente Salinas y le informó que un grupo armado había ocupado la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
En los 12 días de operaciones el Ejército lamentó la muerte de 15 de sus integrantes y por parte del EZLN, 71 fallecidos y fueron detenidos 200 integrantes de esa organización. Murieron también 24 policías y 13 civiles.
Se sabía de episodios extraños en Las Cañadas, y algunos reportes del CISEN consignaban la movilización de militantes, palabra que impidió medir con claridad lo que estaba por ocurrir.
Aun antes, la secretaría de Desarrollo Social dispersó recursos, para tratar de impedir lo que ya se iba discutiendo en las organizaciones campesinas, entre ellas la ARIC. Es decir, se tenía conocimiento de grupos, entre ellos las comunidades eclesiales de base, ya hablaban de una vía violenta para terminar con la perpetua situación de agobio en la que vivían y viven, los indígenas.
El trabajo político, durante décadas, muchas veces ligado al maoísmo y al Frente de Liberación Nacional, había rendido frutos y esto lo sabían el comandante German y el subcomandante Marcos.
Nadie dudaba que el Estado contaba con la legitimidad para protegerse, e inclusive algunas voces de la izquierda pedían al presidente de la República que terminara con el EZLN, agrupación a la que veían con desconfianza.
Los amagos más grandes provinieron de la propia nomenklatura, ya que “quienes desde el gobierno habían combatido a la guerrilla en los años setenta presionaban para para repetir la estrategia empleada en aquellos tiempos: ‘aniquilarlos y desaparecerlos’. Varios fueron los conductos y los medios por los que me hicieron llegar sus presiones”, recordaría el propio Salinas en “México, un paso difícil a la modernidad”.
En realidad, se estaba gestando un ambiente para proceder al aniquilamiento total del EZLN. Inclusive, gobernadores alineados a los sectores más duros del sistema, ofrecían “a las personas capacitadas” para enfrentar la situación.
La salida negociada al conflicto fue posible, porque el presidente Salinas no se dejó intimidar, siempre contó con la lealtad del general Riviello, y porque existía una preocupación real por la protección de los derechos humanos y lo último que se quería era desatar una espiral de represión.
Se impuso la valoración presidencial con el respaldo del procurador Jorge Carpizo y del secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Camacho.
El presidente Salinas cambió al gabinete, nombró a Carpizo como secretario de Gobernación y envió a Camacho como comisionado de paz y responsable de abrir una ruta de negociación con los zapatistas y su líder, el subcomandante Marcos, lo que se hizo con la participación del obispo de San Cristóbal, Samuel Ruíz García.
Tres décadas después, sería injusto regatear una resolución que evitó un derramamiento de sangre. Se dice fácil, pero en aquellos días México vivió en la cuerda floja y acechado por los fantasmas de todo su pasado.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
La magistrada Mónica Soto es la presidenta del TEPJF. Ojalá que logre conciliar y le den el tiempo de hacerlo, porque sus aliados ya demostraron que, para sustituciones, se pintan solos y se hicieron expertos. Llevan ya tres complots al respecto y nadie les evitará un cuarto, si se ofrece en los próximos meses o si los obligan desde Palacio Nacional.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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