Una jueza dictó prisión preventiva a Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna e instructora auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz, al convertirse en la primera detenida tras ser imputada por la Fiscalía de Tamaulipas por la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, caso investigado bajo el protocolo de feminicidio. La acusada, quien acudió voluntariamente a declarar y fue aprehendida al concluir su comparecencia, permanecerá en el penal de Altamira tras una audiencia de más de 13 horas donde se solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su vinculación a proceso. Mientras la necropsia confirmó que la menor falleció por asfixia por sumersión tras sufrir maltratos e inmersiones forzadas a cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, exige la captura de al menos cuatro personas más de la cadena de mando del plantel y rechaza la postura de la defensa, que sostiene que la joven imputada también era víctima del sistema de abusos ejercido en la institución.
Tras el asesinato a balazos del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, perpetrado el 22 de julio dentro del Palacio Municipal por dos hombres que huyeron en motocicleta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la principal línea de investigación apunta a una disputa territorial entre células delictivas. El titular de la SSPC reveló que el munícipe se encontraba bajo investigación federal por presuntos nexos con los grupos criminales "Los Aparicio" y "Los Guazulco" —dedicados al secuestro, extorsión y narcomenudeo—, estructura en la que su suegra y extesorera municipal, Andrea Angelina "N", alias "La Patrona", operaba como líder criminal hasta su detención. El crimen ocurrió tras un primer atentado al que el edil sobrevivió el 31 de enero de 2026 y en medio de carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta autoría intelectual de homicidios en la región oriente de Morelos
A cinco años de haber perdido la visión del ojo izquierdo tras recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, la abogada Elizabeth Zavala libra una batalla legal sin precedentes contra la Secretaría de Salud federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por responsabilidad patrimonial del Estado; una demanda por reparación integral que no sólo busca sentar un precedente histórico sobre las obligaciones de las autoridades ante eventos adversos graves en campañas masivas de inmunización, sino también abrir la vía de reclamo para miles de personas afectadas en México y América Latina
Economía dice que el anuncio de aranceles del 10% de EU mantiene la exención a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC. "Alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero".
Una jueza dictó prisión preventiva a Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna e instructora auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz, al convertirse en la primera detenida tras ser imputada por la Fiscalía de Tamaulipas por la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, caso investigado bajo el protocolo de feminicidio. La acusada, quien acudió voluntariamente a declarar y fue aprehendida al concluir su comparecencia, permanecerá en el penal de Altamira tras una audiencia de más de 13 horas donde se solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su vinculación a proceso. Mientras la necropsia confirmó que la menor falleció por asfixia por sumersión tras sufrir maltratos e inmersiones forzadas a cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, exige la captura de al menos cuatro personas más de la cadena de mando del plantel y rechaza la postura de la defensa, que sostiene que la joven imputada también era víctima del sistema de abusos ejercido en la institución.
De las investigaciones del GIEI se desprende que ninguna corporación hizo algo para localizar a los normalistas de Ayotzinapa durante las primeras horas de lo ocurrido.
Una jueza dictó prisión preventiva a Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna e instructora auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz, al convertirse en la primera detenida tras ser imputada por la Fiscalía de Tamaulipas por la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, caso investigado bajo el protocolo de feminicidio. La acusada, quien acudió voluntariamente a declarar y fue aprehendida al concluir su comparecencia, permanecerá en el penal de Altamira tras una audiencia de más de 13 horas donde se solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su vinculación a proceso. Mientras la necropsia confirmó que la menor falleció por asfixia por sumersión tras sufrir maltratos e inmersiones forzadas a cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, exige la captura de al menos cuatro personas más de la cadena de mando del plantel y rechaza la postura de la defensa, que sostiene que la joven imputada también era víctima del sistema de abusos ejercido en la institución.
EMEEQUIS.– Ángela María Buitrago y Carlos Martín Beristain, integrantes del GIEI, dieron por concluida su investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Durante ocho años participaron, difundieron informes y realizaron recomendaciones.
Se toparon con el muro de granito de las Fuerzas Armadas. Era predecible, porque los soldados y los marinos suelen ser reacios a compartir información con civiles y los son aún más en un asunto tan abigarrado como lo es el expediente Ayotzinapa.
Para el GIEI hay una evidente falta de disposición de los mandos militares para terminar de abrir archivos que consideran indispensables para clarificar los hechos. Lo que averiguaron, sin embargo, les dio pie para señalar que en la noche de Iguala participaron los propios soldados, pero también agentes del CISEN.
En general, a lo que se refieren, es que existió presencia de las autoridades en diversos momentos y que ninguna corporación hizo algo para localizar a los muchachosdurante las primeras horas de lo ocurrido.
Por ejemplo, señalan que un integrante del área de inteligencia del gobierno presenció los hechos, pero que tuvo que alejarse debido a que recibió amenazas de policías municipales. Buitrago y Beristain suponen que el espía pudo hacer más y creen que la captación en tiempo real de la información llega de inmediato a los cuadros de mando. Quién sabe si eso sea posible, pero tienen razón en lo que respecta a que el CNI debería mostrar las evaluaciones de riesgo que seguramente se elaboraron en aquellas horas tan complejas.
A estas alturas, hay elementos para pensar que nunca se hizo el trabajo de inteligencia adecuado y que ello es lo que derivó en que no se actuara con la oportunidad debida.
Por ejemplo, el 3 de mayo de 2014, el gobernador Ángel Aguirre propuso desarmar a los policías de Iguala. Eso quedó consignado en las bitácoras del Grupo de Coordinación Guerrero Seguro. No le hicieron caso alguno.
De ahí que, enfurecido, Aguirre haya sentenciado el 28 de septiembre, ante una concurrencia de mandos estatales y federales, que “todo esto no hubiera sucedido si la SEIDO hubiera actuado antes contra José Luis Abarca”, el alcalde.
En efecto, un misterio no esclarecido o quizá una constatación del enorme poder que tenían los criminales ya en funciones de gobierno, y que apenas se consigna en el informe final del GIEI.
En lo que sí hacen énfasis, es en las torturas practicadas a uno de los sicarios de los Guerreros Unidos y en las que presuntamente participaron elementos de la PGR, la Marina Armada y el propio CISEN.
Buitrago y Beristain nunca congeniaron con la hipótesis de la verdad histórica y se empeñaron en buscar explicaciones alternativas sin mayor éxito, porque inclusive para ellos hay un tema central: los jóvenes normalistas fueron secuestrados por policías municipales, los entregaron a sicarios de los Guerreros Unidos, los asesinaron y desaparecieron sus restos.
Su diferencia mayor consistió en los hallazgos en el Río San Juan, donde se descubrieron restos humanos que permitieron la identificación de uno de los normalistas. Para Buitrago y Beristain todo lo indagado en esas aguas es ilegal, ya que, a su juicio, se actuó al margen de los protocolos que deben imperar en una indagatoria de ese tipo.
Inclusive, en su último informe, revelan que elementos de la Marina Armada estuvieron un día antes que la PGR en el lugar y que realizaron actividades sospechosas.
Quizá por ello el GIEI hizo tanto énfasis no sobre los responsables directos de uno de los crímenes más salvajes de la historia reciente, sino en las torpezas, negligencias, omisiones y complicidades de las áreas de seguridad y de procuración de justicia del estado mexicano.
Es decir, acusan a exfuncionarios por lo que no hicieron, ya que, desde su perspectiva, se puedo actuar para evitar el macabro desenlace que conocemos.
Esta conjetura es la que hizo imposible su continuidad en las investigaciones, porque por ahí no avanzarán ya mucho. En el actual gobierno no permitirán que se maltrate a las Fuerzas Armadas. Es una cuestión estratégica.
De ahí que el GIEI, si lo que quiere es establecer el mapa del desastre de la seguridad y la justicia, antes y ahora, tendrá que hacerlo en otro lado.
Las brumas sobre el caso Ayotzinapa prevalecerán y más aún si se empeñan en sepultar la única verdad que se ha probado, por deficiente y débil que sea.
Una jueza dictó prisión preventiva a Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna e instructora auxiliar de la Academia Militarizada Marina Doenitz, al convertirse en la primera detenida tras ser imputada por la Fiscalía de Tamaulipas por la muerte de la menor Dafne Zapata Quintos, caso investigado bajo el protocolo de feminicidio. La acusada, quien acudió voluntariamente a declarar y fue aprehendida al concluir su comparecencia, permanecerá en el penal de Altamira tras una audiencia de más de 13 horas donde se solicitó la ampliación del plazo constitucional para definir su vinculación a proceso. Mientras la necropsia confirmó que la menor falleció por asfixia por sumersión tras sufrir maltratos e inmersiones forzadas a cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, la madre de la víctima, Alejandra Quintos, exige la captura de al menos cuatro personas más de la cadena de mando del plantel y rechaza la postura de la defensa, que sostiene que la joven imputada también era víctima del sistema de abusos ejercido en la institución.
Tras el asesinato a balazos del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, perpetrado el 22 de julio dentro del Palacio Municipal por dos hombres que huyeron en motocicleta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la principal línea de investigación apunta a una disputa territorial entre células delictivas. El titular de la SSPC reveló que el munícipe se encontraba bajo investigación federal por presuntos nexos con los grupos criminales "Los Aparicio" y "Los Guazulco" —dedicados al secuestro, extorsión y narcomenudeo—, estructura en la que su suegra y extesorera municipal, Andrea Angelina "N", alias "La Patrona", operaba como líder criminal hasta su detención. El crimen ocurrió tras un primer atentado al que el edil sobrevivió el 31 de enero de 2026 y en medio de carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta autoría intelectual de homicidios en la región oriente de Morelos
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