La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
Último informe GIEI: no se puede continuar ante cerrazón de Sedena y autoridades
“Hasta ahí llega nuestro trabajo”. El Grupo de Expertos (GIEI) entrega sexto y último informe sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y destacan que hubo cerrazón, principalmente de Sedena, además de otras autoridades, para entregar documentos clave, a pesar de que el presidente dio instrucciones de total apertura. Se van, pero advierten que el trabajo debe seguir hasta que se conozca el paradero de los 43 estudiantes.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
EMEEQUIS.– Ángela María Buitrago y Carlos Beristáin, integrantes del GIEI, denunciaron que la cerrazón de Sedena y autoridades les impidió llegar más lejos en las investigaciones sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, además de la necesidad de eliminar los testimonios del basurero de Cocula, pues están llenos de contradicciones y no se corresponden con la realidad.
En la presentación del sexto y último informe a su cargo (“Hallazgos, avances y obstáculos pendientes”), expresaron que, aunque ellos se van, las investigaciones deben continuar hasta esclarecer el paradero de los normalistas, pues ellos se toparon con puertas cerradas para el acceso a documentos clave, a pesar de que dijeron que el presidente les prometió apertura total, situación que no se correspondió con la realidad cuando lidiaron con Sedena, Marina y otras autoridades.
Carlos Beristáin presentó un resumen del documento: “El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes. La policía de Iguala y de Cocula actuaron en el escenario de la calle Juan N. Álvarez, incluyendo los grupos de Los Bélicos, y de Hutizuco y de Iguala, en la zona del Palacio de Justicia, los dos lugares en los que se produjeron la detención y desaparición de los jóvenes.
“Policía Estatal y Federal estuvieron en el escenario del Palacio de Justicia mientras estaba sucediendo todo. La Policía Estatal estuvo en el escenario de la calle Juan N. Álvarez y en la parte del Palacio de Justicia. Policía Ministerial, sobre la cual se ha investigado muy poco, recorrió todas las escenas del crimen esa noche y además persiguió a los sobrevivientes del quinto autobús.
“Las Policías de Iguala, Huitzuco y Tepecuacuilco, junto con el jefe de Guerreros Unidos, participaron en el ataque de los Avispones y taxis, en la zona de Santa Teresa, a la salida de Iguala. Policías municipales de Iguala y Guerreros Unidos participaron en el segundo ataque de la calle Juan N. Álvarez, tres horas después del primero (duró más de cuatro horas y murieron dos normalistas)”.
También se abordaron las contradicciones en documentos de Sedena sobre cómo y dónde murió Julio César Mondragón, quien apareció mutilado horas después. “Aspecto general del cuerpo sin vida del sexo masculino localizado en las inmediaciones del poblado de Mezcalpetec, municipio de Taxco de Alarcón”. De acuerdo con Beristáin eso contradice la versión dada hasta ahora sobre la aparición del cuerpo.
Aspectos de la reunión en la que se presentó el informe. Fotos: Mario Jasso / Cuartoscuro.com.
“Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con SEIDO y la PGR”, dijo Carlos Beristáin.
Miembros de Semar hicieron operaciones de inteligencia de las que no se sabe casi nada. “Llevaron a cabo detenciones y torturas en las que hemos identificado como resultado la muerte de dos personas en esos operativos de las que no se sabe quiénes son”.
Ángela Buitrago añadió sobre ese tema: “La bolsa del río, cuando se saca por parte de los buzos, esa bolsa se entrega a un miembro ‘PGR 1’. No nos dieron información para poder entrevistarlo. Es un ejemplo de las cosas”.
En las conclusiones, Buitrago dijo que debe hacerse a un lado el capítulo del basurero de Cocula, por las contradicciones alrededor. “Hay que tomar claras decisiones sobre la expulsión de estos testimonios en torno al basurero de Cocula. No hay posibilidad, ni jurídica, ni legal, de seguir hablando del basurero de Cocula”.
Sobre la postura del presidente López Obrador, con quien se reunieron ayer, Beristáin dijo que hubo “voluntad presidencial para apertura de archivos” y que se logró el acceso a mucha información en condiciones difíciles, pues no estaba sistematizada y en ocasiones llegaron apenas a tiempo para evitar que se tirara a la basura. “Lo que no ha habido después es una respuesta a nuestras demandas sobre información que sabemos que existe”.
Jesús Murillo Karam fue procurador general durante la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Lleva en prisión desde agosto del año pasado, acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia en torno a este caso de Ayotzinapa. Es la figura de mayor relevancia tras las rejas, pues Tomás Zerón de Lucio, quien era titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue acusado de manipular pruebas, huyó a Israel desde agosto de 2019, sin que el gobierno mexicano haya podido extraditarlo, luego de varios intentos infructuosos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
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