La confiscación de la Patria

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen

Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia

Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley

Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.