El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Las células del crimen organizado en Guerrero están escalando los ataques y pusieron ya en la mira a funcionarios ministeriales, de ahí que sea un asunto de alta prioridad el dar con los responsables.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
EMEEQUIS.–En menos de 48 horas, dos funcionarios de áreas de procuración de justicia fueron asesinados en Guerrero. La madrugada del domingo, en Coyuca de Catalán, mataron al fiscal regional de la FGE, Víctor Manuel Salas Cuadras y este martes, en Chilpancingo, al delegado de la FGR, Fernando García Fernández.
Los casos podrían estar relacionados a una realineación de las estructuras criminales y como una respuesta a los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa de contener la violencia. Guerrero padece de una profunda densidad criminal, donde las debilidades institucionales no hacen sino potenciarla.
Para nada es frecuente que hechos así ocurran, que se mate a fiscales y delegados, porque se trata de delitos de alto impacto, donde los criminales saben que habrá consecuencias.
Lo evidente es que las células del crimen organizado están escalando los ataques y pusieron ya en la mira a funcionarios ministeriales, de ahí que sea un asunto de alta prioridad el dar con los responsables de estos hechos. Es un desafío duro y sin matices.
La FGE tiene reportes sobre la actuación, cada día más salvaje, de La Familia Michoacana, Los Tlacos, Los Ardillos, Los Viagras y Los Rusos, un conjunto delincuencial que genera problemas y que es responsable de la zozobra en la que se mantiene a los guerrerenses.
El delegado García Fernández estaba en el cargo desde 2018, y debido a ello, tuvo que encargarse de indagatorias delicadas. En junio, acompañó a los gobernadores, Alfredo Ramírez Bedolla y Evelyn Salgado, de Michoacán y Guerrero, respectivamente, en la firma de un convenio de Seguridad y Procuración de Justicia.
Los sicarios que lo ultimaron dispararon contra las ventanillas del auto, lo bajaron y remataron en el suelo, todo ello a unos metros de la Fiscalía estatal.
Por otra parte, Salas Cuadras era uno de los funcionarios más cercanos a la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Mayor del Ejército comisionado a la FGE, llevaba tres días en el cargo regional que comprende a Tierra Caliente.
Venía de una destacada labor en la región de La Montaña, pero en diciembre pasado, el mayor Salas Cuadras participó en el operativo realizado en Coyuca de Catalán, donde murió Orbelín Hernández, El Gordo, uno de los jefes de la Familia Michoacana. En aquel enfrentamiento también fallecieron dos soldados. Salas Cuadras detuvo a Hermelindo “N”, otro de los sicarios relevantes del mismo grupo criminal y quien participó en la masacre de “El Durazno”, donde murieron 10 personas, entre ellas un niño de 11 años.
El fiscal también se ocupó de las indagatorias por el decomiso de autos de lujo, entre ellos Lamborghini, en una bodega en Ciudad Altamirano.
La muerte de Salas Cuadras no quedará impune, porque era miembro de las Fuerzas Armadas. Es más, horas después de su fallecimiento, se emitió un boletín de la SEDENA anunciando el reforzamiento de su participación en Tierra Caliente.
La fiscal Valdovinos dejó muy claro que se esclarecerá el ataque “a un hermano de armas” y que se encontrará a los responsables. La fiscal es teniente coronel del Ejército, donde tuvo diversas responsabilidades en la Justicia Militar.
En términos prácticos, la FGE está en manos militares y ello tiene sus pros y sus contras, entre los primeros se ubica la coordinación permanente con las tropas que están desplegadas y con la Guardia Nacional, y en los segundos el costo que implica que la responsabilidad por la seguridad y la justicia ya no cuentan con los filtros que eviten que los problemas peguen de modo directo en los propios soldados.
Los homicidios del fiscal y el delegado ocurren, además, en el contexto del deterioro político en el que se encuentra el gobierno estatal.
Esto conlleva a diversas dificultades, porque al no estar garantizada la gobernabilidad, la participación de las fuerzas de seguridad se complica y se hace más riesgosa.
Muestra de ello es que al fiscal Salas Cuadras lo secuestraron alrededor de las 11 de la noche, saliendo de su domicilio, a unas cuadras de las oficinas de la policía municipal y ahí no escucharon ni vieron nada.
Posteriormente los bandidos arrojaron el cuerpo ya sin vida de Salas Cuadras, en una cuneta de la carretera, pero no fue sino hasta las 12:30 de la madrugada cuando empezaron a llegar uniformados.
Para esos momentos se sabía que algo grave había ocurrido, pero las autoridades locales se dilataron todo lo posible, probablemente para no contrariar a los victimarios del fiscal.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Luego de ser condenado a cadena perpetua en Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada no irá a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sino que el juez Brian M. Cogan recomendó oficialmente su traslado a un centro médico federal (FMF) con régimen penitenciario. Debido a sus 78 años de edad y a sus severos padecimientos de salud, el cofundador del Cártel de Sinaloa cumplirá su sentencia de por vida en un penal especializado de alta contención equipado con la infraestructura clínica necesaria para brindarle atención médica constante. En el marco del fallo, el capo aceptó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, se mostró dispuesto a responder ante la justicia mexicana si es requerido, y leyó una carta ante el tribunal donde asumió la responsabilidad de sus actos y advirtió a los jóvenes que el narcotráfico solo conduce a la cárcel o a la muerte.
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