Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
En el Ejército y la Marina Armada existe nerviosismo, porque no saben qué es lo que ocurrirá cuando se cumpla el plazo dictado por la Corte sobre la Guardia Nacional.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–En unas semanas, cuando inicie el 2024, la Guardia Nacional tiene que estar adscrita administrativamente y en lo que respecta al mando a la Secretaría de Seguridad. Así lo dispuso la Suprema Corte cuando consideró, además, que se tiene que mantener el carácter civil de esa institución.
Es un enredo mayor, porque en 17 días no habrá fuerza civil alguna, el jefe de los guardias será un militar, los elementos se formarán en los cuarteles y los operativos se planearán en las oficinas de las secretarías de Defensa y Marina Armada.
La resolución de la Suprema Corte es incumplible en buena medida, aunque celebrable porque se ajusta a estándares internacionales sobre el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que debe ser extraordinario, fiscalizado y temporal.
Hay aspectos que sí implican respuestas serias y hasta urgentes. En el Ejército y la Marina Armada existe nerviosismo, porque no saben qué es lo que ocurrirá cuando se cumpla el plazo y las cosas no se ajusten a lo estipulado por el principal tribunal del país.
Como suele ocurrir, hay que ir reparando los daños generados por decisiones que se toman a la ligera, o que son contrarias a la Constitución, como fue el decreto por el que se ordenó el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero también se tiene que ser realista, porque es evidente que el 1 de enero, los elementos de la Guardia Nacional seguirán siendo lo que siempre fueron: soldados. En la actualidad son 123 mil 535 los integrantes de esa agrupación y en su mayoría provienen de las policías militar y naval.
Es absurdo pensar en un retorno a sus cuarteles, porque se generaría una crisis de seguridad de proporciones inciertas y no hay policías para sustituirlos y nadie se está ocupando de que los haya en el mediano o largo plazo.
En los hechos, estaremos como ahora, con militares vestidos de gris y con el despliegue de 79 mil elementos de la Armada Permanente uniformados de verde.
Pero hay cuestiones que urgen y estas tienen que ver con las prestaciones de los policías militares y navales que fueron adscritos a la Guardia Nacional.
En el tercero transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional en 2019 se estableció que estos elementos mantendrían los derechos y prestaciones con que cuentan en las milicias y que su antigüedad no sería suspendida.
A pesar de ello, el general Luis Cresencio Sandoval hizo saber a los legisladores, que entre la tropa había inquietudes de tal calibre que se podrían transformar en bajas.
De acuerdo con lo revelado por el senador Damián Zepeda, el general Sandoval recordó que el 80% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares y que se encuentran alarmados por la sentencia de la Corte y los efectos que puede significar para su trayectoria laboral. Los soldados creen que perderán sus prestaciones.
Esto no es así, pero se tuvo que elaborar una interpretación en el Senado de la República, para establecer con claridad que no se afectará derecho alguno.
En el proyecto participaron el propio Zepeda por el PAN, Cristóbal Arias de Morena, Miguel Ángel Mancera del PRD, Clemente Castañeda de MC, Mario Zamora por el PRI, Elvia Mora Arellano del PES y Carlos Ramírez Marín por el Verde Ecologista.
Los soldados pueden estar tranquilos, por el momento, porque cuentan con el transitorio en la Constitución y ahora con una interpretación de su alcance en el que se estipula que nunca dejarán de pertenecer a las fuerzas armadas en lo que a su historia laboral se refiere, tendrán acceso a su sistema de salud, a las becas de estudio respectivas para sus hijos y a los apoyos para compra de viviendas, entre otros aspectos.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
El exgobernador Omar Fayad dice que le fallaron y mordieron la mano. Se está percatando de que el gobernador Julio Menchaca en realidad lo desprecia.
Está preparando maletas para viajar a Noruega como embajador, el puesto con el que le pagaron su traición al PRI en las pasadas elecciones. Debería resignarse a su nueva vida, la que no está nada mal y menos aún ante el negro horizonte que tendría en su estado, sin apoyos de quienes lo utilizaron y con el repudio de los que fueron alguna vez sus compañeros de partido.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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