Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
López Obrador dice que no sabe cómo es que llegó al cargo la excomisionada Karla Quintana, pero en la Secretaría de Gobernación le pueden proporcionar los datos específicos: el proceso fue supervisado por Alejandro Encinas y la designación aprobada por el propio presidente.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Debe ser frustrante para Karla Quintana constatar que se metió a la cueva del lobo. Fue útil en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y no localizadas (CNB), en la medida de que sus hallazgos no se refirieran al espanto que se sigue viviendo.
Quintana ya forma parte de los exservidores públicos que son vilipendiados, acusados de conservadores y derechistas.
El presidente López Obrador dice que no sabe cómo es que llegó al cargo la excomisionada, pero en la Secretaría de Gobernación le pueden proporcionar los datos específicos del procedimiento que contempla la legislación y de la terna que le enviaron para que él tomara la decisión.
Supongo que Quintana en ese momento le pareció adecuada, porque era crítica al régimen anterior, contaba con los conocimientos para la tarea que iba a desempeñar y porque Alejandro Encinas había supervisado todo el procedimiento que llevó a su designación.
Ahora, el titular del Ejecutivo señala que puede “estar equivocado, pero estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado (…) que había intención de afectar al gobierno.”
Pero fue a más: “nos dimos cuenta de que había una actitud, cuando menos, irresponsable: conferencias de prensa para decir que había 126 mil desaparecidos y además con un crecimiento de los últimos años. Si yo no soy Calderón”.
Los problemas iniciaron, paradójicamente, con lo que se hizo bien. La CNB purgó y adecuó, por medio de tecnología, el Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas, por lo que se pudo establecer que entre 1964 y el 2021, los reportes alcanzaron los 232 mil 134 casos, de los que continuaban vigentes 94 mil 334, de acuerdo con los datos se proporcionaron al Comité contra Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
Esto fue el principio de una serie de problemas que derivaron en que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, ideara un procedimiento de búsqueda de casa por casa, apoyados por los siervos de la nación, que rompe con cualquier parámetro de calidad y que lo que generará es una distorsión en un modelo que sí estaba funcionando.
Al presidente López Obrador le encantó la idea, porque le vendieron que las desapariciones registradas disminuirían y en eso están. Obviaron, por supuesto, que con los instrumentos del Protocolo Homologado de Búsqueda, que se apegan a estándares internacionales, se localizó a un 59.3% de las personas y que, en la mayoría de los casos, un 93.3%, fue con vida.
El problema es, y seguirá siendo, las desapariciones que tienen que ver con acciones del crimen organizado y donde el 60% de las víctimas son menores de 35 años.
En la CNB avanzaron en estudios de análisis de contexto de casos como el de las 47 personas desaparecidas en Nayarit, el de Claudia Uruchurtu Cruz en Oaxaca y sobre el terror que puede significar cruzar el kilómetro 26 de la carretera de Monterrey-Nuevo Laredo.
Un aspecto destacable del trabajo de la CNB y que probablemente quedará en el limbo, es lo que se refiere a la búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Sucia. En teoría, por los años de estudio, que van de 1968 a 1982, no tendrían que existir objeciones, pero estas búsquedas suelen topar con las bardas de los cuarteles o con la sustracción de archivos, como han denunciado los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
La CNB inclusive creó un grupo especializado para indagar la Guerra Sucia en su ámbito de competencia y se abrieron líneas interesantes revisando las bitácoras del Servicio Médico Forense del entonces Distrito Federal.
Pero todo esto será borrado. La CNB solo es útil si se une al coro de felicitaciones y se inscribe en reino de los otros datos.
LAS VÍSPERAS DEL 24
Samuel García deja el cargo de gobernador el 2 de diciembre, porque hará campaña por MC, pero aún no está claro quién lo suplirá el tiempo que dure su licencia, porque es seguro que no ganará la contienda presidencial. Por lo pronto, no lo será el presidente del Tribunal de Justicia, Arturo Salinas, ni el secretario de Gobierno, Javier Navarro, de acuerdo con las suspensiones provisionales que otorgó el ministro de la SCJN, Javier Laynez. Le tocará al Congreso, cuya mayoría la hacen el PRI y el PAN, votar por otro titular del Ejecutivo en Nuevo León.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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