El pacto con los criminales y al ataque a los jueces

CONFIDENTE EMEEQUIS

EMEEQUIS.– Desde hace dos años, Delia Quiroa ha solicitado entrar al mecanismo de protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación. Por medio de los oficios URC70789/2012 y URC/ 2238/ 2022 le han dicho que no reúne los requisitos. 

En agosto de 2021 entró, con otras madres buscadoras, en el predio de La Bartolina, en Tamaulipas. El lugar es una especie de centro de exterminio del que se han extraído al menos 725 kilos de restos humanos. El Cártel del Golfo (CDG) utilizó el terreno entre 2014 y 2016 para torturar, asesinar y desaparecer personas. 

Para poder ingresar en el lugar, tuvieron que obtener una autorización de la célula criminal de Los Ciclones, uno de los brazos armados del CDG. 

Los bandidos advirtieron que podían entrar al lugar “para llevarse lo que se tuvieran que llevar”, pero ya no las querían indagando en otras zonas del estado. 

Las corporaciones policiales estatales y federales fueron testigos mudos de la búsqueda en campo, ya que no querían problemas con los sicarios. Los Ciclones son sumamente violentos, como demostraron hace apenas unos meses con el secuestro y homicidio de ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros. 

Los grupos de activistas trabajan en condiciones muy difíciles ya que a las amenazas se suma la negligencia con la que los responsables de dotar de seguridad ciudadana dejan correr las cosas para esperar a que se solucionen solas. 

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Así es en diversas regiones del país, y por ello las madres buscadoras tienen que ingeniárselas para continuar con su empeño de dar, algún día, con pistas que las lleven a localizar o saber qué es lo que les ocurrió a sus seres queridos. 

Por ello es por lo que, en su desesperación, creen, como cree, Quiroa, que es pactado con las organizaciones delictivas como se va a solucionar la violencia que aqueja al país. 

Hace algunos años, El Diario de Juárez publicó un editorial solicitándole a quienes tenían el control de esa frontera y que no eran las autoridades, que les dijeran con claridad qué es lo que se podía publicar y qué es lo que no. Aquel texto se convirtió en una señal de alarma, porque estaba publicado, además, en un medio profesional y de prestigio en Chihuahua. 

Hace unos días, Quiroa les solicitó a los criminales, como ya lo hizo en otras ocasiones, un acuerdo para poder buscar a los desaparecidos y para que se detenga la violencia.

La novedad es que el presidente de la República la respaldó en su solicitud. A Quiroa no le han podido dar protección y seguridad, pero ahora la catapultan y la animan con algo que no ocurrirá y por diversos motivos. 

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El presidente López Obrador no suele reaccionar con la información adecuada. En esta ocasión es probable que no tuvieran ni una idea mínima del contexto, porque suele responder al botepronto. 

Lo grave es el sentido de derrota que se encierra en su idea de que es factible y correcta una negociación con los bandidos, porque no son grupos homogéneos sino variados, y porque no hay una justificación legal ni moral para dotarlos de una suerte de interlocución. 

Lo inquietante es un mensaje que anuncia la disposición de que los lobos convivan con los corderos, porque se van a volver buenos. 

Quizá no es la motivación primaria y es poco factible que las áreas de seguridad y en particular el Ejército se inmiscuyan en una aventura de altísimo riesgo y en la recta final del periodo presidencial.

Es más, es extraño que la buena cara a una negociación con los criminales se haya dado el mismo que día que el general Luis Rodríguez Bucio haya incluido, de modo por demás irresponsable, a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la lista negra porque no se plegó a sancionar a una juez que estaría favoreciendo la impunidad desde la óptica del comandante de la Guardia Nacional.

Si es escandaloso el querer negociar con los criminales, aunque solo sea en el mundo imaginario de las mañaneras, lo es más el ataque de un funcionario que tienen mando de tropas, a la titular de uno de los poderes del Estado. 

@jandradej

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