Chiapas huye a Guatemala

EMEEQUIS.- Los chiapanecos están huyendo a Guatemala. Al menos 600 personas cruzaron la frontera hacia el municipio de Cuilco en Huehuetenango.

Durante el fin de semana crecieron los enfrentamientos en comunidades de Amatenango de la Frontera.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó la situación y anunció que atenderán a quienes lo requieran, pero a la vez está reforzando la seguridad fronteriza.

Es una situación de desplazamiento forzado, que implica cambios drásticos para las poblaciones, y que por regla general se envuelve en toda clase de desgracias, entre ellas las de la violación a los derechos humanos de los migrantes.

Es la primera vez en que la población mexicana se dirige al sur, tratando de evadir amenazas diversas.

Esta es la muestra más palpable del daño que causó el gobierno displicente de Rutilio Escandón.

Hay que tener en cuenta que la migración obligada ocurre en momentos de guerra o de violencia cuya solución no se percibe en el horizonte y donde las debilidades institucionales ahondan la desconfianza y no reducen el miedo, de quienes, con razón, consideran que su propia vida y la de sus familias está en riesgo.

MANTÉNGASE INFORMADO

Recibe nuestro boletín semanal

Si continúas, aceptas la política de privacidad

Es, además, una suerte de vuelta a la historia, porque en los años ochenta quienes huían de la violencia eran los guatemaltecos, perseguidos por grupos represivos y siniestros como los Kaibiles.

Aquella situación llegó a tornarse en una crisis humanitaria que requirió de atención permanente y de la acción del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados.

Inclusive, los militares de ese país incursionaron en territorio mexicano causando una masacre.

Ahora, cuatro décadas después, los peligros provienen de grupos delincuenciales y de la nulidad del gobierno del estado, ello aunado a que la Guardia Nacional está ocupada de la contención de la migración y no de la acción contra la criminalidad.

Lo más inquietante es la negación que impera en las áreas de seguridad, las que, si bien admiten, aunque sea a regañadientes, que hay una guerra entre grupos delictivos, no hacen nada a profundidad para resolver el problema.

Desde hace meses, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas, insistió en que los niveles de violencia son ya sistemáticos y que no existe una política pública para contrarrestarlos.

Se están empalmando los coletazos de la creación de grupos paramilitares en los años noventa, para hacer frente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la llegada de actores que tienen la finalidad de establecer control territorial para apropiarse de los mercados ilegales.

Las propias bases zapatistas han realizado una suerte de repliegue para impedir que la violencia los alcance, pero advirtiendo de los riesgos que ya están implícitos en un ambiente explosivo.

Es de esperar que el próximo gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, atienda el caso, como una premisa indispensable para garantizar la gobernabilidad y dotar de seguridad a la ciudadanía.

Al ser del mismo grupo político de quien ahora gobierna, tampoco existen muchas esperanzas de que haya cambios drásticos al “dejar hacer” que ahora impera.

La única razón de optimismo, pequeña, por cierto, es que a Escandón ya le quedan pocos meses en el poder, y que quizá la administración de Claudia Sheinbaum establezca una estrategia de seguridad distinta, aunque la escalada de los conflictos indica que Chiapas se encuentra al inicio de una crisis de magnitudes imprevistas, con el añadido de que está vez no existen condiciones para contrarrestar a los criminales, quien, hoy por hoy, hacen lo que se les da la gana.

Hasta hace pocos años nadie hubiera imaginado que la migración terminaría siendo rumbo al sur, donde las condiciones tampoco son halagüeñas, pero al menos queda la posibilidad de no encontrarse con los señores del narcotráfico que mandan en la frontera chiapaneca.

Por donde se le vea, es una derrota si nos atenemos a que uno de los principales deberes de los gobiernos es el de garantizar la seguridad ciudadana.

@jandradej