La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
Van 106 estadounidenses asesinados en México en los últimos dos años
Cifras del Departamento de Estado de EU y reportes de prensa indican que el caso de la familia LeBarón no es aislado: tan sólo en la actual administración suman 41 expedientes.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
En los últimos dos años, 106 estadounidenses han sido asesinados en México, de acuerdo con cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos y reportes de prensa.
Los estados en donde más personas de esa nacionalidad han muerto por homicidio son: Chihuahua (26) , Baja California (23) y Sonora (19).
Con la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, han ocurrido 41 asesinatos de estadounidenses en territorio mexicano. Esta semana se dio a conocer que los cuerpos de tres mujeres y seis menores con doble nacionalidad (mexicana y estadounidense) fueron encontrados en Bavispe, Sonora, cerca de los límites entre ese estado y Chihuahua.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que las camionetas Suburban en las que viajaban los familiares del activista Julián LeBarón pudieron haber sido confundidas con las que usan grupos delictivos que se disputan el control en esa región.
Su caso, como muestran las estadísticas oficiales del gobierno de EU y reportes de prensa, no es aislado. En julio de este año, un hombre y una mujer que estaban de vacaciones fueron asesinados en Guerrero. Paul Nielsen, estadounidense, y su esposa, Janet Vásquez, de origen poblano, fueron ejecutados a tiros cuando viajaban de Acapulco a Ixtapa Zihuatanejo, con su hijo de 12 años, quien fue herido, pero no gravemente.
De acuerdo con datos del Departamento de Estado de Estados Unidos analizados por EMEEQUIS, de enero a junio de este año se contabilizaron 29 homicidios de estadounidenses en México. Mientras que los reportes de prensa indican que, de julio hasta el día de hoy, 10 personas de esa nacionalidad murieron asesinadas en territorio mexicano, incluyendo los acontecimientos del lunes pasado, para dar el total de 39.
Los datos de la dependencia gubernamental norteamericana indican que, de enero a diciembre de 2018, 67 estadounidenses fueron asesinados en México. En suma, entre enero de 2018 y noviembre de 2019 fueron asesinados 106 estadounidenses en territorio mexicano.
En Chihuahua y Sonora, entidades que limitan la zona en la que fueron encontrados los cuerpos de las victimas, otras 13 personas de esa misma nacionalidad fueron asesinadas en los últimos once meses. En Chihuahua se reportaron 10 homicidios de estadounideses y 3 en Sonora.
Otras entidades en las que se han registrado asesinatos de estadounidenses en ese lapso de tiempo son: Baja California (4), Jalisco (4), Guerrero (2), Aguascalientes (1), Colima (1), Durango (1), Guanajuato (1), Michoacán (1), Puebla (1), Sinaloa (1), Tamaulipas (1) y Zacatecas (1).
El día de hoy Alfonso Durazo informó que lo hechos de Bavispe(su tierra natal) sucedieron en dos atentados: el primero ocurrió a las 9:40 de la mañana, mientras que el segundo ataque sucedió al mediodía.
Los cartuchos utilizados en la masacre son de calibre .223, marca Remington, de fabricación estadounidense, señaló el funcionario.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos entró en una etapa de severa tensión luego de que el funcionario estadounidense Michael Kozak devolviera formalmente al embajador Roberto Lazzeri las cartas de reclamo emitidas por la cancillería mexicana, advirtiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que su administración carece de jurisdicción sobre los funcionarios federales norteamericanos y exigiendo que cualquier inconformidad se canalice estrictamente por las vías diplomáticas habituales. Esta acción representa un duro revés para la estrategia legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que pretendía interponer demandas civiles y penales con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de 18 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) —incluyendo los casos recientes en Houston y el homicidio de Lorenzo Salgado—, forzando al gobierno mexicano a elevar el caso ante la ONU y a solicitar un pronunciamiento de rechazo multipartidista en el Congreso de la Unión frente al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump.
El delito de agresión cometido por el empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez en contra de una recepcionista en Santa Fe, Ciudad de México, destapó un presunto fraude inmobiliario en Sinaloa que podría superar los 200 millones de pesos a través de la firma Grupo Universal Inmobiliaria y de Industrias S.A. de C.V. El esquema de estafa, que acumula decenas de denuncias de compradores de México, Estados Unidos y Canadá, incluye proyectos residenciales inconclusos o abandonados en Mazatlán, como la Torre Triana, cuyos derechos fueron asumidos por la financiera Kapitalizer ante un adeudo millonario. Mientras la Fiscalía General de Sinaloa mantiene bajo investigación 18 carpetas vinculadas al grupo de las cuales tres ya han sido judicializadas, reportes locales y volantes distribuidos en 2024 señalan al imputado bajo el alias de “El Acapulco”, vinculándolo presuntamente como lavador de dinero y socio inmobiliario del cártel de “Los Chapitos”.
Tras registrarse un enjambre sísmico en el Océano Pacífico la mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un saldo blanco preliminar y la activación de protocolos de emergencia en el sur y centro del país, destacando un terremoto principal de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. La alta frecuencia y cercanía de los impactos subterráneos —que incluyeron sacudidas consecutivas de magnitudes entre 5.2 y 6.8— alarmaron a la población y provocaron que la Secretaría de Marina activara una alerta preventiva de tsunami en los litorales de Chiapas y Guerrero. A pesar de la intensidad y de haber sido perceptible de forma moderada en la Ciudad de México, las autoridades confirmaron que las ondas no superaron los umbrales tecnológicos requeridos para activar la alerta sísmica capitalina, mientras expertos de la UNAM y el SSN mantienen bajo monitoreo el fenómeno, asociado al deslizamiento de fallas por el proceso de subducción de las placas tectónicas
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazaron acusaciones de "justicia selectiva" tras la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presunta delincuencia organizada y huachicol fiscal derivado de sus operaciones como socio mayoritario en la empresa Ingemar. Las autoridades federales detallaron que la captura es resultado de una investigación de más de un año por parte de la FGR y la FEMDO, originada tras el decomiso de 33 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible ilícito, provocando un perjuicio fiscal superior a los 4 mil millones de pesos. Mientras el expresidente Felipe Calderón acusó al gobierno de aplicar una justicia discriminatoria, la administración federal informó que ya se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión y que aún quedan detenciones pendientes contra esta red de contrabando, la cual evadía al fisco declarando solo el 10% de su capacidad real
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