La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Trump anuncia ataque letal a barco narcoterrorista vinculado a Venezuela
Estados Unidos anunció que destruyó un barco cargado de drogas presuntamente procedente de Venezuela en el sur del Caribe. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmaron que la operación fue un “ataque letal” contra una embarcación operada por una organización narcoterrorista. Hasta ahora, la oficina de prensa de Venezuela no ha emitido comentarios. La acción se enmarca en un despliegue militar estadounidense en el Caribe para frenar el tráfico de drogas y presionar a los grupos criminales que operan en la región
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
EMEEQUIS.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas armadas estadounidenses dispararon y destruyeron un barco cargado de drogas presuntamente procedente de Venezuela, en una operación que tuvo lugar en el sur del Caribe, donde la Marina de Estados Unidos mantiene un despliegue de buques de guerra para combatir el narcotráfico y grupos considerados como narcoterroristas.
Durante un mensaje en el Despacho Oval, Trump afirmó:
“Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos. Estas provienen de Venezuela”.
Trump confirma que derribaron un barco que salió de Venezuela.
"Al salir de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente derribamos un barco, un barco que transportaba drogas, con mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos. Nuestro gran… pic.twitter.com/n3RYciNajn
El mandatario no ofreció detalles sobre la magnitud de la operación, el número de tripulantes del barco ni la cantidad exacta de drogas incautadas o destruidas. Sin embargo, poco después, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que se trató de un “ataque letal” y precisó que la embarcación estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada y había partido de Venezuela.
“Como @POTUS acaba de anunciar, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela”, indicó Rubio.
DESPLIEGUE MILITAR Y CONTEXTO REGIONAL
El operativo se produce en un momento de tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, en el marco de acusaciones mutuas sobre tráfico de drogas y apoyo a grupos armados ilegales. La zona del Caribe se ha convertido en un corredor clave para el tránsito de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa, lo que ha llevado a Washington a reforzar su presencia militar y de inteligencia.
Organizaciones internacionales señalan que, según reportes de incautaciones anteriores, gran parte de los cargamentos de drogas que atraviesan el Caribe provienen de Sudamérica, especialmente de Venezuela y Colombia. Estas acciones forman parte de la estrategia de presión de Estados Unidos, que combina sanciones económicas, vigilancia marítima y operaciones militares contra lo que considera narcoterrorismo internacional.
Hasta el momento, la oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio, lo que mantiene la incertidumbre sobre la posición oficial del país suramericano frente a esta operación militar estadounidense.
Analistas advierten que este tipo de ataques podría agudizar la tensión bilateral entre Washington y Caracas, además de enviar un mensaje claro a los grupos criminales que operan en la región. Este episodio representa un nuevo capítulo en la lucha antidrogas de Estados Unidos en el hemisferio occidental, con un enfoque cada vez más agresivo sobre los orígenes de los cargamentos y los responsables de su transporte.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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