Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
"Este momento es muy importante en la historia de México, empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena", dice Lilly Téllez. Algunos morenitas hacen tímida defensa de Rocha Moya y otros se escabullen.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
La justicia de Estados Unidos asesta un golpe definitivo a la estructura política de Sinaloa al formalizar cargos por narcotráfico y asesinato contra el gobernador Rubén Rocha Moya, vinculándolo directamente con la facción de "Los Chapitos". El expediente conecta una cadena de eventos criminales que inicia con el secuestro masivo de operadores del PRI en 2021 —documentado por el periodista Héctor de Mauleón—, pasa por la "narcopandemia" denunciada por el senador Mario Zamora, y culmina en la traición a Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, quien asegura haber sido emboscado en una reunión donde esperaba al mandatario. Ante la gravedad de estas imputaciones y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y la fiscal Ernestina Godoy encabezan una reunión de emergencia en Palacio Nacional para gestionar un escándalo que desnuda la impunidad como política de Estado y pone en jaque la soberanía de la Cuarta Transformación frente a la justicia neoyorquina.
Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
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Dinero de procedencia dudosa.
EMEEQUIS.– Una investigación profunda, sustentada en los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y plataformas de transparencia, revela una realidad inquietante en el noroeste de México: el Gobierno del Estado de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, mantuvo durante años una relación comercial directa con empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Estas entidades, señaladas por abastecer de precursores químicos al Cártel de Sinaloa (CDS) para la fabricación de fentanilo, recibieron una lluvia de contratos públicos que superan los 35.7 millones de pesos.
El flujo de recursos estatales hacia empresas ligadas a la facción de “Los Chapitos” no fue un hecho aislado, sino un patrón sistemático detectado entre 2018 y 2025. Según los registros analizados, al menos siete compañías incluidas en la “lista negra” estadounidense se beneficiaron de cientos de contratos. De la cifra acumulada de 35.7 millones de pesos, resalta una irregularidad administrativa mayor: más de 6.1 millones de pesos aparecen registrados en plataformas de transparencia como pagos efectuados, pero los contratos físicos que deberían respaldar dichas erogaciones han “desaparecido” de los registros públicos.
Este entramado empresarial, conocido por las agencias de inteligencia como la “Red Química de Los Chapitos”, no se detuvo ante las señales de alerta internacionales. Las contrataciones gubernamentales alcanzaron sectores críticos como hospitales públicos, universidades y centros de investigación. Lo más grave es que el flujo de capital continuó incluso después de que las autoridades norteamericanas hicieran públicos los señalamientos contra estas firmas por su rol logístico en la producción de drogas sintéticas.
La tensión diplomática ha escalado a niveles sin precedentes. Apenas este 20 de abril, el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, impuso restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, afectando a socios comerciales, familiares y allegados. Sin embargo, el golpe más mediático ocurrió el lunes 27 de abril, cuando el periodista de investigación Steve Fisher confirmó que la visa del propio gobernador Rubén Rocha Moya fue revocada desde el año 2025, marcando un punto de no retorno en la relación del mandatario con Washington.
Un incidente reciente en el puerto de Topolobampo desnudó esta ruptura. Durante la colocación de la primera piedra del Proyecto Pacífico Mexinol, el embajador estadounidense Ronald Johnson decidió iniciar el evento sin la presencia del gobernador, quien se excusó alegando “bloqueos por manifestaciones”. El diplomático no solo no esperó a Rocha Moya, sino que lanzó un discurso contundente: cualquier país que aspire a la inversión extranjera debe trabajar con rigor para erradicar la corrupción y la extorsión.
Dentro de la lista de proveedores predilectos del estado destaca Sumilab S.A. de C.V., una comercializadora de químicos en Culiacán considerada la pieza central de la red de suministros para el CDS. Fundada en 2001 por los hermanos Favela López, esta empresa recibió del Gobierno de Sinaloa y de instituciones como el Hospital Civil de Culiacán, contratos que suman cerca de 14.7 millones de pesos. A pesar de haber sido sancionada por la OFAC en 2023 y nuevamente en 2025, su presencia en el padrón de proveedores estatales permaneció inamovible.
Otras filiales del mismo grupo familiar siguieron el mismo camino:
Las autoridades estadounidenses advierten que este caso expone un problema estructural: la infiltración del narcotráfico en las compras públicas. Mediante el uso de empresas aparentemente legales, el crimen organizado adquiere reactivos químicos e instrumentos de laboratorio bajo el amparo de contratos gubernamentales. Estos insumos, que en el papel sirven para la investigación científica, terminan alimentando los laboratorios clandestinos de fentanilo y metanfetamina.
Este patrón de “lavado de suministros” se ha extendido por todo el noroeste, detectándose contratos similares en Sonora y Baja California. En total, se han rastreado 630 adjudicaciones a estas compañías en diversas instituciones. Además, la red se ha diversificado hacia otros rubros como los fraudes inmobiliarios y tiempos compartidos, vinculando a figuras como Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, recientemente detenido y considerado una pieza clave en el esquema financiero del crimen organizado.
@emeequis
Luego de las denuncias de corrupción entre funcionarios mexicanos por parte del embajador Johnson en Sinaloa, Sheinbaum reaccionó con una sonrisa. Hoy se materializaron esas acusaciones contra Rocha Moya.
"Este momento es muy importante en la historia de México, empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena", dice Lilly Téllez. Algunos morenitas hacen tímida defensa de Rocha Moya y otros se escabullen.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
La justicia de Estados Unidos asesta un golpe definitivo a la estructura política de Sinaloa al formalizar cargos por narcotráfico y asesinato contra el gobernador Rubén Rocha Moya, vinculándolo directamente con la facción de "Los Chapitos". El expediente conecta una cadena de eventos criminales que inicia con el secuestro masivo de operadores del PRI en 2021 —documentado por el periodista Héctor de Mauleón—, pasa por la "narcopandemia" denunciada por el senador Mario Zamora, y culmina en la traición a Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, quien asegura haber sido emboscado en una reunión donde esperaba al mandatario. Ante la gravedad de estas imputaciones y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y la fiscal Ernestina Godoy encabezan una reunión de emergencia en Palacio Nacional para gestionar un escándalo que desnuda la impunidad como política de Estado y pone en jaque la soberanía de la Cuarta Transformación frente a la justicia neoyorquina.
