El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
La justicia de Estados Unidos asesta un golpe definitivo a la estructura política de Sinaloa al formalizar cargos por narcotráfico y asesinato contra el gobernador Rubén Rocha Moya, vinculándolo directamente con la facción de "Los Chapitos". El expediente conecta una cadena de eventos criminales que inicia con el secuestro masivo de operadores del PRI en 2021 —documentado por el periodista Héctor de Mauleón—, pasa por la "narcopandemia" denunciada por el senador Mario Zamora, y culmina en la traición a Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, quien asegura haber sido emboscado en una reunión donde esperaba al mandatario. Ante la gravedad de estas imputaciones y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y la fiscal Ernestina Godoy encabezan una reunión de emergencia en Palacio Nacional para gestionar un escándalo que desnuda la impunidad como política de Estado y pone en jaque la soberanía de la Cuarta Transformación frente a la justicia neoyorquina.
A cambio del apoyo para ganar las elecciones de 2021, Rocha Moya se aseguraría de que los Chapitos tuvieran el control de la policía estatal de Sinaloa, acusa EU.
Desde hace días Ronald Johnson insistía en que había que limpiar de corrupción la relación entre Estados Unidos y México. Rocha Moya lo evitó en Sinaloa. Hoy el embajador avala las acusaciones en su contra.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
La pesada losa sobre Rocha Moya: testimonios de su colusión con el narco vienen de años
La justicia de Estados Unidos asesta un golpe definitivo a la estructura política de Sinaloa al formalizar cargos por narcotráfico y asesinato contra el gobernador Rubén Rocha Moya, vinculándolo directamente con la facción de "Los Chapitos". El expediente conecta una cadena de eventos criminales que inicia con el secuestro masivo de operadores del PRI en 2021 —documentado por el periodista Héctor de Mauleón—, pasa por la "narcopandemia" denunciada por el senador Mario Zamora, y culmina en la traición a Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, quien asegura haber sido emboscado en una reunión donde esperaba al mandatario. Ante la gravedad de estas imputaciones y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y la fiscal Ernestina Godoy encabezan una reunión de emergencia en Palacio Nacional para gestionar un escándalo que desnuda la impunidad como política de Estado y pone en jaque la soberanía de la Cuarta Transformación frente a la justicia neoyorquina.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
Arrastra sospechas de una elección bajo sospecha en 2021.
EMEEQUIS.– La génesis de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos se remonta a la víspera del 6 de junio de 2021. En un operativo de precisión quirúrgica, el Cártel de Sinaloasecuestró a más de un centenar de operadores políticos del PRI en Culiacán.
Los sicarios irrumpieron en domicilios, quebraron cerraduras y extrajeron a los cuadros electorales semidesnudos frente a sus familias. Según información documentada por el periodista Héctor de Mauleón, los responsables cubrieron los rostros de las víctimas con cinta canela y las golpearon para obtener datos sobre la estructura y el financiamiento de la oposición, asegurando que nadie pudiera operar contra Morena al día siguiente.
A pesar de la magnitud de la violencia, la respuesta institucional fue el silencio absoluto. Desde el gobierno del entonces priista Quirino Ordaz, se giró la instrucción de no investigar, a pesar de que las víctimas eran miembros de su propio partido.
De Mauleón reveló que a los secuestrados los soltaron apenas una hora antes del cierre de casillas, dándoles cien pesos para el taxi de regreso. La parálisis fue total: ningún abogado en todo el estado se atrevió a interponer una denuncia formal por el miedo que impuso el cártel, consolidando la impunidad como la regla del juego en Sinaloa.
El caso más emblemático de coacción criminal ocurrió en la cuna de los capos, Badiraguato. La candidata Guadalupe Iribe Gascónrenunció en plena jornada electoral tras el secuestro de su hermano, Luis Alonso Iribe.
Semanas antes, la candidata había contactado a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán para pedir clemencia; recibió una respuesta inicial de no intervención que el Cártel decidió romper violentamente para favorecer al candidato de Morena-PAS, José Paz Elenes, demostrando que en tierra de capos, la política la dictan las balas.
LA DENUNCIA INTERNACIONAL ANTE LA OEA Y EL PAPEL DE MARIO ZAMORA
Ante la evidencia de un “narco-estado” en ciernes, los líderes de la oposición viajaron a Washington en agosto de 2021. Frente a la OEA y la CIDH, presentaron una relatoría sobre la amenaza que representaba la intervención del crimen organizado en la democracia mexicana. En este contexto, el senador Mario Zamora Gastélum, quien fue competidor directo de Rocha Moya por la gubernatura, se ha consolidado como una de las voces más críticas.
Mario Zamora denunció los hechos en su momento.
Zamora ha denunciado sistemáticamente lo que llama una “narcopandemia” en Culiacán, señalando que la población vive con miedo debido a conflictos criminales solapados por la falta de acción del gobierno estatal. El legislador ha sido tajante al exigir que ningún miembro de la clase política sea “empleado del narco” y ha denunciado el uso de recursos ilícitos para favorecer a Morena desde los procesos de 2022.
Mientras la sombra de la sospecha crecía, Rubén Rocha Moya se declaraba vencedor con el 56.6% de los votos, proclamando que su llegada traería “tiempos de esperanza y justicia”. Al ser cuestionado por periodistas como Carlos Loret de Mola sobre si pactaría con el narco, Rocha sostenía que se debían buscar “reglas mínimas” para reducir la violencia.
Esta postura, que el gobernador presentó como pragmatismo, es hoy interpretada por la Fiscalía de Nueva York no como una estrategia de paz, sino como una conspiración criminal para el tráfico de fentanilo.
LA CARTA DE “EL MAYO” Y EL ASESINATO DE CUÉN
El 25 de julio de 2024 marcó el punto de no retorno. Tras su captura, Ismael “El Mayo” Zambadaafirmó en una carta haber sido emboscado en una reunión donde esperaba encontrarse con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda para resolver el control de la UAS.
El asesinato de Cuén el mismo día del secuestro del capo eliminó a un testigo clave, un hecho que la DEA vincula hoy directamente a la red de protección del gobernador sinaloense.
ABRIL 2026: EMERGENCIA EN PALACIO NACIONAL
Llegamos a abril de 2026 con un gobierno acorralado. La fiscalía neoyorquina imputa a Rocha Moya cargos de narcotráfico y asesinato, mientras la SREintenta frenar el proceso alegando falta de pruebas.
La gravedad de las solicitudes de extradición ha provocado que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal Ernestina Godoylleguen de urgencia a Palacio Nacional. Lo que comenzó con “levantones” electorales denunciados por Zamora y De Mauleón en 2021, hoy amenaza con desmantelar la estructura de poder de la 4T ante la justicia trasnacional.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
Terrorismo Electoral: En 2021, el Cártel de Sinaloa secuestró a 100 priistas para garantizar el triunfo de Morena; Héctor de Mauleón reveló que les dieron 100 pesos para su regreso tras el golpe.
Narcopandemia: El senador Mario Zamora denuncia una infiltración criminal profunda y acusa al gobierno estatal de actuar como empleado del narco.
Badiraguato Bajo Fuego: La candidata Lupita Iribe declinó tras el secuestro de su hermano, a pesar de haber pedido tregua a la familia Guzmán.
La Traición de Zambada: “El Mayo” aseguró haber sido citado por Rocha Moya el día de su entrega forzada a EE. UU. en 2024.
Cónclave de Abril 2026: Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoyanalizan en Palacio Nacional el impacto de las acusaciones de Nueva York contra el gobernador.
Control de la UAS: El conflicto por la universidad sinaloense fue el pretexto utilizado para atraer a Zambada a la emboscada donde murió Cuén Ojeda.
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa ha sido expuesto por la justicia de Estados Unidos como el soporte financiero de la "Red Química de Los Chapitos", tras documentarse la entrega de más de 35.7 millones de pesos en contratos públicos a empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro. Esta colusión, que permitió el suministro de precursores para fentanilo bajo la fachada de insumos para hospitales y universidades, ha provocado la revocación de la visa del gobernador y el despliegue de sanciones contra más de 120 entidades locales, confirmando la existencia de un "gobierno paralelo" donde el erario sinaloense alimentó directamente la estructura logística del Cártel de Sinaloa.
La justicia de Estados Unidos asesta un golpe definitivo a la estructura política de Sinaloa al formalizar cargos por narcotráfico y asesinato contra el gobernador Rubén Rocha Moya, vinculándolo directamente con la facción de "Los Chapitos". El expediente conecta una cadena de eventos criminales que inicia con el secuestro masivo de operadores del PRI en 2021 —documentado por el periodista Héctor de Mauleón—, pasa por la "narcopandemia" denunciada por el senador Mario Zamora, y culmina en la traición a Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, quien asegura haber sido emboscado en una reunión donde esperaba al mandatario. Ante la gravedad de estas imputaciones y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y la fiscal Ernestina Godoy encabezan una reunión de emergencia en Palacio Nacional para gestionar un escándalo que desnuda la impunidad como política de Estado y pone en jaque la soberanía de la Cuarta Transformación frente a la justicia neoyorquina.
A cambio del apoyo para ganar las elecciones de 2021, Rocha Moya se aseguraría de que los Chapitos tuvieran el control de la policía estatal de Sinaloa, acusa EU.
Desde hace días Ronald Johnson insistía en que había que limpiar de corrupción la relación entre Estados Unidos y México. Rocha Moya lo evitó en Sinaloa. Hoy el embajador avala las acusaciones en su contra.
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