Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
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Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
La justicia de Estados Unidos asesta un golpe definitivo a la estructura política de Sinaloa al formalizar cargos por narcotráfico y asesinato contra el gobernador Rubén Rocha Moya, vinculándolo directamente con la facción de "Los Chapitos". El expediente conecta una cadena de eventos criminales que inicia con el secuestro masivo de operadores del PRI en 2021 —documentado por el periodista Héctor de Mauleón—, pasa por la "narcopandemia" denunciada por el senador Mario Zamora, y culmina en la traición a Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, quien asegura haber sido emboscado en una reunión donde esperaba al mandatario. Ante la gravedad de estas imputaciones y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén, la secretaria Rosa Icela Rodríguez y la fiscal Ernestina Godoy encabezan una reunión de emergencia en Palacio Nacional para gestionar un escándalo que desnuda la impunidad como política de Estado y pone en jaque la soberanía de la Cuarta Transformación frente a la justicia neoyorquina.
Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
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Arrastra sospechas de una elección bajo sospecha en 2021.
EMEEQUIS.– La génesis de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos se remonta a la víspera del 6 de junio de 2021. En un operativo de precisión quirúrgica, el Cártel de Sinaloa secuestró a más de un centenar de operadores políticos del PRI en Culiacán.
Los sicarios irrumpieron en domicilios, quebraron cerraduras y extrajeron a los cuadros electorales semidesnudos frente a sus familias. Según información documentada por el periodista Héctor de Mauleón, los responsables cubrieron los rostros de las víctimas con cinta canela y las golpearon para obtener datos sobre la estructura y el financiamiento de la oposición, asegurando que nadie pudiera operar contra Morena al día siguiente.
A pesar de la magnitud de la violencia, la respuesta institucional fue el silencio absoluto. Desde el gobierno del entonces priista Quirino Ordaz, se giró la instrucción de no investigar, a pesar de que las víctimas eran miembros de su propio partido.
De Mauleón reveló que a los secuestrados los soltaron apenas una hora antes del cierre de casillas, dándoles cien pesos para el taxi de regreso. La parálisis fue total: ningún abogado en todo el estado se atrevió a interponer una denuncia formal por el miedo que impuso el cártel, consolidando la impunidad como la regla del juego en Sinaloa.
El caso más emblemático de coacción criminal ocurrió en la cuna de los capos, Badiraguato. La candidata Guadalupe Iribe Gascón renunció en plena jornada electoral tras el secuestro de su hermano, Luis Alonso Iribe.
Semanas antes, la candidata había contactado a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán para pedir clemencia; recibió una respuesta inicial de no intervención que el Cártel decidió romper violentamente para favorecer al candidato de Morena-PAS, José Paz Elenes, demostrando que en tierra de capos, la política la dictan las balas.
Ante la evidencia de un “narco-estado” en ciernes, los líderes de la oposición viajaron a Washington en agosto de 2021. Frente a la OEA y la CIDH, presentaron una relatoría sobre la amenaza que representaba la intervención del crimen organizado en la democracia mexicana. En este contexto, el senador Mario Zamora Gastélum, quien fue competidor directo de Rocha Moya por la gubernatura, se ha consolidado como una de las voces más críticas.
Zamora ha denunciado sistemáticamente lo que llama una “narcopandemia” en Culiacán, señalando que la población vive con miedo debido a conflictos criminales solapados por la falta de acción del gobierno estatal. El legislador ha sido tajante al exigir que ningún miembro de la clase política sea “empleado del narco” y ha denunciado el uso de recursos ilícitos para favorecer a Morena desde los procesos de 2022.
Mientras la sombra de la sospecha crecía, Rubén Rocha Moya se declaraba vencedor con el 56.6% de los votos, proclamando que su llegada traería “tiempos de esperanza y justicia”. Al ser cuestionado por periodistas como Carlos Loret de Mola sobre si pactaría con el narco, Rocha sostenía que se debían buscar “reglas mínimas” para reducir la violencia.
Esta postura, que el gobernador presentó como pragmatismo, es hoy interpretada por la Fiscalía de Nueva York no como una estrategia de paz, sino como una conspiración criminal para el tráfico de fentanilo.
El 25 de julio de 2024 marcó el punto de no retorno. Tras su captura, Ismael “El Mayo” Zambada afirmó en una carta haber sido emboscado en una reunión donde esperaba encontrarse con Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda para resolver el control de la UAS.
El asesinato de Cuén el mismo día del secuestro del capo eliminó a un testigo clave, un hecho que la DEA vincula hoy directamente a la red de protección del gobernador sinaloense.
Llegamos a abril de 2026 con un gobierno acorralado. La fiscalía neoyorquina imputa a Rocha Moya cargos de narcotráfico y asesinato, mientras la SRE intenta frenar el proceso alegando falta de pruebas.
La gravedad de las solicitudes de extradición ha provocado que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal Ernestina Godoy lleguen de urgencia a Palacio Nacional. Lo que comenzó con “levantones” electorales denunciados por Zamora y De Mauleón en 2021, hoy amenaza con desmantelar la estructura de poder de la 4T ante la justicia trasnacional.
@emeequis
Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
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