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Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
Desde hace días Ronald Johnson insistía en que había que limpiar de corrupción la relación entre Estados Unidos y México. Rocha Moya lo evitó en Sinaloa. Hoy el embajador avala las acusaciones en su contra.
Un comando armado atacó una casa donde vivía Rocha Moya antes de ganar las elecciones en 2021. No se sabe dónde está el gobernador con licencia.
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En los últimos días la presión del embajador contra la corrupción del embajador se intensificó.
EMEEQUIS.– El embajador Ronald Johnson avaló las acusaciones de Estados Unidos contra nueve funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien hace días evitó reunirse con él en Sinaloa.
“Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos”, puso en sus redes sociales al compartir las acusaciones del Departamento de Justicia de su país.
A los nueve implicados se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
La postura de Ronald D. Johnson (Embajador de EE.UU. en México) en las últimas semanas ha sido consistente y pública en los temas de rendición de cuentas, corrupción y narcotráfico, en el marco de la relación bilateral.
Su mensaje recurrente es que los traficantes “no tienen dónde esconderse” y deben rendir cuentas cuando México y EE.UU. trabajan juntos.
El 9 de abril se hicieron públicas declaraciones suyas sobre un túnel descubierto en la frontera: “Cuando trabajamos juntos, no tienen dónde esconderse — solo rendir cuentas”.
Johnson ha sido aún más directo contra la corrupción oficial que protege a los cárteles. En un evento de inversión en Sinaloa (23 de abril) señaló que el sector privado necesita “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”.
Dijo que la corrupción “frena y distorsiona el progreso, eleva costos y erosiona la confianza”, y lo vinculó directamente con las obligaciones anticorrupción del T-MEC (que obliga a criminalizar el soborno).
Este 29 de abril, tras la acusación federal de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, emitió una declaración oficial titulada “Accountability for the Safety of Our Peoples” (traducida por él mismo como “Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos”).
Además, en días recientes lanzó una campaña anticorrupción de la administración Trump específicamente contra funcionarios mexicanos vinculados a cárteles. Su mensaje: la corrupción que habilita al crimen organizado será investigada y procesada (donde aplique jurisdicción estadounidense), y que el combate a la corrupción y el crimen transnacional es una prioridad compartida.
El 23 de abril, Johnson dijo en Sinaloa, al hablar de la relacion comercial entre ambos países: “Sin embargo, para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”.
Se reportó que Rocha Moya evitó reunirse con el embajador Johnson durante un evento programado para la primera piedra del proyecto Pacífico Mexinol en Topolobampo.
Ese mismo día hubo protestas de comunidades indígenas y vecinos que interrumpieron el evento, derribaron la piedra simbólica y obligaron al gobernador Rubén Rocha Moya a retirarse.
Esta acción ocurre en medio de un clima complejo en la relación, marcado por acusaciones formales del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el gobernador por supuestos vínculos con el narcotráfico y la revocación de su visa, que el gobernador no ha reconocido, pero que medios internacionales han consignado que ocurrió desde 2025.
@emeequis
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