Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sheinbaum cree que es inminente la Reforma Judicial con todo y SCJN
La presidenta electa cierra el paso a una posible intervención de la Corte en la Reforma Judicial y minimiza que Morena todavía no haya conseguido la mayoría calificada.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La presidenta electa se mostró tranquila sobre el panorama que enfrenta la Reforma Judicial. Foto: Especial.
EMEEQUIS.– Ante el análisis que está haciendo la Suprema Corte de Justicia acerca de si puede interrumpir el proceso legislativo de la Reforma Judicial, la presidenta electa Claudia Sheinbaum cerró el paso a esa posibilidad, al decir que unos cuántos no pueden ir en contra de lo que votó la mayoría el 2 de junio.
“¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? ¿La votación del 2 de junio? Eso no es legal”, dijo al ser abordada por reporteros mientras iba en su auto.
Sobre la jueza que dio la suspensión definitiva al proceso legislativo señaló que “no tiene ningún sustento”.
Sheinbaum no cree que la Corte puede intervenir en la Reforma Judicial.
En un intento por detener la reforma al Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña decidió consultar a la Corte sobre la posibilidad de suspender el proceso legislativo de la reforma judicial.
El caso fue designado a la ministra del “pueblo” Lenia Batres.
Hoy, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, solicitó a los ministros y ministras su opinión sobre si es posible suspender temporalmente la reforma judicial, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Debido a la solicitud de integrantes del Poder Judicial, especialmente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), la ministra decidió consultar al Pleno si tiene la facultad de emitir una medida cautelar que detenga la implementación de la reforma mientras la Corte evalúa su impacto en la independencia judicial, menciona el periódico Reforma.
Además, se espera que la discusión analice si la reforma garantiza los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.
“Quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores y como dice la Constitución, desde el 39, que la soberanía reside en el pueblo, pero además, el único que tiene atribución para cambiar la Constitución, pues es el constituyente, que en nuestro país son dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de Senadores y las mayorías que corresponden en los congresos locales. Entonces hay que permitir que pase la voluntad popular. No sé si es desesperación, lo que ellos están en contra pero pues aquí es la voluntad del pueblo”.
Le preguntaron si hay posibilidad de echar atrás la Reforma: “No, ya no, esa es la voluntad esa es la decisión del 2 de junio”.
Ante la posibilidad de que Morena y aliados no alcancen mayoría calificada, en vista de que les falta un senador para completar los 86 de 128, Sheinbaum se limitó a decir: “Tengo entendido que ellos ya están decidiendo cómo lo van a resolver”.
El senador emecista por Campeche Daniel Barreda por fin se manifestó en contra de la Reforma Judicial, tras un par de días de presión mediática por ser el único opositor que no se había definido.
Dijo que se tardó en expresar su postura porque estaba leyendo la iniciativa: “Hoy quiero decirles que después de haberla estudiado y haberla leído mi voto va a ser totalmente en contra”.
Con esto, en teoría, Morena y aliados no podrían conseguir la mayoría legislativa, pues los 43 senadores de oposición han manifestado su abierto rechazo a la Reforma Judicial.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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