Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Explosivos, abandono y miedo: el drama silencioso en Tierra Caliente
La región de Tierra Caliente, en Michoacán, vive una creciente crisis de seguridad provocada por el uso de narcominas, el repliegue del Ejército y la Guardia Nacional, y el desplazamiento forzado de cientos de familias. En abril se han registrado al menos siete explosiones con un saldo de cinco muertos y tres heridos, mientras que comunidades como El Terrero y Los Hornos se han convertido en pueblos fantasma
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.- La región de Tierra Caliente, en Michoacán, atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en años. A los enfrentamientos entre grupos criminales se suma ahora una amenaza silenciosa y mortal: las minas terrestres colocadas por el crimen organizado.
Estas armas improvisadas, conocidas como “narcominas”, han dejado un saldo de al menos cinco muertos y tres heridos solo en abril, mientras que cientos de familias han huido ante la falta de protección oficial.
El caso más reciente ocurrió el 15 de abril en la comunidad de Lomas de Hoyos, Apatzingán, cuando Josué, un jornalero de 29 años, resultó gravemente herido al detonar una mina mientras trabajaba en una huerta.
Este tipo de artefactos, similares a los utilizados en conflictos armados internacionales, se han vuelto comunes en zonas donde operan facciones como La Nueva Familia Michoacana y el llamado Cártel Michoacán Nueva Generación.
Los ataques con explosivos no se limitan a las minas: en febrero, una emboscada con drones cargados de explosivos mató a cuatro elementos del Ejército y dejó a otros nueve heridos. Las autoridades reconocen un cambio en las tácticas criminales, cada vez más sofisticadas y letales.
PUEBLOS VACÍOS Y COSECHAS PERDIDAS
La violencia ha tenido un impacto devastador en la vida rural. Localidades como El Terrero, Los Hornos o La Bocanda hoy lucen abandonadas. “Nos fuimos porque nadie nos protegía. Los soldados ya no patrullan y los criminales hacen lo que quieren”, relató un campesino desplazado.
El éxodo forzado ha frenado actividades económicas esenciales, como el cultivo del aguacate o del limón, en una región que históricamente ha sido motor agrícola del estado. El llamado “oro verde”, que se exporta en gran medida a Estados Unidos, también está en riesgo, pues las zonas de producción son ahora campo minado —literalmente— y escenario de enfrentamientos.
Pese a las denuncias, los operativos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han disminuido desde finales de 2023. En respuesta, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la activación de brigadas para desactivar minas y brindar apoyo a las comunidades afectadas. “No vamos a dejarlos solos”, afirmó el mandatario. Sin embargo, en las zonas más golpeadas la percepción es otra: la de un abandono prolongado.
PREOCUPACIÓN MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
La situación ha llamado la atención del gobierno estadounidense, que recientemente intensificó sanciones contra grupos como La Familia Michoacana. A través del Departamento del Tesoro, se han emitido recompensas para localizar a sus principales líderes, acusados de narcotráfico y violencia sistemática.
Mientras tanto, los testimonios desde Tepalcatepec o Aguililla pintan un panorama desolador. “Ahora no solo tememos una bala perdida. Tememos pisar una mina y no volver a casa”, contó un maestro desplazado.
UN CLAMOR POR ATENCIÓN ESTRUCTURAL
Organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios insisten en que los operativos militares no bastan. Urgen medidas de largo plazo, con una estrategia que garantice seguridad, justicia y condiciones para el regreso digno de las familias desplazadas.
Por ahora, muchas comunidades siguen convertidas en pueblos fantasmas, con puertas abiertas, animales abandonados y campos que nadie se atreve a pisar. Tierra Caliente no solo enfrenta una oleada de violencia: arrastra una herida que sangra en silencio, sin fecha de cierre. (Con información de Infobae)
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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