Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Se atoran diálogos sobre Ayotzinapa y desaparecidos por Guerra Sucia
En un mismo día, el Gobierno de AMLO entró en conflicto con los padres de los normalistas, quienes acusan que buscan dividirlos, en tanto que activistas para el esclarecimiento de violaciones en la Guerra Sucia denuncian desmantelamiento de comisión de búsqueda
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador vuelve a entrar en conflicto con los mecanismos de búsqueda de personas y del caso de Ayotzinapa. El humo del incendio apareció a través de dos comunicados institucionales.
El primero lo emitió la Presidencia de la República. En él se puede leer: “Hoy (el jueves 11 de enero) se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) de 2024, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).”
El texto señala que dentro del orden del día “estaba comunicar a los padres que, como parte de su solicitud, el presidente de México instruyó ampliar un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, entre los cuales se encuentran todos los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quedando del 4 de enero al 4 de abril de 2024.”
El gobierno reconoció que esto causó un conflicto con los padres de los desaparecidos el 2014 en Iguala: “Lamentamos que hoy se haya suspendido el diálogo con algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ. A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ.”
Adicionalmente, los familiares de los normalistas señalaron que el gobierno busca dividirlos, ya que a la reunión se convocaron a familiares que nunca han sido cercanos a la mayoría de las familias, ya que han marchado por la liberación de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa. Estos dos personajes han sido señalados por el propio gobierno como implicados en la desaparición de los estudiantes.
CONFLICTOS CON COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE LA GUERRA SUCIA
Por otro lado, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 expresó que “Javier Yankelevich, quien encabezara desde marzo de 2019 el Equipo Especializado en la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante la Guerra Sucia (…) dio a conocer que como parte de una profunda reestructura, se prescinde de sus servicios y de los de tres cuartas partes del equipo.”
El comunicado señala que “Las Personas comisionadas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los Derechos Humanos en México durante 1965-1990, vemos con suma preocupación esta reestructura, pues ponen en riesgo los avances que el EEGS ha logrado hasta ahora”.
Se detalla que esta reducción “que deja sólo a dos personas a cargo de todas las tareas de búsqueda del periodo, difícilmente permitirá dar seguimiento a las decenas de líneas de búsqueda que se tenían identificadas, a las excavaciones, al trabajo con las fiscalías, a la entrevista de testigos.”
Para el equipo de búsqueda, se tratan de labores complejas y de largo desarrollo que no se corresponden con las capacidades del personal con las que se deja al equipo. Y es que, de acuerdo a la CNB, entre 1964 y 1985 el saldo de personas desaparecidas de manera forzada en México por acciones emprendidas por el Estado en contra de opositores, comunidades y organizaciones político-militares, fue de al menos 899 personas (815 hombres y 84 mujeres).
“Esperamos que las instituciones y autoridades competentes tomen conciencia de la enorme importancia de los puntos aquí expresados y garanticen que la CNB cuente con las condiciones institucionales óptimas para continuar cumpliendo con su mandato.”
El ahora reducido equipo de búsqueda señala que esta reestructura trunca “una de las apuestas más contundentes y serias que el Estado mexicano” había emprendido para localizar a personas desaparecidas durante uno de los periodos más oscuros de la historia nacional.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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