Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Rommel Pacheco confirma investigación contra Ana Gabriela Guevara en CONADE
Rommel Pacheco, titular de la CONADE, confirmó investigaciones contra Ana Gabriela Guevara por presuntas irregularidades durante su gestión. Aunque la CONADE no es fiscalía, aseguró que no se tolerarán faltas. Guevara enfrenta acusaciones de corrupción, incluyendo desvíos millonarios y extorsión
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.- El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, confirmó la existencia de carpetas de investigación abiertas contra la exdirectora de la institución, Ana Gabriela Guevara. Aunque enfatizó que la CONADE no es una fiscalía, aseguró que no se tolerará ninguna irregularidad.
“Sí, desde que yo llegué hay carpetas de investigación abiertas, como bien lo mencioné, y están siguiendo su curso, algunas en la ACF, otras tienen que pasar al órgano de control interno de CONADE y ahí distribuirlas”, declaró Pacheco.
Rommel Pacheco, director de la CONADE, confirma que sí hay carpetas de investigación en contra de Ana Gabriela Guevara.
“La función de la CONADE no es ser fiscalía, pero no se va a tolerar ninguna falta", indicó.
“La función de la CONADE no es propiamente ser fiscalía ni policía, pero, sin embargo, no se va a tolerar ninguna falta a ninguna de las reglas de operación, la Ley General de Cultura Física y Deporte ni ninguna otra normatividad”, agregó el funcionario.
Pacheco destacó que la CONADE es un órgano desconcentrado que debe coordinarse con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como otras instancias, para garantizar la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en su uso, por lo que las investigaciones requieren tiempo.
“Entonces, llevan su debido proceso y, como yo lo he dicho, la instrucción que tengo por parte de la presidenta es que la CONADE sea una CONADE nueva, transparente, cercana al deportista (…) Todo lo que esté mal será señalado y enviado a las autoridades pertinentes”.
“Recuerden que estamos regulados. Somos un órgano desconcentrado y, a su vez, cualquier recurso que deba utilizarse debe ser revisado por la Secretaría de Educación Pública, Hacienda, Conamed y otras instancias con las que estamos trabajando en materia de transparencia”, agregó.
Esta confirmación refuerza las preocupaciones sobre la administración anterior de la CONADE, y se espera que las investigaciones arrojen luz sobre posibles irregularidades cometidas durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.
Existen al menos 10 carpetas de investigación en la FGR contra Guevara por presuntos desvíos que podrían superar los 200 millones de pesos.
ANA GABRIELA: ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN LA CONADE
Ana Gabriela Guevara, exvelocista olímpica y exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en México, ha sido señalada por presuntos actos de corrupción durante su gestión (2018-2024) bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Desde 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron irregularidades en el manejo del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR). Se reportaron pagos injustificados a entrenadores, federaciones y empresas, incluyendo presuntas “empresas fantasma” o sin comprobación adecuada.
En 2019, se detectaron irregularidades por 186 millones de pesos. Para 2020, la ASF identificó un posible desvío de 340 millones de pesos mediante adjudicaciones directas y compras sin justificaciones, como la adquisición de más de 2,000 relojes deportivos sin evidencia de entrega.
En 2020, empresarios veracruzanos denunciaron a Guevara ante la Fiscalía General de la República (FGR) por extorsión, asociación delictuosa y cohecho. Alegaron que Guevara y su operadora, Armida Ramírez Corral, exigieron un soborno de 2.5 millones de pesos para otorgar un contrato de 16.5 millones para proveer alimentos a deportistas. Según los denunciantes, tras el pago inicial, el dinero “desapareció” con un intermediario, Edgar Álvarez.
REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BECAS A DEPORTISTAS
Guevara también ha sido criticada por retirar apoyos económicos a atletas, especialmente en disciplinas acuáticas. Este conflicto derivó en que deportistas buscarán financiamiento alternativo, como la venta de trajes de baño y creando rifas. Sin embargo, las declaraciones de Guevara, como sugerir que vendieran “Avon o Tupperware”, intensificaron las críticas a su administración.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
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