Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Padres de los 43 acusan a gobierno de dividirlos: exigen información
Padres de los 43 normalistas acusaron al gobierno del presidente López Obrador de dividirlos y afirman que no se han entregado 800 folios donde viene información importante. “El presidente firmó un decreto presidencial que nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada”.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Padres de los 43 normalistas acusaron al gobierno del presidente López Obrador de dividirlos. Además, afirmaron que no se han entregado 800 folios donde viene información importante para saber qué ocurrió con los estudiantes.
“Señor presidente no nos niegue el derecho de saber dónde están nuestros hijos. ya que ustedes mismos, sus dependencias policiacas y el Ejército son culpables”, mencionó Mario González, parte del colectivo de padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero.
Mario González mencionó que las investigaciones se han estado frenando debido a los tropiezos que el propio gobierno ha colocado y las falta de compromisos cumplidos. “El presidente firmó un decreto presidencial que nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada”.
Padres acusaron intentos del gobierno por dividirlos y confrontarlos. Video: IMER.
Vidulfo Rosales, representante de la CNDH de la Montaña Tlachinollan, expresó que el presidente de la República, en vez de entregar las pruebas que hacen falta para continuar con la investigación y aceptar a los expertos independientes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), en quienes los padres tienen confianza, ha emprendido una “campaña de descalificación” contra los padres de familia y los expertos.
Rosales mencionó que, contrario a lo que se ha dicho en las mañaneras, existen 800 folios que forman parte de la investigación y que no se han querido entregar. Entre dichos folios se encuentra información sobre el traslado de 17 estudiantes de Barandilla Municipal a Villa de Coyotes. Añadió que llevan más de un año con esta solicitud.
Además de los folios, Rosales comentó que solicitó la información completa de los traslados, los nombres de los militares involucrados, la comunicación completa entre los participantes y los dispositivos desde donde se hicieron.
“Lo que está pendiente son los 800 folios que estamos exigiendo pero el gobierno, concretamente el presidente y el ejército mexicano se niegan a entregarlo abduciendo su inexistencia ”.
Rosales mencionó que ahora el presidente va a trabajar con José Luis Abarca, Aguirre Rivero y Pedro Segura, ignorando a los padres de los 43 normalistas.
Agregó que los padres que han decidido no continuar con la investigación y están en busca de “otros intereses” han sido utilizados por el gobierno para “reventar” la investigación y añadió que seguramente serán llevados a SEDENA para tomar la “foto”, sin embargo, ellos no representan a todos los padres que los estudiantes de Ayotzinapa.
Padres en lucha desde 2014. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com.
El padre de familia también mencionó que contrario a lo que gobernación menciona, no se dio respuesta a los planteamientos expuestos en la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), por lo cual se levantaron de la mesa.
Por su parte, el gobierno mexicano informó que hoy, 11 de enero, “se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) de 2024, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob)”.
Y aseguró que ”se dio respuesta a todos los planteamientos y peticiones de los padres y madres, así como de sus representantes, planteados el 3 de enero, relativos a la apertura de todos los archivos del Gobierno de México”.
Asimismo, informó que el presidente de México está en completa disposición de reunirse con los padres de familia y que dio órdenes para ampliar “ un mes el plazo contemplado para el acceso a los archivos oficiales, entre los cuales se encuentran todos los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quedando del 4 de enero al 4 de abril de 2024”.
En su comunicado, el gobierno federal lamentó la retirada de algunos padres de familia pero confirmó que aun así continuó el diálogo con los padres que decidieron quedarse.
La postura del gobierno.
SE ACABÓ LA CONFIANZA
Los padres afirmaron que la confianza en el presidente de la República ya se terminó debido a las incongruencias que hay entre lo que se hace y se dice. Agregaron que quien ahora está contra reloj para rendir respuestas es el mandatario, quien está intentando distraer el tema principal con otras cosas e intentado dividir a los colectivos.
Por su parte Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso Rodríguez, mencionó que el presidente López Obrador tiene prácticas similares a las que tuvo el sexenio de Peña Nieto: “El ejército es culpable, siempre lo hemos dicho falta mucha información, pero en su mañanera dice que ya está toda la información”.
Negó las acusaciones en las que el presidente mencionó que los padres de familia que se encontraban presentes son manipulados para obstruir la investigación y cerrar el caso. También agregó que ellos, como colectivo, tienen a sus representantes, en quienes confían y que no irían a SEDENA para tomarse una fotografía y justificar la inexistencia de información, caso contrario al otro grupo de padres: “nosotros no nos vamos a callar”.
NO HA CAMBIADO NADA
Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, mencionó que la retirada de la mesa de CoVAJ se debió a que los padres de los 43 normalistas escucharon la mañanera del presidente, donde se informó que los 800 folios solicitados por los padres de los normalistas no existen y que se trataba de una forma de frenar la investigación: “fue un agravio, porque entonces, para qué vamos a una reunión con el subsecretario”.
Aguirre mencionó que las confrontaciones que el gobierno estaba generando eran una medida de distracción para “ocultar que el gobierno no ha cumplido con lo que prometió”. Sin embargo, afirmó que no se caerá en provocaciones ni se quitará el dedo del renglón de lo que es importante, saber el paradero de los estudiantes desaparecidos.
AMLO manifestó que no se va a callar.
“YA NO LES TENGO YO CONFIANZA”
En la conferencia matutina de hoy, 11 de enero, el presidente López Obrador criticó las solicitudes de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa sobre la revisión de archivos de la Sedena. Expresó que parece que las familias no están interesadas en avanzar, ya que piden más tiempo para examinar los documentos.
“Durante mucho tiempo plantean que no se les daba información. Yo di instrucciones al secretario de la Defensa de que entregara toda la información y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación, pero de repente aparece de que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios, entonces le pido al secretario que se entregue todo (…) entonces le solicito a la fiscalía lo que supuestamente hacen falta, por escrito me mandan a decir que ya no hay que son esas”.
De acuerdo con López Obrador, el gobierno ha proporcionado toda la información que tienen sobre el caso Ayotzinapa y agregó que el GIEI ya no puede regresar a México porque “ya no les tengo yo confianza”.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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