México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
Hace un año, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el registro obligatorio de líneas telefónicas representaba graves riesgos para la protección de datos personales. Pese a esas alertas, la reforma fue aprobada por Morena, PT y PVEM. Ahora, tras denuncias por una presunta vulnerabilidad en el portal de Telcel, la bancada de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades y concesionarios a reforzar la seguridad de la información de los usuarios. La propuesta incluye auditorías, mayores estándares técnicos, campañas informativas y protocolos de cifrado, aunque no tiene carácter vinculante. El caso evidencia que las advertencias iniciales fueron ignoradas y que persisten las preocupaciones sobre la exposición de datos sensibles de millones de mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con extrañamiento a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó de “inaceptables” los avances graduales de México contra el narcotráfico y exigió resultados verificables. Sheinbaum subrayó que ya existen logros concretos: la reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense, el decomiso de 320 toneladas de drogas y la disminución del 40% en homicidios dolosos desde 2024. Además, recordó que la cooperación debe basarse en respeto mutuo y responsabilidad compartida, señalando que Estados Unidos también debe atender su crisis interna de consumo de drogas
La fiscal general Ernestina Godoy retomó la millonaria licitación para el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos en la FGR, un proceso iniciado por Alejandro Gertz Manero y suspendido en diciembre pasado. El contrato, valuado en más de 1,100 millones de pesos, contempla un arrendamiento de 36 meses sin opción a compra. Aunque el fallo se ha pospuesto en dos ocasiones, se prevé que la Oficina de la Fiscal General disponga de al menos 26 automóviles, camionetas y motocicletas, mientras la institución destina recursos para cubrir necesidades operativas y administrativas. La licitación, marcada por antecedentes de presunta corrupción, vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos en la FGR.
México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
¿Hasta cuándo? La senadora Balderas ya debe 300 mil de renta y no se va
La senadora de Morena, Claudia Balderas, ya le debe más de 300 mil pesos de renta a Nora Ochoa por la casa que habita. En las oficinas de Ricardo Monreal le dicen a la casera que el senador no puede hacer nada y que acuda a cobrar al Senado. “¿Dónde está el no robar, no mentir, ser honestos? O sea ¿dónde?”, se pregunta la afectada.
México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
EMEEQUIS.–Nora Ochoa es la dueña de la casa que habita la senadora de Morena, Claudia Balderas. Desde abril de 2022, Claudia se volvió irregular en el pago de renta y, pese a que el contrato caducó, la legisladora no se ha salido de la vivienda.
En entrevista para EMEEQUIS, Ochoa explica que la deuda incrementó y que suma poco más de 300 mil pesos. Este saldo ya incluye la renta del mes de febrero, los intereses moratorios y la pena convencional. “De acuerdo con el contrato, hay un interés moratorio por pagos tardíos. Entonces, si le calculamos los intereses, se va arriba de 300 mil pesos”.
Sin embargo, Nora asegura estar dispuesta a condonar parte de la deuda adquirida por la senadora, con tal de que entregue la casa y pague lo correspondiente.
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EMEEQUIS ya había publicado unaprimera parte de este diferendo, que ha llegado incluso al escritorio del coordinador de bancada, Ricardo Monreal, quien había dicho que iba a “orientar” a la senadora para que hiciera lo correcto, pero finalmente desistió y dejó la puerta abierta a la dueña del inmueble para que acuda a manifestar su inconformidad al Senado.
Nora está desesperada por recuperar su casa, pero seguirá por la vía legal. Foto: Cortesía.
Respecto a la intervención que Ricardo Monreal aseguró haría para que la senadora cumpliera con sus obligaciones, Nora comenta que la secretaria particular de Monreal le llamó. Por teléfono le comentó que existe un límite con la intervención del senador y que, debido a que se trata de un asunto entre privados, él no puede involucrarse. Ante ello, la dueña de la casa se pregunta: “¿Dónde está el no robar, no mentir, ser honestos? O sea ¿dónde?”.
De acuerdo al testimonio de Nora, la secretaria de Monreal le hizo saber que a Balderas ya le habían llamado la atención por otros eventos ocurridos en el Senado, pero que la senadora los niega.
El equipo de Monreal le ofreció “que me abrían las puertas del Senado para irle a cobrar, pero que me cuidara”, debido a que, por parte de la senadora “hemos visto algunas conductas de no son apropiadas” y al cobrarle dentro del Senado “habría la protección, porque me querían mantener a salvo”.
Ochoa, junto con su equipo legal, declinaron la oferta de presentarse en el Senado para cobrarle a Balderas y han decidido continuar por la vía legal. Menciona que la senadora “me va a tener que pedir una disculpa pública”.
También afirma que la demanda por daño moral ya se está preparando, pues la senadora, mediante redes sociales, ha acusado a su casera de fraude. “Ella tiene el número del abogado, ya se hubiera acercado a decir bueno, ya estuvo, pero pues está cometiendo delito tras delito. Sigue mintiendo, sigue levantando falsos”.
La dueña del inmueble afirma que continuará por la vía legal “hasta recuperar mi casa y que pague”. De acuerdo con la información que ha recibido Nora, la senadora “no ha propuesto una sola iniciativa de ley que haya sido aprobada” aunado a ello, la secretaria de Monreal le explicó que ir al Senado no garantiza encontrarla, pues “es una de las senadoras con mayores inasistencias”.
Actualmente, Balderas debe octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero; 5 meses de renta (más recargos). Para Ochoa, también se suma que “recibe un salario de los impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos y con nuestro trabajo”. La dueña del inmueble asegura que no le perdonará los meses atrasados.
Ochoa afirma que ni la senadora ni su equipo legal se han intentado comunicar con ella. Quien intentó hacer contacto fue el secretario particular de la senadora, sin embargo, “como ya no trabaja con ella, la verdad es que ya no quisimos involucrarlo”.
Monreal se deslinda de la senadora Balderas. Foto: Especial.
En días anteriores, el secretario de Balderas se había puesto en comunicación con Ochoa para informarle que había sido despedido del equipo de la senadora.
La llamada telefónica de la secretaria particular de Monreal vino después de que, el 31 de enero, el senador declarara que hablaría con la senadora Claudia Balderas, pues: “Es una jovencita que necesita que la ayudemos, que la orientemos. Yo creo que es una jovencita valiosa, que sólo necesita que hablemos con ella… espero pueda corregir”.
Después de que los hechos se hicieran públicos en enero pasado, Balderas informó en sus redes sociales que tenía manera de comprobar que sí había hecho los depósitos correspondientes a la renta del inmueble y aseguró haber recibido amenazas de muerte después de que los medios y la casera difundieran la dirección de la casa arrendada.
“Por lo anterior, he recibido amenazas de muerte y de todo tipo diciendo que ya saben dónde encontrarme. La consecuencia de estos cobardes actos pone en grave riesgo a mi hijo de tan solo un año, a mi mamá y mi sobrino, así como las personas allegadas a mí”.
En ese mismo comunicado, la senadora hizo un llamado a todos aquellos que “la señora Nora ha amenazado” pues, afirma, emprenderá acciones legales. EMEEQUIS intentó comunicarse con la senadora mediante llamadas telefónicas y correo electrónico, pero, al cierre de esta redacción, Balderas no había contestado.
Balderas afirma que ya pagó, pero la afectada asegura que era una deuda atrasada de septiembre.
Al cuestionar a Ochoa sobre el pago realizado en enero y que la senadora había hecho público en sus redes sociales, Nora Ochoa explica que, en efecto, ese pago se había realizado pero que corresponde al mes de septiembre. “Sí, eso sí lo pagó. Ese pago que hizo el 26 de enero corresponde a la renta que tendría que haber pagado el 1 de septiembre.”
La demanda en cuanto a difamación por parte de Nora, va en torno a las declaraciones hechas en redes sociales por la senadora, en las que la acusa de haber cometido fraudes: “hago un atento llamado a todas las personas que la señora Nora luz Ochoa Chávez a extorsionado y amenazado, y que además debe dinero, cuestión que debe de ser conocimiento de todos (sic).
“Además, hago un llamado a las todas las personas tanto en el país como en el extranjero, que han sido víctimas de esta persona a que me contacten, ya que esta persona está huyendo al grado de ya (sic) vivir en estados unidos”, se puede leer en el comunicado hecho por la senadora en Twitter.
México prohíbe de manera absoluta la fabricación, importación, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos, tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación. La medida, que entra en vigor este 16 de enero de 2026, contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y multas superiores a 234 mil pesos. El gobierno argumenta que busca proteger la salud de jóvenes y adolescentes, mientras la oposición advierte que podría incentivar el mercado ilegal.
Hace un año, especialistas y organizaciones civiles advirtieron que el registro obligatorio de líneas telefónicas representaba graves riesgos para la protección de datos personales. Pese a esas alertas, la reforma fue aprobada por Morena, PT y PVEM. Ahora, tras denuncias por una presunta vulnerabilidad en el portal de Telcel, la bancada de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades y concesionarios a reforzar la seguridad de la información de los usuarios. La propuesta incluye auditorías, mayores estándares técnicos, campañas informativas y protocolos de cifrado, aunque no tiene carácter vinculante. El caso evidencia que las advertencias iniciales fueron ignoradas y que persisten las preocupaciones sobre la exposición de datos sensibles de millones de mexicanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con extrañamiento a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien calificó de “inaceptables” los avances graduales de México contra el narcotráfico y exigió resultados verificables. Sheinbaum subrayó que ya existen logros concretos: la reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense, el decomiso de 320 toneladas de drogas y la disminución del 40% en homicidios dolosos desde 2024. Además, recordó que la cooperación debe basarse en respeto mutuo y responsabilidad compartida, señalando que Estados Unidos también debe atender su crisis interna de consumo de drogas
La fiscal general Ernestina Godoy retomó la millonaria licitación para el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos en la FGR, un proceso iniciado por Alejandro Gertz Manero y suspendido en diciembre pasado. El contrato, valuado en más de 1,100 millones de pesos, contempla un arrendamiento de 36 meses sin opción a compra. Aunque el fallo se ha pospuesto en dos ocasiones, se prevé que la Oficina de la Fiscal General disponga de al menos 26 automóviles, camionetas y motocicletas, mientras la institución destina recursos para cubrir necesidades operativas y administrativas. La licitación, marcada por antecedentes de presunta corrupción, vuelve a colocar bajo la lupa el manejo de recursos en la FGR.
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