Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Fuera el juez que liberó al abusador, exigen en Senado
“Para evitar que pederastas sigan viviendo en la impunidad ”, Senado pide destitución de juez que absolvió a agresor de niña. Josefina Vázquez Mota calificó de “indignante e inaceptable actuación de un juez en contra de una niña 4 años”.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
La senadora Josefina Vázquez Mota pidió al Poder Judicial sentar un precedente. Foto: Especial
EMEEQUIS.– El Senado de la República aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para pedir al Poder Judicial que se destituya al juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió a un presunto abusador sexual de una menor, pese a que se comprobó la existencia de la agresión.
La propuesta fue impulsada por la panista Josefina Vázquez Mota: “El Senado de la República exhorta a la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez, por su incompetencia, incapacidad e ineptitud por poner en riesgo la vida, dignidad e integridad y la salud de una niña de tan solo 4 años de edad, y que su resolución permita sentar precedente para evitar que miles de pederastas sigan viviendo en la impunidad por este tipo de decisiones”.
También se exhortó a la aplicación de la justicia y a la reparación del daño “por la cobarde y absurda decisión del juez”. Además, se pidió intervenir a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas.
Vázquez Mota calificó también de “indignante e inaceptable actuación de un juez en contra de una niña 4 años”.
Vázquez Mota pide la destitución del juez.
Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta del Senado, leyó el mensaje definitivo en el que se pide la “destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, por la resolución a favor del agresor de la víctima de cuatro años, así como al Poder Judicial del Estado de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la inmediata reparación del daño: aprobada la propuesta”.
Por su parte, la senadora Eunice Romo señaló que no se puede “permitir la violencia hacía niñas y niños, desde este recinto exigimos a la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México la destitución inmediata del juez Manuel Alejandro Martínez por declarar absuelto a agresor de una menor de 4 años.”
En entrevista con #RomandíaEnElHeraldo, Victoria Figueiras, madre de la víctima, dijo que la citó el secretario técnico del Poder Judicial: “Nos reunimos en el juzgado de Atizapán a las 11 de la mañana (…)”. Se le informó que se iba a juzgar el actuar del juez a través de la contraloría del Poder Judicial: “Y ellos tomar las medidas correspondientes (…) que chequen la apelación (…) porque la revictimizó el juez, pasó por alto la declaración de mi hija”.
Pidió que se revise toda la carpeta del caso de abuso: “Desde el inicio hasta el fin, que puedan checar todas las irregularidades que ha habido y que de verdad presten atención a esta apelación, porque al final la verdad salió (…) el juez ya lo manifestó, el juez acepta que sí le cree a mi niña”.
La madre y el juez.
Cabe resaltar que por varias horas, Figueiras bloqueó Periférico Norte junto con otras activistas para exigir a la justicia mexicana la intervención en el caso.
Asimismo, en entrevista con medios de comunicación, Figueiras dijo que “lo único que se está pidiendo es que haya transparencia”. Señaló que la apelación se interpondrá esta semana.
En esa entrevista, Edna Edith Escalante Ramírez, consejera de la Judicatura, mencionó que el Poder Judicial tiene “el compromiso de escuchar a las víctimas, y en este caso como lo refirió la señora Victoria, se analizará de forma transparente, imparcial este asunto; la apelación será resuelta por un tribunal de alzada”.
Se comprometió a realizar las investigaciones correspondientes y al seguimiento del caso completo.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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