EMEEQUIS.– Mientras expertos de la ONU escalan casos de desapariciones, la presidenta Sheinbaum rechaza el informe y marca distancia; asegura que es lejano a la realidad actual del país.
La confrontación entre el gobierno mexicano y un comité internacional de derechos humanos continúa. Ahora, los expertos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas buscan llevar la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General y la presidenta Claudia Sheinbaum descalifica el informe por considerarlo parcial, metodológicamente débil y alejado de la realidad actual del país.
En su conferencia matutina de este 07 de abril, Sheinbaum buscó restar peso al órgano internacional al señalar que “es un comité de expertos” y no una instancia directa de la ONU, además de cuestionar el sustento del documento.
“Utilizan un análisis de 2009 a 2017 en cuatro estados para extrapolarlo hasta 2025. No tomaron en cuenta observaciones de la Secretaría de Gobernación ni de Relaciones Exteriores”, reclamó.
El detonante para esta respuesta fue la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada, que el pasado 2 de abril activó por primera vez el Artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas en el caso mexicano. El mecanismo abre la puerta para que el secretario general, António Guterres, remita la situación a la Asamblea General ante indicios de que este delito podría cometerse de manera generalizada o sistemática.
DOS VERSIONES EN DISPUTA
Para la presidenta, el informe mezcla fenómenos distintos bajo una misma categoría. Insistió en que la desaparición forzada corresponde a prácticas del Estado, como las ocurridas durante la llamada “guerra sucia”, cuando instituciones públicas participaron en la detención, tortura y desaparición de opositores políticos.
“Eso ya no ocurre en México”, afirmó.
En contraste, sostuvo que la mayoría de las desapariciones actuales están vinculadas a la delincuencia organizada: reclutamiento forzado, incorporación voluntaria a grupos criminales o rupturas familiares que derivan en la pérdida de contacto. “No es lo mismo”, subrayó.
El comité, sin embargo, plantea lo contrario. Su diagnóstico advierte que los patrones de desaparición persisten y no pueden limitarse al pasado. Con más de 132 mil personas desaparecidas en el país, considera que existen elementos suficientes para encender alertas internacionales. Y si bien no plantea que todas las desapariciones en méxico están involucradas con autoridades del Estado, si cuestiona la existencia de grupos armados que trabajan en colaboración, con el permiso u la omisión de dichas autoridades.
RESPUESTA DE LA ONU
El presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro mencionó que el desacuerdo del Estado mexicano en los resultados es legítimo, pero agregó que descalificar al comité “es cuestionable”.
También corrigió uno de los puntos centrales del discurso presidencial: “Sí somos parte de la ONU”, afirmó, al tiempo que llamó a mantener el respeto institucional.
Pese a la descalificación, Sheinbaum insistió en que su gobierno no se deslinda del problema. Reiteró que continuarán las acciones de búsqueda y coordinación con colectivos de familiares, uno de los sectores más críticos de la estrategia oficial.
“El rechazo al informe no significa que dejemos de trabajar”, aseguró, sin embargo madres buscadoras como Cecy Flores, nunca fueron atendidas en Palacio Nacional por la presidenta. Fue la propia activista quien con sus herramientas y recursos, logró encontrar el que podría ser el cuerpo de su hijo.
Además, adelantó que buscará diálogo directo con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, encabezada por Volker Türk, para exponer la postura mexicana y las acciones emprendidas desde 2019.
Por un lado, México acusa sesgo y omisiones; por el otro, los expertos sostienen que la crisis es vigente, estructural y merece atención global urgente. Además de ser respaldados por los colectivos mexicanos de familiares buscadores que confirman los resultados.
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