Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Pese a haber sido vinculada a proceso, Carlota “N” aún podría conseguir el resguardo en propio domicilio, prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
Este se diferencia del arraigo domiciliario en que el resguardo en propio domicilio se lleva a cabo después de la vinculación, según el artículo 155 del CNPP fracción XIII.
“A solicitud del Ministerio Público, o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. XIII: El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV: La prisión preventiva”.
Esto bajo el argumento de su avanzada edad y enfermedades como la diabetes.
Lo que dice el CNPP.
Esta tarde, la imputada y sus dos hijos, Eduardo y Mariana N, fueron llevados al penal de Chalco, acusados de crímenes diferentes. Carlota irá por homicidio calificado, mientras que sus hijos irán por tentativa de homicidio.
El 1 de abril de 2025, Carlota, una mujer de 73 años fue grabada accionando un arma contra dos hombres que presuntamente invadieron la casa de su hija Mariana en Chalco, Estado de México, lo que captó la atención pública.
#SabíasQue el juez puede imponer a la persona imputada el resguardo domiciliario, donde tendrá vigilancia permanente y ciertas restricciones como la prohibición de comunicarse al exterior con otras personas. pic.twitter.com/I1mfGgh8O1
El 9 de abril, mientras se llevaba a cabo la audiencia para determinar su situación jurídica en los juzgados del penal de Chalco, cientos de personas se congregaron a las afueras del Centro Penitenciario de Huitzilzingo. Con pancartas, porras y mensajes como “¡todos somos Carlota!” y “¡libertad para los tres!”, los manifestantes exigían justicia, argumentando que la mujer había actuado en defensa propia.
El apoyo popular creció rápidamente, acompañado por la viralización de imágenes, como la de una anciana vestida de Batman y un corrido que se popularizó tras el incidente.
El conflicto tuvo su origen días antes, el 27 de marzo, cuando Mariana, hija de Carlota, denunció ante la Fiscalía Regional de Chalco el despojo de su propiedad, alertada por vecinos. Al día siguiente, la familia acudió al inmueble para exigir la salida de los ocupantes, quienes se negaban a abandonar el lugar, alegando que habían pagado 90 mil pesos por la renta a un joven identificado como Justin.
Videos difundidos posteriormente mostraron los intentos de los hijos de Carlota, Eduardo y Mariana, por persuadir a los invasores, sin éxito. Las grabaciones también revelaron que Mariana había pagado durante una década un crédito ante el Fovissste, respaldando su derecho sobre la propiedad. A pesar de las advertencias de resolver el asunto “por las buenas o por las malas”, la situación escaló hasta el trágico desenlace del 1 de abril.
La defensa de Carlota y sus hijos, Eduardo y Mariana, argumentó legítima defensa, apoyándose en pruebas como un video y un audio grabados por la mujer antes de los hechos, donde se le escuchaba exigir a los ocupantes que abandonaran la casa, identificándose como la propietaria.
Sin embargo, el 4 de abril, tras una audiencia inicial de más de seis horas, una jueza de control dictó prisión preventiva justificada para los tres, basándose en pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado de México, incluyendo un video viral que mostraba a Carlota disparando a quemarropa. La Fiscalía calificó el crimen como premeditado, mientras la defensa solicitaba arraigo domiciliario para Carlota, considerando su avanzada edad y sus problemas de salud. El caso, que desató un intenso debate sobre la justicia y el derecho a la propiedad, mantuvo a la sociedad expectante mientras se resolvía la vinculación a proceso que finalmente se dio este jueves.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
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