Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Después de la presión mediática por el Caso Narvarte… ¿Ernestina se pone las pilas?
La fiscal capitalina Ernestina Godoy se comprometió con representantes de las víctimas del multihomicidio de Narvarte a indagar omisión de servidores públicos que retomaron el caso, así como culpables de filtraciones. Se dará seguimiento a la línea de investigación de Veracruz, donde originalmente se informó que hubo amenazas durante el gobierno de Javier Duarte.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.–El 31 de julio del 2015 el multihomicidio en la colonia Narvarte conmocionó a la sociedad capitalina y del país.
A siete años el caso no se ha esclarecido y las investigaciones hasta ahora han sido nulas, en la administración pasada y la actual.
Ante la presión mediática, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, promete a las familias de las víctimas cumplir con las exigencias ante las omisiones, estigmatización y filtraciones.
Por primera vez se está avanzando en la línea de investigación que vincula al gobierno que entonces ejercía Javier Duarte en Veracruz.
El pasado 30 de marzo, abogados y familiares de las víctimas ofrecieron una conferencia de prensa en la que expusieron avances en las investigaciones hechas por ellos mismos, tras haber obtenido el expediente en 22 tomos y el análisis de videos de cámaras de seguridad, con la finalidad de exponer detalles que las autoridades no han contemplado.
“Se va a indagar sobre la responsabilidad de servidores públicos que cometieron omisiones, que tuvieron evidencia y que provocaron filtraciones de información”, asegura en entrevista para EMEEQUISEdgardo Calderón, abogado de Artículo 19 y representante de los familiares del fotoperiodista Rubén Espinosa, una de las víctimas de los sucesos del 31 de julio de 2015.
El abogado informa que en la Fiscalía les dijeron que habrá seguimiento a la línea de investigación de Veracruz, pues originalmente se habló de amenazas del gobierno encabezado entonces por Javier Duarte.
SIN AVANCES
En dicha reunión, se realizaron exigencias muy puntuales a la fiscal, entre ellas están que las propias autoridades dejen de revictimizar a las víctimas con la criminalización y estigmatización que se ha dado gracias a filtraciones por parte de la autoridades a algunos medios, a lo que la fiscal, Ernestina Godoy se comprometió a cumplir con dichas exigencias.
Dichos acuerdos se realizaron luego de que las familias informaron en conferencia de prensa a finales de marzo, sobre los nuevos hallazgos obtenidos gracias a investigaciones independientes asesoradas y apoyadas por la ONG Artículo 19.
Posteriormente, sostuvieron una reunión con personal de Fiscalía para informar supuestos avances respecto al Caso Narvarte, sin embargo, no dieron ningún apunte relevante, ya que se basaron en datos obtenidos y presentados por las familias, lo cual causó indignación por parte de las también víctimas y sus representantes legales.
Tras la reunión, en un nuevo encuentro el día 7 de abril, las autoridades mostraron una mayor disposición para escuchar y aceptar los hallazgos gracias al expediente que obtuvieron las familias, obteniendo nuevos datos.
“Pasó lo que pocas veces, tomaron nota de todos los datos de investigación que hemos propuesto, se comprometieron a dar avance”, señaló Calderón en entrevista para Emeequis, además de que en aquel momento ya tenían programada la reunión con la Fiscal, Ernestina Godoy el 26 de abril.
“Esto no es sinónimo de que vaya haber un avance real (…) vamos a aprovechar esa reunión para (exponer) todas las omisiones que ha realizado la fiscalía en la investigación y de cómo han retomado los vicios y las malas prácticas de la procuraduría (…) y de las formas estigmatizantes que han sufrido las víctimas”, señalaba el abogado en ese primer momento, previo a la reunión con Ernestina Godoy.
Edgardo Calderón en conferencia el pasado 30 de marzo. Foto: Cuartoscuro.com.
NUEVA REUNIÓN: LÍNEA VERACRUZ
Sobre la reunión de este miércoles 26 de abril, Edgardo Calderón comenta: “Ahora sí tomaron nota, la fiscal de homicidios… y se comprometió a realizar todas las investigaciones en relación a estos datos (…) “Nos informó que ya estaban instruidos policías de investigación para indagar allá en Veracruz”, dijo el abogado, que aseguró que ninguna línea de investigación está descartada, particularmente, la “Línea Veracruz” es en la que menos se ha profundizado.
El 31 de julio del 2015, cinco personas fueron asesinadas en un departamento de la Colonia Narvarte. Las víctimas del múltiple homicidio y feminicidio fueron la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la modelo Mile Virginia Martin, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete.
Nadia y Rubén salieron de su natal Veracruz por diversas amenazas, acoso y persecución por parte del gobierno encabezado por Javier Duarte, ambos buscaron refugiarse en la Ciudad de México.
“Ante la presión de la reunión con la Fiscal (Godoy), sí mandó al Ministerio Público, y sí, allá hizo trabajo de investigación de primer contacto, nada conclusivo, pero si empezó a indagar sobre unos datos en fuentes abiertas”, señala el abogado Calderón, representante del fotoperiodista de veracruzano quien al igual que Nadia, salió de su natal Veracruz por diversas amenazas, acoso y persecución por parte del gobierno encabezado por Javier Duarte y se refugiaron en la Ciudad de México.
FISCAL GODOY
“El día de ayer (27 de abril) nos presentamos, la señora (Ernestina Godoy) sí asistió y nos permitió alterar el orden del día para que nosotros pudiéramos hablar antes (…). Se le presentó parte de los datos que ya hemos obtenido”, comparte Edgardo Calderón.
Los datos publicados se obtuvieron gracias a que las familias pudieron acceder a videos y un expediente de 22 tomos que pone en duda la versión oficial de la Fiscalía en tres puntos clave: el flujo de llamadas, omisión de llamar a declarar a una persona y la existencia de un Chevrolet Malibú tipo sedán color arena que acompaña a la camioneta en la que viajaban los tres implicados, además de la participación de dos personas más.
“(Godoy) les dio oportunidad a las familias de expresar su sentir, sus exigencias y las escuchó muy atentamente y sí hubo resultados, parte de las exigencias es precisamente que ya no se revictimice a las familias y se sensibilice esta parte de la Fiscalía que en ocasiones maltrató a las familias”, detalló el abogado de la ONG Artículo 19.
“Desde que se hizo público este año, las autoridades empezaron a mandar oficios, informes y demás (…) Teníamos temor de que después de esta reunión todo se apagara de nuevo, como en muchas otras ocasiones ha pasado”, refiere.
EXIGENCIAS
Otra de las exigencias es que se le pidió que existan nuevos peritajes, pero ya no a cargo de la Fiscalía (capitalina) sino de otras instituciones: “No confiábamos en los peritajes que hacía la propia Fiscalía, que fueran externos”. Señala también que Ernestina Godoy atendió las propuestas y exigencias, se comprometió a mantener reuniones con las familias de manera periódica.
“Se va a indagar sobre la responsabilidad de servidores públicos que cometieron omisiones, que tuvieron evidencia y que provocaron filtraciones de información”. Sobre los peritos dijo que Godoy habría aceptado que haya colaboración con instituciones federales, como la Fiscalía General de la República, Sedena, incluso Guardia Nacional.
También dijo que se establecieron mesas de trabajo para que los representantes y sus expertos estuvieran involucrados en este nuevo análisis.
“Las familias se apoderaron de la reunión, se expresaron y la Fiscal, (Ernestina) atendió a lo que las familias decían”, celebra. “A diferencia de otras reuniones en donde hemos estado insistiendo (…) las exigencias de las familias fueron, en el sentido de que ‘no menosprecies y minimices la importancia de los datos que yo te aporto, que nosotros te aportamos’”.
El próximo 15 de junio se reunirán de nuevo con la Fiscal Ernestina Godoy. Enmedio habrá mesas de trabajo con integrantes de la Fiscalía, peritos y policía de investigación, para dar seguimiento a las investigaciones del múltiple homicidio y feminicidio de la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa, la modelo Mile Virginia Martin, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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