Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, aclaró los tiempos para el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Foto: Cámara de Diputados.
EMEEQUIS.– El diputado morenista Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, aclaró que pronto se decidirá si se admite la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, por las acusaciones de intento de violación que pesan en su contra, y de darse el escenario de admitida, correría un plazo de dos meses para saber si procede.
“Aprovecho que ahorita hay más medios, vuelvo a pedir una disculpa, un boletín desafortunado, que yo no revisé, pero había un acuerdo de la sección instructora que también había votado el diputado Germán (Martínez). Era que todo iba a ser a través de comunicados de prensa. De repente, nos sorprendimos cuando la información empieza a llegar y yo estaba, por cierto, muy metido en la revisión ya de la carpeta.
“Un boletín desafortunado, les pido una disculpa, finalmente, desde mi punto de vista, el causante de esta desinformación, porque voló que se había desechado. No, no, votamos en contra de la propuesta de en ese mismo momento admitir un procedimiento que no había sido estudiado por tres de los cuatro, yo ya lo había estudiado. Todavía va a haber una sesión previa de la sección instructora.
“Vamos a seguir todo el procedimiento. Yo voy a seguir diciendo sin prisa, pero sin pausa. Vamos a ir procedimiento tras procedimiento. Apenas se les dio a conocer, ahora la próxima sesión va a ser para admitir o desechar.
“Si se admite, entonces a partir de ahí ya surtirá a cabo las notificaciones correspondientes y empezará el procedimiento correspondiente, que dura 60 días como máximo, por cierto, hábiles, como máximo”.
El 6 de marzo pasado se informó que la sección instructora de San Lázaro rechazó el iniciar el proceso para desaforar a Cuauhtémoc Blanco. Se informó entonces que por dos votos morenistas: el de Hugo Eric Flores y el de Adriana Belinda Quiroz, se desechaba la solicitud. A estos se sumó el del diputado del Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué.
El único que se opuso fue Germán Martínez, de Acción Nacional, quien dijo lo siguiente ante micrófonos: “Que se aclare Morena, está dividido, lo denuncio, que se aclare: ¿quieren o no quieren entrarle a revisar el expediente? No a culpabilizar a ningún compañero.
“Yo fui derrotado en admitir el asunto, ya, el día de hoy (…) (había elementos suficientes) para admitir (el caso) a estudio, que no es culparlo, soy un abogado y soy absolutamente estricto y presumo la inocencia de un compañero, pero también reviso un expediente con la perspectiva de género que reclaman las mujeres de cara al 8M”, dijo frente a reporteros en la Cámara de Diputados.
El nuevo fiscal de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, fue quien envió la solicitud de desafuero a San Lázaro, para que se pueda pudiera proceder contra Blanco por el presunto delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana.
Aunque el fiscal aclaró que este trámite lo había hecho en un principio el exfiscal Uriel Carmona Gándara, antes de que fuera destituido de forma exprés por el Congreso de su estado. El trámite habría empezado el 21 de febrero.
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
La defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, escaló a un choque frontal con la Fiscalía General de la República (FGR) al calificar de "ambiguo", "incongruente" y de "persecución política" el citatorio emitido contra la mandataria por la presunta presencia de agentes de la CIA en la entidad. Al acudir al Reclusorio Sur en la Ciudad de México —donde también se reactivó una vieja carpeta de investigación por presunto secuestro tras la impugnación de Javier Corral—, la defensa rechazó los señalamientos de Ulises Lara sobre una supuesta falta de colaboración, argumentando que el requerimiento carecía de claridad jurídica y que se violó el fuero constitucional de la gobernadora panista en medio de un entorno de alta presión política derivado de la reciente reforma judicial.
En una maratónica sesión que evidenció fracturas internas en Morena y desató acusaciones de "albazo" por parte de la oposición, el Congreso de la Unión aprobó un polémico paquete de reformas constitucionales en México que posterga la elección de jueces y magistrados a junio de 2028, abre la puerta para que los actuales integrantes del Tribunal Electoral se reelijan hasta por 18 años, e instituye la nulidad de elecciones por injerencia extranjera bajo una redacción vaga que fue abiertamente criticada por legisladores oficialistas como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar por vulnerar la certeza jurídica y evadir el verdadero impacto del crimen organizado en los procesos electorales
Activistas y periodistas denunciaron un largo historial de corrupción, opacidad y abusos de autoridad en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, evidenciando que el relevo de su titular no ha frenado la crisis institucional. De acuerdo con testimonios y datos de transparencia recopilados por EMEEQUIS, la dependencia enfrenta graves señalamientos que van desde extorsiones, anomalías en cateos y agresiones físicas a la prensa por parte del grupo táctico GERI, hasta una severa crisis forense marcada por el resguardo de casi mil cadáveres no identificados y la entrega errónea de cuerpos a las familias; una cadena de negligencias que tiene su punto más crítico en el asesinato de la menor Alana Pérez Almanza a manos de elementos ministeriales que operaban sin identificarse.
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