Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Cuarto intento: extraordinario forzado para ratificación de Ernestina
Mientras la propia Ernestina Godoy pide que se acelere la votación para su ratificación, queda la incógnita si le alcanzarán los votos. El 8 de enero sería la fecha clave saber si se queda o se va.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– La jerarquía morenista capitalina echó a andar su maquinaria para que el Congreso de la Ciudad de México aprobara con calzador un periodo extraordinario de sesiones a verificarse el lunes 8 de enero con el exclusivo propósito de que se defina la permanencia de Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
A petición expresa del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, la bancada morenista en Donceles impulsó una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura capitalina, en la que se aprobó convocar a un periodo extraordinario, pero sin la presencia de los representantes de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC.
La medida se habría tomado solamente con la presencia de Morena y la representación de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal APIL), de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APAC), la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas (APD), formaciones plurales que a pesar de sus escasos miembros han sido relevantes en las negociaciones de votaciones complicadas para el oficialismo.
La idea del sector oficialista, encabezado en la Ciudad de México por el jefe de Gobierno, Martín Batres ―quien ayer dio la instrucción a los diputados morenistas de impulsar la convocatoria al extraordinario―, es que Godoy Ramos tenga un escenario más favorable para que la prolongación de su poder sea ratificado, pues contaría con el aval de las mencionadas “asociaciones parlamentarias”, la cuales ya habrían “entrado en razón” para intentar armar la mayoría calificada necesaria. Es decir, necesita tres cuartas partes del quórum: 44 votos si están los 66 diputados. Pero si hay “repentinas” ausencias necesitaría incluso menos.
El acuerdo aún debe ser aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, pero presuntamente su tránsito ya “estaría planchado”.
No obstante, los diputados opositores siguen amenazando con una votación adversa a Godoy, quien se llevaría, amenazan, un nuevo revés.
LOS VOTOS DE LA DISCORDIA
De aprobarse en la Comisión Permanente, el extraordinario del 8 de enero sería el cuarto intento por aterrizar la votación sobre la ratificación o relevo de la fiscal Ernestina Godoy.
La primera fue el 28 de noviembre pasado, cuando no pudo llevarse a cabo por falta de quórum. Entonces, la Mesa Directiva convocó a una nueva sesión para el 30 de noviembre, pero nuevamente se tuvo que cancelar por ausentismo de los diputados.
Después, el 13 de diciembre, se quedó en suspenso la votación tras una sesión marcada por la impotencia del oficialismo. Después de seis horas de sesión dominadas por una participación masiva de oradores de Morena, llegó el límite de las 5 de la tarde que, de acuerdo con el reglamento del órgano legislativo, marca la posibilidad de votar los asuntos en discusión o cerrar la sesión y pasarlos a la siguiente.
Fue entonces cuando comenzaron las peticiones de los legisladores opositores de proceder a la votación del dictamen, entre coros y arengas que presionaban para que se abriera el tablero electrónico.
De modo que la presidenta del Congreso, Gabriela Salido Magos (PAN), sometió a la asamblea la alternativa de cerrar o continuar la sesión, y ganó la opción de terminarla, por 39 votos contra 28, no sin que antes los diputados opositores echaran en cara las “tácticas dilatorias”, “la diarrea verbal”, y las horas de “denostaciones a los adversarios” de los oficialistas que hicieron uso de la tribuna para evitar la votación del dictamen.
GODOY NEGÓ ESPIONAJE ILEGAL
La gestión de Ernestina Godoy en la FGJ ha quedado marcada por sus operaciones de espionaje contra dirigentes partidistas opositores e incluso oficialistas, que documentó el diario The New York Times.
El rotativo informó sobre la intervención de la Fiscalía en comunicaciones telefónicas de líderes panistas como el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, y la senadora Lilly Téllez. Pero también en las de funcionarios obradoristas, como Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte, colaboradores de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez (aunque el primero sólo lo fue unos meses, pues regresó al Senado), entre varios más.
NYT reportó que el personal de Godoy solicitó a la empresa de telefonía celular Telcel el historial de llamadas de los personajes espiados, y también accedió a la mensajería virtual.
Tras darse a conocer la contratación de equipos para espiar a opositores, el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, negó los hechos.
Aseguró que nunca solicitó a la empresa Telcel escuchas o datos de geolocalización de números telefónicos mencionados en el New York Times. “Es informacion falsa y sin sustento”, dijo Lara a principios de noviembre pasado.
¿Le alcanzará la votación? Mientras tanto, el 30 de diciembre, ella misma pidió en X que se acelere el proceso de votación: “Por este medio, les informo que he solicitado de manera respetuosa a la Mesa Directiva del @Congreso_CdMex, que se someta a votación del Pleno, lo más pronto posible, mi ratificación como Fiscal General de Justicia de la #CDMX en el periodo de 2024-2028”.
Y este miércoles por la tarde, Godoy se atribuyó el mérito del periodo extraordinario: “La Junta de Coordinación Política del @Congreso_CdMex, en respuesta a la petición que con respeto envié a la Presidenta de la Mesa Directiva convocó a la Comisión Permanente para el 5 de enero y Sesión Extraordinaria del Pleno; 8 de enero”, puso en X.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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