Claudia Anaya acusa: “Persiguen a opositores, no a los bancos que lavan dinero”

Claudia Anaya reclamó un trato disparejo.

EMEEQUIS.– En pleno debate legislativo sobre las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la senadora priista Claudia Anaya desató una dura crítica al advertir que la propuesta es más una herramienta de persecución política e intimidación a sectores vulnerables, que un verdadero combate al lavado de dinero.

Durante su intervención en tribuna, Anaya cuestionó severamente el artículo 17, fracción segunda, que endurece el control sobre depósitos en efectivo a tarjetas de crédito, tarjetas de prepago y honorarios. Para la legisladora zacatecana, estas modificaciones son una forma de criminalizar a trabajadores informales, asociaciones civiles, religiosas y pequeños negocios:

“Están bajando a un tercio el monto por el que se considera sospechoso. Si tú depositas 90 mil pesos en efectivo a tu tarjeta de crédito y eres una sociedad mercantil que no tiene actualizado el padrón de proveedores, eres sospechoso de lavado de dinero”, expuso.

Con 74 votos en favor, 13 en contra (PRI) y 19 abstenciones (PAN y MC) el pleno del Senado aprobó en lo general la reforma para combatir el lavado de dinero. En lo particular tuvo una ligera variación: 74 a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

Esta discusión legislativa sucede el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector, con posible lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo.

LA CEGUERA ANTE LOS “PECES GORDOS”

La senadora fue enfática: mientras la iniciativa oficialista endurece reglas para los ciudadanos de a pie, “nadie ve” los grandes movimientos financieros que sostienen al crimen organizado. Como ejemplo, recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunció públicamente a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por operar como engranajes clave del lavado de dinero para cárteles mexicanos, incluyendo el CJNG y el Cártel del Golfo.

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Anaya no dejó pasar que la Secretaría de Hacienda mexicana respondió alegando que “no vio nada”, y lanzó una crítica directa al exfuncionario Edgar Amador:

“¿Cómo va a ver si trabajaba en Vector, una de las instituciones señaladas por lavar dinero?”, cuestionó.

Vector, de acuerdo con reportes de EMEEQUIS, ha estado vinculada financieramente con Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO y figura cercana a la 4T. La senadora sugirió que este tipo de vínculos podrían estar frenando acciones reales contra los grandes operadores financieros del narcotráfico.

“UNA LEY PARA INTIMIDAR”

Claudia Anaya también encendió las alertas sobre el nuevo alcance del artículo 3, fracción 9 bis, que considera “personas políticamente expuestas” no sólo a servidores públicos, sino a cualquier persona relacionada con ellos, lo cual quedará sujeto a reglamentación de la Secretaría de Hacienda.

“¿A ustedes les parece que una ley que no es penal pero remite al Código Penal no se está extralimitando? Esto huele a persecución política”, denunció.

Anaya acusó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de usar el aparato del Estado para perseguir opositores y no a verdaderos criminales:

“La UIF no ve nada cuando se trata de los bancos que lavan dinero a los cárteles”.

“MÉXICO ES PARTE DEL NARCOGOBIERNO”

En un cierre contundente, Anaya sostuvo que la ley que se discute “es cosmética” y que México no está combatiendo al narco, sino que lo está encubriendo.

“México es parte del narco. Este es un narcogobierno y eso es una vergüenza”.

EL CONTEXTO DEL MOMENTO

Las advertencias de la senadora Claudia Anaya coinciden con las revelaciones recientes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó a tres instituciones financieras mexicanas como facilitadoras de operaciones de lavado de dinero para cárteles del narcotráfico, en especial en relación con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Las instituciones señaladas fueron:

• CIBanco,
  
• Intercam Banco, y
  
• Vector Casa de Bolsa,
  

las cuales —según el gobierno estadounidense— habrían procesado millones de dólares en transacciones ilícitas para organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva. Entre los señalamientos más delicados se encuentra el uso de estas instituciones para financiar la compra de precursores químicos desde China, esenciales para la producción de drogas sintéticas.

Estas acciones llevaron a la prohibición de operaciones en EE. UU. con dichas instituciones, conforme a las nuevas facultades otorgadas por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (FEND Off Fentanyl Act). Además, se documentó que uno de los funcionarios mexicanos mencionados por Anaya, Edgar Amador, fue directivo en Vector, una de las casas de bolsa señaladas por el FinCEN.

Este contexto fortalece las acusaciones de Anaya sobre una doble vara en el combate al lavado de dinero: mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) endurece la persecución contra sectores ciudadanos, las operaciones financieras de alto nivel ligadas al narcotráfico continúan sin consecuencias visibles en México.

@emeequis