El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a sus 93 fiscalías federales triplicar las acusaciones criminales contra políticos y funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico, instruyendo además que se les finquen cargos por apoyo al terrorismo. Según reveló The New York Times, la directriz emitida por el subprocurador Aakash Singh asume con indiferencia el conflicto diplomático o la molestia que esto cause al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando activamente la exposición de las redes de corrupción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un nuevo programa semanal de "Detector de Mentiras", el cual será coordinado por la titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, con el objetivo de ampliar el alcance de los desmentidos oficiales frente a la prensa nacional. Esta iniciativa, que operará por las tardes y busca contrarrestar notas de medios como Reforma, revive las críticas de organismos internacionales como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, que advierten sobre el uso de recursos públicos para la estigmatización de periodistas y medios críticos como EMEEQUIS, Latinus y The New York Times
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, enfrenta un proceso judicial en Nueva York tras ser detenido en Arizona el pasado 11 de mayo, pese a contar con un amparo en México para evitar su captura. La justicia estadounidense lo acusa de recibir sobornos de 100,000 dólares mensuales por parte de la facción de "Los Chapitos" a cambio de protección institucional, vinculándolo directamente en una red de corrupción que incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del conocimiento previo sobre el bloqueo de activos a Rubén Rocha Moya y sus allegados, calificando a la UIF como un órgano meramente técnico que goza de autonomía para actuar ante cualquier sospecha de corrupción. Al ser cuestionada sobre el Acuerdo 156/2026 y las acusaciones en Nueva York, la mandataria fue contundente al señalar que “si encuentra alguna irregularidad, pues procede”, comprometiéndose además a solicitar un informe detallado sobre la situación financiera y jurídica de los implicados en esta presunta red de protección institucional en Sinaloa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a sus 93 fiscalías federales triplicar las acusaciones criminales contra políticos y funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico, instruyendo además que se les finquen cargos por apoyo al terrorismo. Según reveló The New York Times, la directriz emitida por el subprocurador Aakash Singh asume con indiferencia el conflicto diplomático o la molestia que esto cause al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando activamente la exposición de las redes de corrupción
Gobierno de EU impulsa más casos de fiscalías contra políticos mexicanos ligados al narco: NYT
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a sus 93 fiscalías federales triplicar las acusaciones criminales contra políticos y funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico, instruyendo además que se les finquen cargos por apoyo al terrorismo. Según reveló The New York Times, la directriz emitida por el subprocurador Aakash Singh asume con indiferencia el conflicto diplomático o la molestia que esto cause al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando activamente la exposición de las redes de corrupción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a sus 93 fiscalías federales triplicar las acusaciones criminales contra políticos y funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico, instruyendo además que se les finquen cargos por apoyo al terrorismo. Según reveló The New York Times, la directriz emitida por el subprocurador Aakash Singh asume con indiferencia el conflicto diplomático o la molestia que esto cause al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando activamente la exposición de las redes de corrupción
EMEEQUIS.– El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emitido una directriz sin precedentes que promete dinamitar la relación bilateral con México. De acuerdo con una revelación del diario The New York Times, la administración estadounidense ordenó a todas las fiscalías federales del país triplicar los expedientes y procesos penales en contra de funcionarios y políticos mexicanos bajo la sospecha de colaborar con el crimen organizado.
La estrategia norteamericana no solo busca encarcelar a los operadores políticos, sino dar un giro radical en materia penal al exigir que se les finquen cargos formalizados por terrorismo.
La instrucción fue transmitida de manera interna por el subprocurador General Adjunto de EE. UU., Aakash Singh, durante una conferencia telefónica que sostuvo con los 93 fiscales federales distribuidos en el territorio estadounidense.
Según los reportes del rotativo neoyorquino, a la cúpula judicial de Washington le tiene sin cuidado la previsible ruptura diplomática o el malestar que este despliegue pueda generar en el Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando una política de tolerancia cero frente a la colusión institucional con el narcotráfico.
LA SENTENCIA DE WASHINGTON: “NO PUEDO PENSAR EN NADA QUE ME IMPORTE MENOS”
El discurso interno de la Fiscalía estadounidense devela una postura hostil y punitiva. “Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”, sentenció de forma categórica Singh ante los fiscales de distrito, marcando una narrativa en la que las autoridades mexicanas coludidas pasan de ser cómplices de conspiración a facilitadores del terrorismo internacional.
Ante las advertencias sobre el severo choque geopolítico que implicará esta cacería judicial, la postura de Singh reflejó el sentir de la Casa Blanca: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”.
Las declaraciones confirman que el Departamento de Justicia planea utilizar la exposición pública y el escarnio judicial como herramientas de presión política.
EL ANTECEDENTE ROCHA MOYA Y LA DOCTRINA TRUMP DE TERRORISMO
Este endurecimiento de la estrategia legal tiene un espejo inmediato en la crisis de Sinaloa. Apenas el pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York asestó un golpe directo al corazón político del pacífico al fincar cargos por narcotráfico y delitos de armas de fuego en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y excolaboradores estatales.
No obstante, aquel expediente inicial dejó fuera la tipificación de terrorismo, un beneficio procesal que, tras la nueva orden de Washington, dejará de aplicarse para los próximos políticos imputados.
El marco jurídico que permite esta ofensiva se consolidó en febrero de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump clasificó formalmente al Cártel de Sinaloa y a otras cinco corporaciones criminales de México bajo el estatus de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Desde ese decreto, el Poder Judicial estadounidense ha comenzado a encuadrar penalmente las acciones de los operadores de la droga —y de las estructuras políticas que les brindan blindaje— bajo las leyes antiterroristas, las cuales anulan beneficios bajo fianzas y elevan las condenas de manera drástica.
PUNTOS CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN
Ofensiva judicial: El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó formalmente triplicar las investigaciones y acusaciones contra la clase política mexicana vinculada al narco.
Giro punitivo: Los nuevos expedientes no se limitarán a cargos por conspiración de drogas, sino que imputarán el delito federal de apoyo al terrorismo.
Ruptura diplomática asumida: Washington admitió de forma interna que no le importa la indignación o molestia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la andanada de capturas.
La doctrina antiterrorista: La estrategia se fundamenta en el decreto de febrero de 2025 emitido por Donald Trump, que catalogó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.
Presión sobre Sinaloa: El nuevo mandato federal llega a escasas semanas de que se abriera el proceso en Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve de sus funcionarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a sus 93 fiscalías federales triplicar las acusaciones criminales contra políticos y funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico, instruyendo además que se les finquen cargos por apoyo al terrorismo. Según reveló The New York Times, la directriz emitida por el subprocurador Aakash Singh asume con indiferencia el conflicto diplomático o la molestia que esto cause al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando activamente la exposición de las redes de corrupción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un nuevo programa semanal de "Detector de Mentiras", el cual será coordinado por la titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, con el objetivo de ampliar el alcance de los desmentidos oficiales frente a la prensa nacional. Esta iniciativa, que operará por las tardes y busca contrarrestar notas de medios como Reforma, revive las críticas de organismos internacionales como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, que advierten sobre el uso de recursos públicos para la estigmatización de periodistas y medios críticos como EMEEQUIS, Latinus y The New York Times
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, enfrenta un proceso judicial en Nueva York tras ser detenido en Arizona el pasado 11 de mayo, pese a contar con un amparo en México para evitar su captura. La justicia estadounidense lo acusa de recibir sobornos de 100,000 dólares mensuales por parte de la facción de "Los Chapitos" a cambio de protección institucional, vinculándolo directamente en una red de corrupción que incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del conocimiento previo sobre el bloqueo de activos a Rubén Rocha Moya y sus allegados, calificando a la UIF como un órgano meramente técnico que goza de autonomía para actuar ante cualquier sospecha de corrupción. Al ser cuestionada sobre el Acuerdo 156/2026 y las acusaciones en Nueva York, la mandataria fue contundente al señalar que “si encuentra alguna irregularidad, pues procede”, comprometiéndose además a solicitar un informe detallado sobre la situación financiera y jurídica de los implicados en esta presunta red de protección institucional en Sinaloa
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