Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se sintió con claridad en la Ciudad de México la tarde de este viernes 5 de junio, provocando desalojos espontáneos en diversas demarcaciones ante el absoluto silencio de los altavoces del C5. Tras el descontento ciudadano por la falta de activación de la alerta sísmica, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que el sistema no se detonó debido a que el movimiento ocurrió a más de 300 kilómetros de la capital y no superó el umbral de magnitud 6.0; en tanto, dependencias locales encabezadas por el secretario de seguridad, Pablo Vázquez, y el director del Metro, Adrián Rubalcava, reportaron saldo blanco y la operación normal de la infraestructura tras la ejecución inmediata de los protocolos de revisión
Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
Gobierno de EU impulsa más casos de fiscalías contra políticos mexicanos ligados al narco: NYT
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a sus 93 fiscalías federales triplicar las acusaciones criminales contra políticos y funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico, instruyendo además que se les finquen cargos por apoyo al terrorismo. Según reveló The New York Times, la directriz emitida por el subprocurador Aakash Singh asume con indiferencia el conflicto diplomático o la molestia que esto cause al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando activamente la exposición de las redes de corrupción
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
EMEEQUIS.– El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha emitido una directriz sin precedentes que promete dinamitar la relación bilateral con México. De acuerdo con una revelación del diario The New York Times, la administración estadounidense ordenó a todas las fiscalías federales del país triplicar los expedientes y procesos penales en contra de funcionarios y políticos mexicanos bajo la sospecha de colaborar con el crimen organizado.
La estrategia norteamericana no solo busca encarcelar a los operadores políticos, sino dar un giro radical en materia penal al exigir que se les finquen cargos formalizados por terrorismo.
La instrucción fue transmitida de manera interna por el subprocurador General Adjunto de EE. UU., Aakash Singh, durante una conferencia telefónica que sostuvo con los 93 fiscales federales distribuidos en el territorio estadounidense.
Según los reportes del rotativo neoyorquino, a la cúpula judicial de Washington le tiene sin cuidado la previsible ruptura diplomática o el malestar que este despliegue pueda generar en el Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando una política de tolerancia cero frente a la colusión institucional con el narcotráfico.
LA SENTENCIA DE WASHINGTON: “NO PUEDO PENSAR EN NADA QUE ME IMPORTE MENOS”
El discurso interno de la Fiscalía estadounidense devela una postura hostil y punitiva. “Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”, sentenció de forma categórica Singh ante los fiscales de distrito, marcando una narrativa en la que las autoridades mexicanas coludidas pasan de ser cómplices de conspiración a facilitadores del terrorismo internacional.
Ante las advertencias sobre el severo choque geopolítico que implicará esta cacería judicial, la postura de Singh reflejó el sentir de la Casa Blanca: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”.
Las declaraciones confirman que el Departamento de Justicia planea utilizar la exposición pública y el escarnio judicial como herramientas de presión política.
EL ANTECEDENTE ROCHA MOYA Y LA DOCTRINA TRUMP DE TERRORISMO
Este endurecimiento de la estrategia legal tiene un espejo inmediato en la crisis de Sinaloa. Apenas el pasado 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York asestó un golpe directo al corazón político del pacífico al fincar cargos por narcotráfico y delitos de armas de fuego en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y excolaboradores estatales.
No obstante, aquel expediente inicial dejó fuera la tipificación de terrorismo, un beneficio procesal que, tras la nueva orden de Washington, dejará de aplicarse para los próximos políticos imputados.
El marco jurídico que permite esta ofensiva se consolidó en febrero de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump clasificó formalmente al Cártel de Sinaloa y a otras cinco corporaciones criminales de México bajo el estatus de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Desde ese decreto, el Poder Judicial estadounidense ha comenzado a encuadrar penalmente las acciones de los operadores de la droga —y de las estructuras políticas que les brindan blindaje— bajo las leyes antiterroristas, las cuales anulan beneficios bajo fianzas y elevan las condenas de manera drástica.
PUNTOS CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN
Ofensiva judicial: El Departamento de Justicia de EE. UU. ordenó formalmente triplicar las investigaciones y acusaciones contra la clase política mexicana vinculada al narco.
Giro punitivo: Los nuevos expedientes no se limitarán a cargos por conspiración de drogas, sino que imputarán el delito federal de apoyo al terrorismo.
Ruptura diplomática asumida: Washington admitió de forma interna que no le importa la indignación o molestia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la andanada de capturas.
La doctrina antiterrorista: La estrategia se fundamenta en el decreto de febrero de 2025 emitido por Donald Trump, que catalogó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.
Presión sobre Sinaloa: El nuevo mandato federal llega a escasas semanas de que se abriera el proceso en Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve de sus funcionarios.
Jorge Romero, Marko Cortés y otros evitan condenar los hechos de violencia en los que participó el alcalde de Metepec, Fernando Flores. El PAN estatal saca comunicado en el que pide no emitir "juicios anticipados". El presidente se disculpa... con un saco de 50 mil pesos.
El secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Nanchital, Veracruz, desnudó una vez más la extrema vulnerabilidad de la prensa local en México, un sector que hoy se encuentra atrapado bajo la doble pinza del crimen organizado y el hostigamiento judicial de los gobiernos estatales. Mientras la Fiscalía de Veracruz reporta el rastreo de rutas de búsqueda y la presidenta Claudia Sheinbaum promete coordinación federal tras ser increpada por la madre de la comunicadora en Coatzacoalcos, organizaciones internacionales como ARTICLE 19 y CPJ alertan que este caso no es aislado; por el contrario, se suma a un historial de 32 comunicadores asesinados en la entidad y coincide con una preocupante escalada de persecución penal contra el periodismo crítico en estados como San Luis Potosí, Puebla y Campeche, demostrando que sin la protección de las voces regionales la impunidad gana terreno frente al silencio informativo
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Bajo la persistente lluvia de Coatzacoalcos, la dolorosa realidad de la violencia contra la prensa interrumpió la gira presidencial cuando Rubicelia Hernández, madre de la periodista secuestrada Roxana Berenice Guzmán, logró llegar hasta la ventanilla del vehículo de Claudia Sheinbaum para suplicarle, entre lágrimas, que le devuelva a su hija con vida. En un emotivo instante que congeló el bullicio de los simpatizantes, la mandataria federal sostuvo las manos de la desesperada mujer y le pidió mantener la calma con la promesa de que la directora de Pulso Informativo del Sureste "va a aparecer", mientras a nivel institucional la Fiscalía del Estado, encabezada por Lizbeth Jiménez, enfoca sus esfuerzos tecnológicos en rastrear el vehículo con placas clonadas y analizar la grabación que la propia comunicadora logró activar segundos antes de ser privada de su libertad
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