CIDH revela impunidad y miedo en desapariciones: gobierno defiende estrategia

“En términos de identificación humana, los esfuerzos son aún insuficientes en comparación con la magnitud del problema”. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) soltó una bomba con su nuevo informe sobre la desaparición de personas en México, en el que señala explícitamente la “insuficiente respuesta estatal” en la búsqueda de personas no localizadas.  

“En materia de búsqueda, ante la insuficiente respuesta estatal, la CIDH valora el impulso de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos y su exigencia de justicia. Se requiere mejorar las modalidades de protección que brinda el Estado a las personas buscadoras dadas las persistentes situaciones de riesgo y violencia que enfrentan”, explica el texto. 

Según el informe, la desaparición en México es generalizada, y las cifras se cuentan por decenas de miles: “Ocurre en diversas regiones del amplio territorio mexicano. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), a la fecha de aprobación del presente informe, existen más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Asimismo, estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000. Estas cifras reflejan la magnitud de la grave situación de la desaparición de personas y las dificultades estructurales para erradicar esta práctica y conducir de manera eficaz la búsqueda y los procesos de identificación humana”. 

Otro dato relevante es el reconocimiento a que el universo de personas desaparecidas agrupa “una multiplicidad de perfiles, entre los que se incluyen niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; destacando la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado”. Es decir, varios canales asociados al crimen organizado y en el contexto de grandes escándalos mediáticos para el gobierno, como el Rancho Izaguirre. 

“Incluye también a personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas desaparecidos por el ejercicio de su labor informativa y personas defensoras de derechos humanos que son desaparecidas por buscar a sus familiares desaparecidos o por proteger o denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente”, explica el texto. 

No obstante, el informe reconoce que “en algunos ámbitos como el de la búsqueda, se han desarrollado capacidades institucionales significativas, en otros persisten desafíos relevantes especialmente en materia de prevención, acceso a la justicia y políticas de memoria”. 

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Aún así: “En términos de identificación humana, los esfuerzos son aún insuficientes en comparación con la magnitud del problema. Las iniciativas implementadas hasta el momento, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense o el Centro Nacional de Identificación Humana, han tenido una efectividad muy limitada. En la actualidad, se requiere el fortalecimiento de los centros de identificación humana para mejorar su funcionamiento que incluya la aplicación del enfoque masivo de identificaciones”. 

El gobierno mexicano, por su parte, omitió destacar en su comunicación sobre la presentación del informe las cifras dadas por la CIDH, pese a que Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, se encontraba en la conferencia de prensa donde se dieron a conocer los resultados, y al lado de Tania Reneaum Panszi, actual secretaria ejecutiva de la CIDH.

“Altas autoridades de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores recibieron con respeto institucional el informe”, expresó el comunicado del gobierno federal sobre el informe. 

Durante la conferencia, Medina Padilla defendió la estrategia del gobierno: “Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración”. 

Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para México, expresó sin embargo: “La desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos en México, porque es generalizada, indiscriminada y continúa ocurriendo por los altos niveles de impunidad”. 

“Estamos ante un desafío en cuanto a su eficacia (la de las autoridades mexicanas): la desaparición de personas es un fenómeno en el que han cambiado móviles y perpetradores; su gravedad y crueldad se mantienen”, agregó.