Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
Ayotzinapa: la jueza que los apresó, ahora libera a 8 militares
La misma jueza que liberó las órdenes de aprehensión, ahora dictaminó libertad provisional para ocho militares que estaban en una prisión militar acusados de desaparición forzada por los hechos de Ayotzinapa.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
EMEEQUIS.– Una jueza federal ordenó dejar en libertad provisional a ocho militares que estaban presos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y les fijó el pago de una garantía de 50 mil pesos, además de otras medidas cautelares.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito en Proceso Penales Federales de Toluca, Estado de México, ordenó liberar a los elementos Gustavo R, Omar T, Juan Andrés F, Ramiro M, Roberto S, Eloy E, Uri R y Juan S, quienes llevarán en libertad su proceso por el delito de desaparición forzada imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, Duarte Cedillo impuso medidas cautelares, como el pago de una garantía económica de 50 mil pesos, la firma periódica del libro de procesados y la entrega de sus pasaportes para evitar que salgan del país.
Los militares antes citados están recluidos desde junio pasado en la prisión del Campo Militar 1-A.
LA MISMA JUEZA QUE LOS APRESÓ
El pasado 20 de diciembre, la misma jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo confirmó la prisión preventiva en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes, luego de sostener que el delito de desaparición forzada que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó implicaba la prisión preventiva en automático.
El 21 de junio pasado, la jueza Duarte liberó 16 órdenes de aprehensión contra militares por delitos como desaparición forzada y delincuencia organizada en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos entre el 26 de y el 27 de septiembre de 2014.
Ese mismo día se dictó auto de formal prisión contra los ocho militares, que ahora podrán enfrentar las investigaciones en su contra fuera de la cárcel, gracias a la liberación ordenada por la misma jueza que los apresó.
El 11 de enero, padres de los 43 normalistas acusaron al gobierno del presidente López Obrador de dividirlos. Además, afirmaron que no se han entregado 800 folios donde viene información importante para saber qué ocurrió con los estudiantes.
“Señor presidente no nos niegue el derecho de saber dónde están nuestros hijos. ya que ustedes mismos, sus dependencias policiacas y el Ejército son culpables”, mencionó Mario González, parte del colectivo de padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero.
En la mañanera de ese día, López Obrador dijo que es mentira lo de la información faltante. “Durante mucho tiempo plantean que no se les daba información. Yo di instrucciones al secretario de la Defensa de que entregara toda la información y se entregó y gracias a esa información se logró avanzar en la investigación, pero de repente aparece de que hacían falta unos folios y que necesitaban esos folios, entonces le pido al secretario que se entregue todo (…) entonces le solicito a la Fiscalía lo que supuestamente hacen falta, por escrito me mandan a decir que ya no hay, que son esas”.
De acuerdo con López Obrador, el gobierno ha proporcionado toda la información que tienen sobre el caso Ayotzinapa y agregó que los expertos del GIEI ya no pueden regresar a México porque “ya no les tengo yo confianza”.
Fuerzas federales y estatales aseguraron un arsenal en San Luis Río Colorado, Sonora, tras la ejecución de un cateo coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo. Durante la incursión se incautaron 81 armas largas —incluidas cuatro ametralladoras de alto poder—, 128 cargadores, más de 274 mil cartuchos útiles, un inmueble y una camioneta Jeep Grand Cherokee 2025 con reporte de robo. La acción interinstitucional (FGR, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, PESP, AMIC y Mando Único) representa un golpe contundente a la capacidad operativa y de fuego de los grupos criminales en la frontera norte del estado.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó tener participación en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva y descartó solicitar licencia al cargo, en medio de severos cuestionamientos por la estigmatización y desprotección que enfrenta la prensa local. Tras la ejecución del comunicador en San Pablo Etla, la crisis de violencia escaló con amenazas de muerte dirigidas al corresponsal de Proceso, Pedro Matías, quien responsabilizó al discurso hostil emitido desde el gobierno estatal. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de cuatro presuntos implicados y el aseguramiento de vehículos e indicios clave, enfrentando la exigencia social y gremial de dar con los autores intelectuales del crimen
Siete periodistas asesinados en siete meses: la ejecución de Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca reafirma un patrón crítico en México donde las denuncias contra el poder político anteceden al crimen. Horas antes de su muerte, Leyva responsabilizó al gobernador Salomón Jara y a su entorno por la inseguridad y presuntos actos de extorsión, sumándose a los casos de Puebla y Veracruz. Con la impunidad en estos delitos superando el 90%, el texto advierte que cuando las sospechas rozan al poder público y las fiscalías no entregan resultados independientes, no solo se silencia la libertad de prensa, sino que se destruye la confianza en la democracia
Oposición en el Congreso acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de incurrir en una omisión deliberada y dejar a México "sin árbitro" tras postergar, por segunda ocasión, los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña rumbo a 2027. Legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que la falta de reglas claras destruye la equidad de la contienda y abre la puerta al despliegue de recursos de origen opaco en favor del oficialismo. En sus reclamos, las bancadas opositoras recriminaron al organismo electoral comportarse como la "barra brava" de Morena y otorgarle un trato de permisividad absoluta que valida el proselitismo adelantado al margen de la ley
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