La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
Avances en Coahuayana: CJNG activó la explosión a distancia
Se han ubicado los rostros de quienes habrían detonado la bomba mediante un dispositivo a distancia, dice el fiscal Torres Piña, quien confirma que el CJNG está detrás de los hechos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
El fiscal estuvo con diputados locales. Foto: Diputado Juan Pablo Celis.
EMEEQUIS.– El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer avances en torno a la investigación de la bomba que estalló en Coahuayana el pasado 6 de diciembre: la detonación habría sido activada a distancia por otros individuos de los que incluso se tienen señas y el CJNG estaría detrás de los hechos.
“Hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho que se tuvo, y estamos trabajando con el personal de Colima y con instancias federales para que nos puedan ayudar. Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana este tipo de hecho o agresión como tal”, manifestó.
“El dueño original de la camioneta (una Dakota negra de la que surgieron videos) la vendió, lo informó cuando se le entrevistó. Es una persona de Coahuayana, esa camioneta fue vendida meses anteriores… y ya tenemos ubicados a los otros personajes, de los otros vehículos…”, dijo el fiscal Torres Piña.
🔴 La FGE reveló nuevos avances sobre el coche bomba en Coahuayana: el fiscal Carlos Torres Piña informó que la camioneta había sido vendida meses antes del atentado y que ya hay otras personas identificadas; la investigación continúa. 📹 Omar Ángel | El Sol de Morelia pic.twitter.com/y290KOovRw
Dijo que ya se tienen ubicadas a personas que hicieron movimientos previos a la explosión, así como individuos de otros vehículos participantes. “Es parte de la colaboración que vamos a pedir al estado de Colima a través de las instancias federales”.
Al concluir la entrega a diputados del Plan de Persecución del Delito a diputados locales, el fiscal señaló que las investigaciones ya permitieron ubicar los rostros de quienes accionaron el artefacto a larga distancia, así como establecer la posible dinámica del ataque.
A pesar de la detonación remota, enfatizó que no se trata de narcoterrorismo, ya que el objetivo fue una institución de seguridad, la policía comunitaria, y no la población civil.
Tras la explosión de Coahuayana van 10 muertos, entre los cuales, se supo casi al inicio, estaban los dos tripulantes de la camioneta Dakota negra que cargaba los explosivos que, ahora se sabe, fueron detonados a distancia.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
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